Hasta el 23 de abril el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportaba la inscripción de 30 partidos que buscan la elección de sus candidatos en distintos cargos de elección popular y que dividirán el voto de los 9,372,164 ciudadanos aptos para votar en las Elecciones Generales 2023. Además de obtener votos y los cargos a los cuales se han postulado, estos partidos serían beneficiados con lo que se conoce como Financiamiento Público.
Por Margarita Girón
¿Cuánto paga el estado por cada voto?
De acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), Artículo 21 Bis, el Estado debe contribuir al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente en Quetzales de dos Dólares (US$2.00) de los Estados Unidos, por voto legalmente emitido a su favor, siempre que haya obtenido no menos del cinco por ciento (5%) del total de sufragios válidos.
Según lo establece la Ley, el cálculo se realiza tomando como base la mayor cantidad de votos válidos recibidos, o para los cargos de presidente y vicepresidente de la República o bien en el Listado Nacional para los cargos de diputados al Congreso de la República.
Cabe mencionar que, se exceptúan del requisito del cinco por ciento (5%) a los partidos que obtengan por lo menos una diputación al Congreso de la República, quienes sí optarían al este beneficio.
Es decir, si los 9.3 millones de guatemaltecos votaran, el Estado debería entregar alrededor de Q146 millones a los partidos políticos; sin embargo, debe tomarse en cuenta el abstencionismo que en 2019, representó a un 37,84% del electorado (3,083,742 personas no acudieron a las urnas), los votos inválidos, votos nulos y votos en blanco. Lo cual implica la posibilidad de percibir menos fondos.
En el caso de las coaliciones, el monto estimado se dividió en dos; sin embargo, la distribución se hace de acuerdo con el convenio al que llegaron ambas organizaciones.
¿Cómo pueden gastarlo?
La Ley establece que, el pago del financiamiento público se efectuará dentro de los cuatro años del periodo presidencial correspondiente en cuatro cuotas anuales e iguales y durante julio; no obstante, los recursos que se entregarán en el año de elecciones que se deben desembolsarse en enero, además, establece que es el TSE, el encargado de fiscalizar dichos fondos.
Sobre el destino del financiamiento, la Ley establece que, 30% debe ser destinado para la formación y capacitación de afiliados, el 20% para actividades nacionales y el funcionamiento de la sede central y el 50% para el pago de funcionamiento y otras actividades del partido en los departamentos y municipios en los que tenga organización partidaria vigente.
¿Qué pasó en 2019?
En 2019, el TSE, reportó que de 8,150,221 votantes inscritos, se registraron 4,398,754 votos válidos, lo cual se traduciría en más de Q67 millones, según el tipo de cambio vigente en 2019. Según datos del portal del TSE, quienes obtuvieron mayor cantidad de votos en esa elección fueron:
- UNE: 1,122,909 votos válidos
- VAMOS: 614,025 votos válidos
- PARTIDO UNIONISTA: 493,349 votos válidos
- MLP: 456,114 votos válidos
- PAN-PODEMOS 267,446 votos válidos
- VIVA: 259,606 votos válidos
Para ver el listado completo puede dar click en el siguiente enlace: https://resultados2019.tse.org.gt/201901/ – https://resultados2019.tse.org.gt/201901/
El panorama actual
Tomando en cuenta, la salida del Partido Prosperidad Ciudadana (PC), los guatemaltecos podrán optar entre 29 partidos para elegir a las próximas autoridades que asumirán el poder en el 2024. Los cargos a elección se distribuyen en Binomio Presidencial, diputados al Congreso de la República, diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y corporaciones municipales.
Hasta el 02 de mayo, según la encuesta para Binomios Presidenciales, publicada por Prensa Libre, de la entidad Prodatos, era Prosperidad Ciudadana quien encabezaban las encuestas con un 23.1% de preferencia, seguido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con el 19.5%, Partido Cabal, con el 10.1% y la Coalición Valor-Unionista con un 9.2%, esto tomando en cuenta la proporción de votos válidos.
En contraste, quienes representan el menor porcentaje de la intención de voto para Presidente y Vicepresidente, son los partidos, Humanista, Elefante, Republicano, Mi Familia, Cambio, Movimiento Semilla y PIN. No obstante, hay agrupaciones que, pese a que no estén incluidas en la preferencia de voto presidencial, podrían obtener votos para sus candidatos a diputados, con lo cual, serían beneficiados con el financiamiento público.
Sin embargo, al quedar fuera de la contienda electoral el partido puntero, el reacomodo de la intención de voto es incierto y se deberá esperar a las próximas encuestas para conocer hacia dónde se ha inclinado la preferencia del electorado.
ASIES: El financiamiento público es el costo de la democracia
Para el analista e investigador del área política de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Jahir Dabroy, la cantidad de partidos inscritos representan el costo de la democracia para el país. Además, consideró que, si el financiamiento de las organizaciones políticas fuese exclusivamente privado, implicaría situaciones más complejas.
“Cuando el financiamiento privado tenía tanto peso era mucho menos transparente de lo que es ahora, todos sabemos que era más descarado el flujo de dinero hacia los partidos y las formas ilícitas por parte de algunos actores del crimen organizado y el narcotráfico inyectando a estos grupos”, mencionó.
A decir de Dabroy, puede haber un espacio para la discusión y determinar si es “mucho o poco” lo que se da por voto, pero tendría que darse en las instancias y plazos correspondientes.
CIEN: Al final son los contribuyentes los que aportan
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), comentó que aunque es a través del Estado que se financia la “aventura electoral”, al final son los contribuyentes quienes aportan estos fondos. Además, comentó que además del financiamiento público, el Estado paga por las reuniones de fiscales y otros temas que son costeados por el Estado y que están relacionados con el proceso electoral.
“Soy partidario de que el financiamiento no pueda ser público, el financiamiento debería ser privado y hay que tomar en cuenta que el financiamiento ha ido creciendo en los gastos, por lo que, desde toda perspectiva, el costo electoral ha sido muy grande”, afirmó.
Para Quezada, algunas agrupaciones políticas podrían cubrir los gastos de su campaña con fondos privados, con la idea de que, al finalizar la contienda, puedan calificar al financiamiento público y devolver de alguna forma los fondos a sus financistas.
Para finalizar, señaló que el tema político ha dejado de ser “voluntario” y se ha monetizado porque hay bastantes recursos sobre la mesa.