Hoy entrevistamos a Estuardo Castellanos, Presidente del Instituto de Magistrados de las Cortes de Apelaciones del Organismo Judicial (IMACOJ). Según afirma el jurista, el informe que la FECI envió al Congreso está plagado de errores. Además, comenta que debe reformarse la ley para limitar el poder de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Roxana Orantes Córdova

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Wilber Estuardo Castellanos Venegas es el magistrado que preside al IMACOJ.

Entre sus créditos académicos cuenta con un Master Interuniversitario en Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Magister Artium en derecho de trabajo y de la seguridad social por la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como estudios en Doctorado en Derecho de Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos.

Entre 2014 y 2019 fue Magistrado Vocal II de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil durante el período Constitucional Anteriormente, ha ejercido como abogado litigante en procesos judiciales constitucionales, administrativos, civiles, mercantiles, de familia, laborales y penales

Castellanos es Director de la Unidad Académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

¿Qué es el IMACOJ y cómo funciona?

Es una asociación civil no lucrativa, que tiene por objeto buscar el desarrollo integral, técnico y científico de todos los magistrados y la defensa de sus derechos; así como el estudio, investigación y análisis de las leyes que rigen el ordenamiento jurídico.

Cuando algún profesional es designado por el Congreso de la República y toma posesión del cargo, puede solicitar unirse al Instituto, que actualmente cuenta con la afiliación de 131 magistrados titulares (de 135 en total) y 45 suplentes, lo que le legitima como la más importante asociación de magistrados de la Corte de Apelaciones y Tribunales colegiados de igual categoría.

¿Cuál es el análisis del IMACOJ sobre el informe de Juan Francisco Sandoval al Congreso de la República?

Lo rechazamos categóricamente, pues el mismo adolece de innumerables falencias y arbitrariedades, entre ellas:

  • Investigaciones contra jueces y magistrados en el ejercicio de sus cargos. Considerando que estas personas gozan de antejuicio, el MP estaría violando ese derecho;
  • Gran cantidad de casos citados en el informe se basan en información inexacta o no verificada;
  • No tomaron en cuenta ni verificaron varios homónimos;
  • No puede utilizarse para calificar la idoneidad de los jueces y magistrados porque no contiene una sola prueba fehaciente que avale lo afirmado;
  • Habla de comunicación de varias personas con Gustavo Alejos Cámbara pero no indica el contenido de estas comunicaciones;
  • Se fundamenta en estudios realizados por terceros, como la Fundación Myrna Mack y el Movimiento Projusticia. Es ilegal que el MP delegue la investigación penal a estos grupos.

¿Qué implicaciones tiene para el país el retraso nunca antes visto, en la elección de magistrados?

Es una situación sumamente grave. El plazo constitucional para la designación de la nueva Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría, venció el 13 de octubre de 2019. Debido a la resolución proferida por la Corte de Constitucionalidad, desde esa fecha nos encontramos en una situación en la que se ha extendido el período constitucional de uno de los poderes del Estado, lo cual constituye un nefasto precedente y abre la puerta a que se intente hacer indebidamente con los otros organismos (Ejecutivo y Legislativo) lo cual constituiría un rompimiento constitucional clarísimo, provocado por una indebida interpretación del tribunal que está llamado a ser el máximo defensor de dicho orden.

¿Qué efectos tienen para el gremio de abogados y especialmente para los magistrados estos señalamientos?

El problema es que el informe señala a personas sin aportar ninguna prueba fehaciente de tales señalamientos. Esto resulta violatorio del principio de presunción de inocencia y el derecho de defensa. Básicamente abre la posibilidad para que cualquier persona que se postule a un cargo público, pueda ser desacreditada por la simple existencia en su contra de denuncias penales en investigación, sin que exista ninguna responsabilidad declarada en su contra por un juez competente, es un terrible precedente para el Estado de Derecho.

Como Magistrados de las Salas de Apelaciones ¿qué recomiendan a las autoridades en torno al giro que ha tomado este proceso?

Nosotros le estamos solicitando a los diputados del Congreso de la República que cumplan con su obligación constitucional, que realicen la elección de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, calificando y valorando la idoneidad de cada candidato con base a las pruebas fehacientes que constan en su expediente y tomando en cuenta que no se puede considerar que la idoneidad y honradez de una persona se ha afectado por la sola existencia de denuncias en su contra.

¿Considera que es viable y necesaria una reforma constitucional para modificar el proceso que realizan las Comisiones de Postulación?

Considero que, si es necesario realizar una reforma constitucional para mejorar el sistema de designación de magistrados a las altas cortes, en especial creo que resulta necesario fortalecer el sistema de carrera judicial y asegurar que el mismo estará libre de cualquier injerencia externa. Además, deberíamos revisar y limitar el papel que debe cumplir la Corte de Constitucionalidad, pues la misma ha abusado de sus potestades y se ha convertido en un órgano político más que en un verdadero tribunal de derecho. Es necesario poner límites más claros a su competencia, para que evitar que continúe la arbitrariedad con la que ha estado actuando en los últimos dos o tres períodos.

¿Cuáles son los pasos que debe llevar una reforma constitucional?

El procedimiento depende de los artículos que se deseen reformar. Pero para cambiar aquellos artículos que se refieren a la elección de las cortes y a las atribuciones de la Corte de Constitucionalidad, dicha reforma debería ser aprobada por el Congreso de la República con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros y luego debe ser sometida a una consulta popular, para que sea el pueblo quien en última instancia como titular de la soberanía pueda ratificarla.

Lo importante es que en la discusión de dichas reformas se de participación a todos los sectores de la nación (y no so lo a un pequeño grupo) y evitemos cualquier injerencia externa.

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