La opinión pública se mantiene dividida por temas como la citación (y probablemente, interpelación) a la canciller Sandra Jovel; el papel del comisionado Iván Velásquez; una aplicación de la justicia que puede estar parcializada y la mediatización de los procesos judiciales.
Aunque quienes avalan la labor de Velásquez aseguran que no se trata de una confrontación ideológica, el grupo de ciudadanos que cuestiona al comisionado asegura que el problema de fondo es la ideología.
Para conocer cómo piensa cada uno de estos sectores, Perspectiva habló con el diputado Enrique Álvarez, cabeza del frente parlamentario que citó a Jovel, y Raúl Falla, abogado y directivo de la Fundación contra el Terrorismo.
“Es histórico que el Estado es visto como botín de los grupos de poder”
Enrique Álvarez, diputado del Frente Transparencia
- ¿El gobierno pretende modificar el mandato de la CICIG?
Una ayuda de memoria presuntamente de la Cancillería, describe en detalle lo que se habló en esa reunión. Abunda en detalles, algunos confirmados. Ahí se habla de las violaciones contra los derechos humanos de los detenidos, del acoso a los jueces, la mediatización de la justicia, habla de que la CICG está polarizando al país. Estas son muchas de las cosas fueron dichas por la ministra en la citación.
Nos han asegurado que el documento es verídico. Que es lo que se habló en la reunión de la ONU. La ministra no lo ratifica ni lo niega.
La filtración de documentos no es cosa nueva, en Estados Unidos hasta sirvió para la renuncia de Nixon. Lo que me parece condenable es que se filtren documentos apócrifos, con el fin de dañar a una institución o persona. Pero los medios electrónicos han facilitado niveles de intercambio de información que antes eran impensables.
No veo un escenario en el que Iván Velásquez sea retirado por la ONU, que ha reconocido públicamente el trabajo de la comisión. Incluso Estados Unidos, uno de los países que más contribuye con la CICIG, tiene un acuerdo inter partidario. Demócratas y republicanos apoyan la CICIG, la lucha contra la impunidad y a Iván Velásquez. Parece que los esfuerzos para su retiro serán vanos.
- ¿Existe complicidad o colusión entre la CICIG y algunos medios de comunicación?
Hay que valorar la responsabilidad con la que la prensa utiliza la información pero la censura no debe darse jamás. Siempre es mala idea limitar el libre acceso a la información.
Estoy de acuerdo en que la exposición de personas que no han sido condenadas no es deseable. Pero esto debe ser para todos los casos, no solo para quienes están siendo acusados ahora y no solo casos de corrupción.
Se ven abusos en ese tipo de exposiciones, por ejemplo fotos de gente a la que se señala de pertenecer a las maras, que aparecen hincados, algunos hasta cuando están siendo vejados, golpeados. En ese sentido, sí se estimula el morbo. Y es negativo que algunas personas quieren venganza, más que justicia.
- ¿Y entre la UNE y la CICIG?
Este escenario de dualidad entre la CICIG o el MP dirigen las acusaciones a cierto sector es una construcción basada en argumentos que únicamente buscan oponerse a la lucha anticorrupción, porque tienen poder o una capacidad económica notable.
Lo que pasó con la UNE es que Colom se reconoció como socialdemócrata y generó una enorme cantidad de rencores. La captura del ex presidente Colom y su gabinete es una evidencia de que la justicia se imparte cuando hay delitos. No tiene ideología.
Me parece lamentable que se haya desperdiciado la oportunidad de construir un sistema de transporte que los habitantes de la ciudad merecen. Los vicios del programa de Transurbano fueron denunciados hace tiempo. Buses sobrevalorados, entre otros.
Hay mucha sensibilidad sobre los tiempos, pero para presentar una acusación sólida, el MP trata de tener la mayor cantidad de datos posible. Según la explicación de la Fiscal General, fue todo un proceso obtener datos bancarios. Hagan lo que hagan la CICIG-MP, van a recibir críticas de quienes se oponen. No me parece que pueda ser un indicador, porque lo que se expresa es la defensa de intereses de personas o grupos con poder.
- Cree que la confrontación sigue siendo ideológica?
No hay ninguna razón para afirmar que la lucha contra la corrupción tiene ideología. Hay corruptos de izquierda y derecha. En Guatemala hemos tenido una enorme mayoría de gobiernos de derecha
- Qué significado tiene la elección del nuevo Fiscal General?
Desde mi perspectiva se está promoviendo un escenario en el cual Iván Velásquez salga del país y se nombre al frente del MP a una persona que no esté comprometida con la lucha contra la corrupción.
Esto beneficiaría a todos los que están procesados desde hace casi tres años. Es una intencionalidad y puede haber un retroceso si se nombra a una persona que no esté comprometida tan decididamente como lo han estado, primero Claudia Paz y Paz, y ahora, Thelma Aldana, en la lucha por desmantelar estos aparatos que han puesto al Estado en una situación casi de estado fallido.
