Candidatos a todos los puestos de elección popular, además de ex mandatarios y ex funcionarios, están involucrados en diferentes actos reñidos con la ley, que van desde la ya cotidiana corrupción hasta vínculos con el narcotráfico. Entre los que ya fueron inscritos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), algunos comienzan a ser depurados.
Roxana Orantes Córdova
En escenario electoral se evidencia lo que la diputada Sandra Morán denomina “la alianza criminal incrustada en el Estado”. Pareciera como si los políticos honrados fueran una especie en vías de extinción y al mismo tiempo, el TSE inscribió, aparentemente por error, a varios candidatos perseguidos por la ley o vinculados con grupos criminales.
Hoy se conocieron tres hechos que ilustran cómo los políticos y funcionarios se salen del marco de la ley: el ex mandatario Álvaro Colom Caballeros y su ex ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knigth se presentaron a la Torre de Tribunales para la audiencia de etapa intermedia del caso Transurbano, donde se cometió defraudación contra el Estado por varios millones. Finalmente, la audiencia resultó suspendida.
El segundo caso es que un juzgado de Instancia Penal envió a juicio al ex diputado Mario Rivera, quien ha militado en los partidos UCN, UNE, FRG, Líder y recientemente, fue juramentado como primero en el listado de aspirantes a diputados por Quiché de Podemos.
Rivera, quien había sido capturado en abril de 2018, irá a juicio por lavado de dinero y cohecho pasivo. El tercer hecho revelador es la captura de un individuo reclamado como extraditable por presunto narcotráfico, llamado Julio Rosales, quien en su página de Facebook se promociona como candidato a diputado de VIVA, aunque oficialmente, ese partido declaró a los medios que no pueden confirmar si Rosales es candidato o fingía serlo.
El TSE descartó a dos candidatos que cumplieron penas en EE.UU. Alfonso Portillo, quien realiza incansable actividad proselitista cautivando al público con un discurso que combina ingenio, datos y alguna dosis de cinismo, o la de Arnoldo Vargas, primer guatemalteco extraditado por narcotráfico a EE.UU., de donde volvió luego de cumplir 25 años de condena para postularse nuevamente como candidato a la alcaldía de Zacapa.
Sobre Vargas, el TSE afirmó que la inscripción no estaba apegada a la normativa electoral, puesto que fue inscrito por un delegado y estos no tienen potestad para inscribir a un candidato a alcaldía de cabecera departamental. En cuanto a Portillo, el argumento fue que no contaba con antecedentes policiacos y no llenaba los requisitos de honorabilidad e idoneidad estipulados en el artículo 113 de la Constitución
Finalmente, es preciso mencionar la candidatura de Thelma Aldana, en suspenso desde que la ex Fiscal General saliera subrepticiamente hacia El Salvador, horas antes de que se hiciera pública la orden de captura en su contra.
Aldana ha iniciado en redes una campaña que apela a los sentimientos de sus seguidores. Con el recuento de los días que lleva “sin campaña”, cada día. El 22 de abril anunció: “35 días sin campaña. Esta semana daremos un paso gigante para la construcción de la nueva Guatemala”.
Al mismo tiempo, algunas voces en las redes mencionan que la Corte de Constitucionalidad (CC), podría fallar a favor de la candidatura (pese a que el proceso abierto y la orden de captura impedirían al TSE inscribirla). Entretanto, el vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Siekavizza, dijo a los medios que la CSJ no ha entregado el amparo a la CC.
“No te preocupes mi vida”. Una narco novela real que supera la ficción
Con un folclórico corrido que recuerda sus campañas electorales, la captura en EE.UU. de Mario Estrada, presidenciable de la Unión del Cambio Nacionalista (UCN), es la noticia política más comentada en los últimos días. Mañana Estrada acudirá a su primera audiencia en una corte estadounidense.
Uno de sus hijos anunció que la captura tendrá secuelas y dejó entrever que su padre, a quien comparó con Nelson Mandela, podría señalar a muchos otros políticos implicados en actividades ilícitas. En 2007, Sylvia Gereda escribió:
“Otro coyote de esta misma loma es Mario Estrada, un individuo que ha movido fortunas para comprar votos y que en menos de nueve meses fue el causante de la debacle de Sedesol, una institución eferregista que manejó más de Q300 millones y que fue cerrada por sindicaciones de corrupción”.
La captura de Estrada fue consecuencia de un operativo digno de ser recreado en cualquier serie televisiva sobre “narcos”. Agentes de la DEA lo contactaron, lo sedujeron mostrándole dinero falso en una videoconferencia y se reunieron con él en un lujoso yate. Como consecuencia, el político les ofreció espacios de poder en los ministerios de Defensa y Gobernación.
