Estado de Calamidad es una de las medidas más socorridas para la administración gubernamental, que recurre a esta figura en cada oportunidad. Pero ¿quién gana y quién pierde con los Estados de Calamidad? Seguramente la ciudadanía no es la ganadora.
Roxana Orantes Córdova
El Estado de Calamidad aprobado hoy, sin dudas se destaca entre muchos aprobados durante este gobierno. En primer lugar, fue propuesto ayer por Alejandro Giammattei y su Consejo de Ministros. Menos de 24 horas después, había sido aprobado en el tiempo récord de media hora y con el aval de 111 diputados.
Llama la atención que mientras la infraestructura vial y social (escuelas y hospitales), se encuentran en condiciones deplorables, los diputados siguen insistiendo en que actúan para el bienestar de la población, que en momentos como este se convierten en la mayor preocupación de los «padres de la patria».
Argumentos como el anterior se invalidan al recordar el desastre que implicó el abordaje de la pandemia, además de que se mencionan manejos oscuros con fondos como las transferencias para facturas de luz eléctrica y la pobre ejecución del MAGA en programas de alimentos, en el primer semestre de la pandemia.
Sin reparar en estos antecedentes, los legisladores decidieron que el pueblo guatemalteco necesita nuevas transferencias y propusieron, a partir del Estado de Calamidad aprobado hoy, restar fondos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para ingresarlos a obra gris de infraestructura y atención de los desastres que avizoran los precavidos legisladores.
Ello, pese a que ayer el Ejército realizó varios sobrevuelos en la Costa Sur (la más afectada por inundaciones), y determinó que no existen riesgos inmediatos para cultivos, personas ni infraestructura.
Evidentemente, se dieron casos como el enorme agujero en Villa Nueva, que está siendo atendido con cooperación estadounidense, y el derrumbe en el camino hacia Antigua Guatemala. Esto permite concluir que el gobierno guatemalteco es extremadamente precavido o que se está gestando una nueva piñata con los fondos estatales.
Y el mejor momento para usar de estos fondos discrecionalmente, comprando y realizando transferencias, es un Estado de Calamidad. Sobre todo, meses antes de que inicie el año electoral.
¿Qué derechos fueron restringidos?
Durante 30 días (y probablemente los políticos ya sueñan con la prórroga), los guatemaltecos de los departamentos en Estado de Calamidad tendremos restringidos varios derechos constitucionales.
Los departamentos son:
Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa.
Y los derechos constitucionales restringidos son:
Artículo 5. Libertad de acción
«Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohibe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma».
Artículo 26. Libertad de locomoción
«Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.
No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio nacional
o negársele pasaporte u otros documentos de identificación.
Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa.
La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición».
Artículo 116, segundo párrafo. Derecho a huelga de trabajadores estatales
«Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades
descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que
preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios
públicos esenciales».
Estado de Calamidad en la Casa Larrazábal
El pasado 10 de junio, el encargado de Despacho de la Dirección Administrativa del Congreso mandó una carta al encargado de despacho para solicitarle información sobre «las gestiones relacionadas al siniestro por lluvias» que afectaron la Casa Larrazábal (monumento nacional), por un valor total de Q. 148,526.44.
Mobiliario, equipo y otros enseres fueron dañados por las lluvias. Parece insólito que una situación como esta ocurra en una de las sedes históricas de los Padres de la Patria, previsores y preocupados por el bienestar de los guatemaltecos, pero que olvidan la preservación de un monumento nacional a cargo del Organismo Legislativo.
El deterioro parece más surrealista porque en 2020, la página del Congreso informaba:
«Karla Solórzano Landaverry, arquitecta y restauradora del Congreso de la República, detalla la restauración de la Casa Larrazábal, Patrimonio Cultural de la Nación ubicado en el Centro Histórico de la zona 1 capitalina, que inicialmente perteneció a doña Clara Larrazábal, quien en 1811 se la donó a su hermano, el jurista, diplomático y sacerdote Fray Antonio, para que la utilizara de residencia y donde hora funcionan oficinas del Organismo Legislativo».
Larrazábal fue representante de Guatemala ante las Cortes de Cádiz (1808-12) y ante el Congreso Bolivariano (1826), además de ser presidente de la Asamblea Constituyente (1839)
El desastre ocurrido en la Casa Larrazábal resulta más incomprensible al observar que, en abril recién pasado, el Congreso destinó Q. 24,000,000.00 para el arrendamiento de edificios y locales; Q. 18,980,000.00 a mantenimiento y reparación de edificios y poco más de dos millones de quetzales al rubro: educacional, cultural y recreativo.
