Un día después de que la Fiscalía de Delitos Electorales archivara el proceso por presunto financiamiento electoral ilícito contra Orlando Blanco Lapola, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), se presentó ante el Ministerio Público (MP), para solicitar que se les incluya como denunciantes en un caso por estafa de varios millones al erario nacional y que fue denunciado en 2015.
Roxana Orantes Córdova
Las defraudaciones al Estado siempre terminan perjudicando a los más pobres entre los pobres. Tal es el caso de dos convenios para diversas obras en regiones afectadas por el conflicto armado y que involucran a la Secretaría de la Paz (Sepaz), Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).
Los representantes institucionales que firmaron esos convenios fueron Orlando Blanco (Sepaz); César Dávila (PNR) y Jairo Flores (Fonapaz). En 2015, Jorge Herrera, entonces representante legal de la Comisión Nacional de Resarcimiento, encargada del PNR, denunció ante el MP la posible defraudación.
Sin embargo, la entonces fiscal Thelma Aldana permaneció impávida y el caso no fue abordado, señala Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT que hoy acudió al MP para pedirle a la fiscal Consuelo Porras que reviva este caso y además, incluya a la FCT como denunciante, y posteriormente, cuando el caso se judicialice, querellante adhesivo.
“Aldana encubrió con un manto de impunidad a estos dos diputados, supuestamente autores del monstruoso desfalco. Entre la gran cantidad de documentos que llegan a la sede de la FCT, llegó una copia de la denuncia presentada por Jorge Herrera, quien al tomar posesión en la Comisión Nacional de Resarcimiento encontró anomalías que vinculaban a Orlando Blanco, ex miembro de la guerrilla, y Jairo Flores en el manejo irregular de fondos para construir viviendas, mausoleos y otras obras para beneficiar a supuestas víctimas del conflicto armado”, expresa Méndez Ruiz.
Según comenta, la diferencia entre este caso “pasado por alto” durante la gestión de Aldana y otros, como el llamado “Caja de Pandora” es importante, cuando se considera que ese caso se montó por una supuesta defraudación de Q22 mil quetzales, mientras los Q155, 271,479.00 de los convenios CCI 8-2008 y CCI-9-2009, no fue un monto considerado relevante para investigarse desde 2015 a la fecha.
Otro dato interesante, es que Herrera también presentó una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas, y el entonces Contralor no reaccionó a esto, pese a las abundantes pruebas sobre el proyecto y cómo se incumplió.
“Es una evidencia más de cómo se ha prostituido el conflicto armado interno. Un caso que debe mencionarse es el de cómo se benefició el activista del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, con el PNR. En esta defraudación millonaria, uno de los aspectos más lamentables es que se trataba de un proyecto que supuestamente beneficiaría a habitantes del Triángulo Ixil, región con altos niveles de pobreza. Es necesario que se haga justicia, que a los dos diputados se les prive de antejuicio y que se establezca si alguna parte de ese dinero fue a parar a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)”, finalizó.
PNR: una caja chica para los gobiernos de turno
Pablo Ceto, el ex candidato presidencial de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), es un quiché de Nebaj. Según dice, no conoce sobre estos proyectos, pero sobre el PNR afirma:
“En general nunca cumplió las expectativas que generó. Debió recibir Q300 millones al año, durante 12 o 13 años, pero fue un ente inoperativo, que sirvió como caja chica a los gobiernos de turno. Los compromisos de la paz no se cumplieron. Esa gran cantidad de fondos hubiera ayudado a la gente en el interior, pero el desarrollo no llegó a los más necesitados”.
“Han pasado varios años y es tiempo de evaluar la institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz ¿dónde quedó? ¿Por qué se debilitó de tal manera y se desvirtuaron sus propósitos? ¿Dónde están la Sepaz, el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz y otras? Es una oportunidad histórica que se perdió.
