Hoy, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) presentaron el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) y el tema del mes Resultados de los Estados de Excepción en Seguridad Ciudadana, que sintetizamos hoy para los lectores de Perspectiva.
Roxana Orantes Córdova
Según lo afirma el CIEN, la estrategia del Ejecutivo para enfrentar los desafíos de seguridad se basó este año en los Estados de Excepción. Si bien reportan algunos logros, los expertos mencionan que hay desafíos operativos y de fondo.
A principios de año, narra el CIEN, se decretaron cuatro decretos que impusieron Estados de Prevención en 12 municipios de Guatemala, Chimaltenango y Escuintla, que “estuvieron enfocados en desarticular grupos criminales vinculados al sicariato y a la extorsión, en particular, pandillas. Estos primeros Estados de Prevención fueron analizados por el Centro de Observancia en Seguridad Ciudadana del CIEN en marzo del presente año”.
El análisis de septiembre se enfoca en los Estados de Excepción decretados entre mayo y agosto. “Hay que recordar que, desde el 5 de marzo, el Ejecutivo decretó el Estado de Calamidad Pública por el COVID-19, el cual ha sido prorrogado y ratificado por el Congreso de la República en sucesivas ocasiones hasta la fecha, por lo que los Estados de Excepción en Seguridad Ciudadana que se han decretado desde marzo han coincidido con el Estado de Calamidad Pública en todo el país con el cual se han restringido garantías constitucionales durante los últimos seis meses”, señala el documento.
Por ejemplo, en mayo se decretó Estado de Sitio durante 30 días en tres municipios de Sololá: Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán, por la violencia derivada de conflictos limítrofes entre los dos primeros municipios. Este estado se prorrogó 30 días, para los dos primeros municipios.
En julio, el Ejecutivo estableció el Estado de Sitio durante 30 días en los municipios de El Estor, Morales y Livingston en Izabal y en los municipios de Panzós y Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz, debido al incremento en la conflictividad, criminalidad y la persistencia de actividades del narcotráfico en la región.
Por falta de quorum en el Congreso, el Ejecutivo recurrió a la figura de Estados de Prevención, establecido durante 15 días, que fueron prorrogados hasta agosto.
Resultados y recomendaciones
En Sololá se decomisó armamento y equipo de los grupos en conflicto. Entre estos decomisos se cuentan 54 armas de fuego (incluyendo 7 fusiles, 5 subametralladoras, 7 escopetas y 22 pistolas), 36 armas artesanales, 1,837 bombas caseras, 10,480 municiones y 130 morteros artesanales. También se incautó equipo de comunicación: 90 celulares, 22 radiocomunicadores, 2 drones y 4 computadoras. Con el desmantelamiento del poder de fuego de ambos bandos se espera que avancen las negociaciones para resolver las diferencias por la vía pacífica y legal.
Durante el Estado de Prevención decretado en los municipios de Izabal y Alta Verapaz se logró la incautación de 19 armas y 184 cartuchos útiles. Se detuvo a 155 personas, se incautaron 3 vehículos, 48,200 arbustos de coca, 21,880 dólares estadounidenses y 39 paquetes de marihuana. A pesar de que no es la primera vez que se interviene en esos territorios, aún se mantiene la actividad delictiva y del narcotráfico en la región.
De lo observado en la utilización de los Estados de Excepción en Seguridad Ciudadana en el presente año, se recomienda aumentar la presencia de las distintas instituciones del Estado en estos territorios puesto que debido a su ausencia es que han aumentado los conflictos y se ha facilitado el actuar de los grupos criminales y del narcotráfico. Además, a futuro debe tomarse con más prudencia la imposición de Estados de Excepción y tener un plan estratégico de intervenciones a partir de información recopilada en la región a fin de lograr mejores resultados y que estos se reflejen en la reducción de la incidencia criminal y de los conflictos en las áreas intervenidas”, indica el CIEN, que recomienda:
• Retomar la presencia de las instituciones del Estado (Salud, Educación, PNC, MP, etc.) en aquellos lugares en donde debido a la ausencia de estas, aumentan los conflictos y el actuar de
grupos criminales y del narcotráfico.
• Resolver las demandas ciudadanas de provisión de servicios, establecer relaciones y fomentar la confianza de la población en las instituciones del Estado.