FCT (Fundación Contra el Terrorismo) y el doctor Omar Barrios, fueron ratificados formalmente como querellantes adhesivos en el caso penal contra la ex fiscal de FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra.
Redacción Perspectiva
Laparra habría actuado fuera de la competencia de la fiscalía a su cargo. Presentó denuncias en Guatemala, en calidad de fiscal de la FECI en Quetzaltenango (debió presentarla como ciudadana) y cometió diversos abusos contra Omar Barrios, a quien entre otras acusaciones, criminalizó por comentarios en redes sociales y por su amistad con el juez Lesther Castellanos.
Hoy, el juez Séptimo de Primera Instancia Penal rechazó la solicitud de la acusada, quien pretendía dejar fuera del proceso a Barrios y a la FCT.
Según dijo el Juez: «el delito de abuso de autoridad es corrupción». A Laparra se le sindica entre otros, por abuso de autoridad.
Cualquier pretexto es bueno para pedir resarcimiento
Durante la audiencia que se celebra, el abogado y Comisionado contra la Tortura Lesther Castellanos, contra quien Laparra presentó siete denuncias, dio a conocer que la defensora de la ex fiscal, Claudia González, y una ONG que se dedica a «defender defensores de derechos humanos», UDEFEGUA, solicitaron a la CIDH resarcimiento por este caso, a espaldas de la sindicada.
De comprobarse, el hecho sería grave. En primer lugar, el PDH y embajadores siguen el proceso en sus mínimos detalles y hasta el momento no han logrado detectar un solo elemento de violación al debido proceso y derecho de defensa.
En segundo lugar, UDEFEGUA actúa por requerimiento de los denunciantes que se le acercan y aparentemente, Laparra no conoce que su nombre se está usando. Y finalmente, habría una conducta inapropiada de la defensora, quien estaría usando política (y económicamente), el nombre de su defendida.
