La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), informó que los daños causados por las depresiones tropicales Eta e Iota en el país ascienden a $780 millones.
Redacción Perspectiva
Las depresiones tropicales Eta e Iota afectaron al país durante el mes de noviembre del 2020 y dejaron a su paso 61 fallecidos, 30 heridos, 99 desaparecidos y 311,317 evacuados.
En el caso del sector de Educación las pérdidas por daños de las tormentas ETA e IOTA se estiman en Q42, 244,806.00, en donde se incluyen los centros educativos destruidos en su totalidad.
Mientras que en el área de vivienda, las pérdidas se estiman en Q42,453,038,363.00, en donde hubo construcciones que no pudieron recuperarse.
Los fenómenos naturales afectaron principalmente los departamentos de Alta Verapaz, que es el más perjudicado, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa y Chiquimula.
La titular de SEGEPLAN, Keila Gramajo Vilchez, informó que el equipo técnico la institución que lidera utilizó la metodología para la Evaluación de Daños y Pérdidas (DaLa, en inglés), la cual permite estimar, en primer lugar, las intervenciones que el gobierno afectado deberá realizar en el corto plazo para iniciar la recuperación y, en segundo lugar, las necesidades financieras para lograr la recuperación, la reconstrucción y la gestión o reducción del riesgo de desastres en general.
Dicha metodología se ha utilizado en eventos climáticos anteriores como el huracán Mitch y se ha contado con el acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La funcionaria explicó que “daño”, se refiere a la afectación por sector de los bienes y servicios calculables en dinero. Mientras que “pérdidas” son los servicios o bienes que no pueden prestarse o producirse, desde el inicio de la emergencia hasta que se logra la recuperación y reconstrucción.
Mientras que “costo adicional” es el desembolso o gasto efectuado para proporcionar bienes o servicios bajo la temporalidad de la emergencia.
El informe elaborado por SEGEPLAN contiene recomendaciones en materia de inversión pública, entre ellas:
1) La infraestructura que se reponga para atender los daños, deberá ser resiliente y contar con protección financiera (aseguramiento).
2) Desde la fase de preinversión deberá tomarse en cuenta la localización y mejorar la planificación, diseño y materiales, para mitigar el riesgo.
3) Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) deben considerar la protección a la población residente en áreas de riesgo y ejecutar inversiones públicas de calidad y usos compatibles del suelo.
4) Los entes rectores deberán establecer planes de mantenimiento y protección a la infraestructura para la resiliencia.
Es importante señalar que las cifras corresponden únicamente a los daños, pérdidas y costos adicionales y no a las acciones de respuesta inmediata o a la recuperación que deberá hacerse al territorio.