Eso podría pasar. También puede pasar que aunque se elija a una persona sin un compromiso expreso con estas luchas, el entorno lo obligue a actuar en favor de la justicia.
El estado de Guatemala nació con el estigma de haber sido diseñado para grupos poderosos. Históricamente se ha marginado a la mayoría de la población, en particular a los pueblos originarios. El Estado visto como instrumento de grupos de poder es histórico.
Lo que se puede constatar ahora es que los niveles de corrupción actual son demenciales. Se han malgastado miles de millones de quetzales en un país que, a pesar de tener la economía más grande de América Central, tiene más del 60 por ciento de población en la pobreza.
No tiene ningún sentido que un país con niveles de desigualdad aberrantes. Un indicador de esto es que Guatemala es el país que tiene más helicópteros privados. A esto se agrega el limitadísimo alcance de la educación, la falta de cobertura en salud. Todo esto es resultado de la corrupción y por ello es tan relevante que el próximo fiscal general cumpla con su papel.
“La confrontación ideológica no terminó con la firma de la paz”
Raúl Falla, directivo de la Fundación contra el Terrorismo
- ¿El gobierno pretende modificar el mandato de la CICIG?
En este momento, el gobierno está asumiendo una postura derivada de ciertos aspectos relacionados con la gestión de Iván Velásquez, muy incompleta en aspectos como el judicial, jurídico y constitucional.
Raramente se otorgan medidas para sustituir a la prisión preventiva. A los acusados se les trata como criminales de alto impacto. Algunos llevan más de cuatro años en prisión preventiva, que según la ley no debería superar los tres meses.
Se les olvida que hacer justicia no es solamente encarcelar a presuntos culpables. Un ejemplo es el del hijo del Presidente, un joven de 19 años que no cometió dolo pero cuyo delito fue tipificado por un juez de alto impacto, mientras al grupo del ex presidente Álvaro Colom se le tipificó un delito administrativo. Todo esto por la injerencia del comisionado en la aplicación de las leyes.
Otro momento en el que Velásquez ha extralimitado sus funciones es cuando acudió al Congreso para presionar a los diputados a votar a favor de las reformas constitucionales. Acudió acompañado por el entonces embajador estadounidense y los legisladores fueron amenazados de perder las visas estadounidenses si no aprobaban ese paquete de leyes.
- ¿Existe complicidad o colusión entre la CICIG y algunos medios de comunicación?
Se han mediatizado muchos casos y los presuntos culpables son exhibidos ante la opinión pública como si fueran culpables vencidos en juicio. Se les nombra “jefe de una red criminal”, por ejemplo, sin que siquiera hayan iniciado los procesos.
Esto ejerce una influencia indebida en la opinión pública. Claramente existe complicidad entre los medios y la CICIG, probablemente porque algunos informativos tienen serios problemas fiscales y al favorecer la imagen de ciertos funcionarios pretenden logar impunidad. Velásquez ha venido a violentar la soberanía del país en varios campos.
- ¿Y entre la UNE y la CICIG?
Transurbano fue un caso de corrupción muy sonado que pasó nueve años impune. Algo parecido puede decirse del caso Sigma, el dragado de Champerico y otros hechos de corrupción que salpican a la UNE.
Como fundación, no pensamos que Transurbano llegue a ser un ejemplo de aplicación de la justicia. Falta Sandra Torres, que fue la artífice, aunque no fuera funcionaria. Tampoco el hijo del presidente actual es funcionario.
Los acusados de la UNE no fueron llevados ante un juez de impacto. Se olvidó que están implicados en una situación dolosa. Probablemente les otorguen medidas sustitutivas.
- Cree que la confrontación sigue siendo ideológica?
Pues claro. La confrontación ideológica no terminó con la firma de la paz. Hay 73 miembros del Ejército en prisión por hechos relacionados con el conflicto y solamente un guerrillero, cuyo grado sería el equivalente al de un recluta mientras el que era su jefe ha trabajado con el Estado.
Si realmente siguieran la línea de mando, ese ex “comandante” estaría preso, junto con los otros ex dirigentes de la guerrilla. Actualmente, muchos de los grupos que apoyan la gestión de Velásquez tienen entre sus integrantes a personas que participaron en grupos de izquierda que pretendieron llegar al poder por la vía de las armas y fueron derrotados militarmente.
Posteriormente mostraron un fracaso sostenido en las urnas, cuando intentaron llegar al poder por la vía electoral. Ahora pretenden llegar al Estado utilizando la vía judicial. Si algo hay que reconocerles es su habilidad para utilizar y manipular.
Si estos grupos logran cooptar el Organismo Judicial y el Congreso, podrían defenestrar al presidente sin necesidad de disparar una bala. Sin embargo, son un grupúsculo alrededor de la CICIG-MP.
- Qué significado tiene la elección del nuevo Fiscal General?
Los grupúsculos que apoyan al comisionado temen que llegue un fiscal realmente objetivo y apegado a derecho. En las comisiones de postulación no debieran haber jueces ni fiscales, porque esto pervierte el proceso.