Aparentemente, además de dinero pretendía que el supuesto cartel de Sinaloa, su supuesto interlocutor, le facilitara sicarios para terminar con uno o dos contendientes. Las reacciones de políticos fueron inmediatas. Carlos Barreda, de la UNE, afirmó que temen por la vida de Sandra Torres. Igualmente, Zury Ríos y Roberto Arzú aseguraron que podrían ser los blancos del narco presidenciable.
El panorama electoral es por lo menos desconcertante. Para comprender algunos elementos y antecedentes de esta coyuntura, Perspectiva consultó con Sandra Morán, diputada; Christians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC) y José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
El plan de defensa estadounidense
Según afirma Castillo, nuestra peculiar coyuntura actual se explica con el plan internacional de defensa estadounidense, que promueve un cambio en la clase política del continente.
Según comenta, como consecuencia de la crisis generada por la masiva migración de niños sin acompañantes a EE.UU., este país le “somató la mesa” a los gobiernos latinoamericanos y exigió diferentes cambios.
En 2015 se planteó el relevo de los políticos en Guatemala y esto se convirtió en una inspiración, para un movimiento que exigía replantear el sistema antes de celebrar elecciones, si bien la reacción de las élites fue que debía celebrarse el proceso. El resultado fue el gobierno de Jimmy Morales. Y el principal riesgo de esta coyuntura sería otro Morales durante cuatro años, dice el analista.
“Morales y su gobierno lograron derrotar a la CICIG en el terreno político táctico. Sin embargo, se mantiene la demanda estadounidense de renovar la clase política nacional. El caso de Estrada es un claro ejemplo de la forma en que EE.UU. abordará la narco política. Ya tenía inmunidad, porque estaba inscrito. Sin embargo, su captura muestra que EE.UU. no está dispuesto a permitir la participación de personajes vinculados con actividades que amenazan su estabilidad, al trasegar drogas hacia su territorio”, comenta y agrega:
“El resultado es el temor. Algunos candidatos evitan pronunciarse sobre temas que puedan ser polémicos y la campaña es una de las más deslucidas. Los votantes probablemente actuarán por simpatía o antipatía y el discurso se ha reducido a temas emotivos, como las denuncias de Zury Ríos y Roberto Arzú, quienes se disputan ser el blanco de Estrada”, concluye.
“El proceso con más candidatos señalados”
José Carlos Sanabria afirma que las acciones legales contra candidatos cuestionables se convierten en una necesidad, puesto que dichas candidaturas afectan la legalidad y credibilidad del proceso.
“No habíamos tenido una elección con candidatos más señalados que esta. Como consecuencia, se incrementa la apatía de los ciudadanos y la incertidumbre, principalmente asociada a si sus candidatos van a poder participar o no. En esta elección, las cortes judiciales tienen la última palabra: la CSJ, la CC e incluso el TSE, deben resolver lo más pronto posible todos los casos. Esto daría tiempo a que el proceso pueda tener algún grado de certeza. Los ciudadanos deben saber quiénes van a ser sus candidatos, en un momento en que el proceso electoral está a poco más de la mitad de iniciado”.
“Hallazgos y contenido terrible en la elección”
Según explica Sandra Morán, Estrada todavía no es un candidato “depurado”, puesto que el TSE no ha adoptado ninguna decisión al respecto, aunque el Ministerio Público afirmó que sí hay una investigación en Guatemala. Dependerá de esos procesos si se mantiene o revoca la candidatura.
Los hallazgos son de un significado terrible para la elección, señala la diputada, quien agrega que es necesario recordar quién es Mario Estrada. “Su bancada es relativamente pequeña, pero ha tenido presencia en las últimas Juntas Directivas del Congreso. Esto significa que se trata de un partido poderoso cuyo rol ha sido servir como bisagra en el Legislativo. La pregunta obligada es: ¿dónde radica el poder de la UCN?”, dice la diputada, quien añade que es necesario determinar si el nexo con el narcotráfico es del partido o de la persona, pero en cualquier caso, puede decirse que se trata de una organización política que resultó vinculada con el crimen organizado.
En segundo lugar, Morán afirma que otro de los contenidos terribles en los hallazgos es que Estrada se mostró como un individuo capaz de cualquier cosa con tal de alcanzar un triunfo político. Incluso, asesinar a más de un adversario.
En tercer lugar, la solicitud de US$12 millones a presuntos narcotraficantes, implica la voluntad y decisión de no tomar en cuenta el techo presupuestario establecido además de ser un delito evidente. Y el que se haya usado como moneda de cambio la incidencia en las dos carteras que controlan la seguridad ciudadana, es la evidencia de que existe una alianza criminal, pero además muestra el nivel de captura del Estado guatemalteco, finaliza Morán.
