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miércoles, diciembre 7, 2022

El juez, el abogado, el de la fundación…y la ex fiscal señalada por abuso de autoridad

El ex juez Lesther Castellanos, Omar Barrios y Ricardo Méndez Ruiz, comentan algunos aspectos de la audiencia en la que la defensa de Virginia Laparra declinó admitir la Ley de Aceptación de Cargos, lo que la llevará a juicio. Además, los entrevistados mencionaron el bombardeo de informaciones evidentemente falsas y algunos momentos relevantes de la audiencia.

Roxana Orantes Córdova

El juez, el abogado y el de la fundación tituló un informativo que atribuye la venganza contra una fiscal anticorrupción al proceso contra la ex fiscal de FECI Virginia Laparra. Los tres aludidos comentaron a Perspectiva algunos datos relevantes de la audiencia en la cual un grupo afín a la ex CICIG pretende victimizar a la ex fiscal pero terminan perjudicándola.

Un dato muy importante es que Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, dijo a Ricardo Méndez Ruiz que en ningún momento se violó el debido proceso ni los derechos humanos de Laparra.

Otro dato que expone el efecto de la información, es la mención de un titular que indicaba: «Exilio de Laparra se pospone». Esto, menciona Castellanos, pudo crear duda razonable en el juez, al ver que no hay arraigo en el país, e incidir en que no se otorgara la medida sustitutiva a Laparra.

Sumado a lo anterior, los grupos civiles que apoyan a la ex fiscal le están haciendo un «flaco favor», opina Méndez Ruiz, quien considera que Laparra es instrumentalizada para obtener beneficios. Castellanos y Barrios agregan que esta utilización también abona a favor de los «ex CICIG», como Flor Gálvez.

Finalmente, un grave error cometido por periodistas posiblemente novatos, motivó que un juez certificara lo conducente a los periodistas, quienes ingresaron equipo prohibido a la cárcel. Esto también pudo influir en que Laparra fuera trasladada a Matamoros. https://twitter.com/Ricigt1/status/1535365162026385413

Cualquier periodista con mediana experiencia, sabe que ingresar equipo de grabación, micrófonos y otros aparatos similares en cualquier cárcel, tiene una pena severa y en este caso, el director del Sistema Penitenciario desmintió que hubiera dado permiso para entrar el equipo.

El juez»Claudia González podría estar cometiendo patrocinio infiel»

Lesther Castellanos, ex juez de Alto Riesgo en Quetzaltenango y actual Comisionado contra la Tortura, enfatiza que el exceso de información falsa distorsiona este caso que sencillamente puede resumirse en que Laparra interpuso cuatro denuncias en su contra, durante octubre de 2018, y todas estas denuncias reiteradas fueron infundadas, además de que la ex fiscal cometió abuso de autoridad.

Esto, señala, porque la ley del Organismo Judicial, en su artículo 28, permite a los jueces realizar denuncias. En cambio, la ley del Ministerio Público no lo permite a los fiscales. «El caso nace de una filtración y siguen filtrando información», indica y comenta el deplorable intento de señalar al «Net Center» como prueba acusadora presentada en una gráfica.

«Luego de presentar la gráfica, hubo un receso y González salió a dar declaraciones a un medio pro CICIG. En estas declaraciones se quejó del juez, y ante este, se negó pero no pudo negarse cuando le pusieron el video de sus declaraciones a los periodistas», menciona Castellanos.

Laparra negó ante el juez que hubiera presentado un amparo y fue desmentida cuando el propio juez se lo mostró, narra el entrevistado.

Según indica, uno de los aspectos más lamentables en este caso es que Laparra pudo tener medida sustitutiva pero su abogada insistió en que no aceptara la propuesta de reconocer el delito, como recientemente hizo el ex mandatario de la CICIG Arguello, quien «hizo lo que todo abogado haría».

Esto motiva suspicacias sobre el actuar de González, quien pareciera más empeñada en defender a Flor Gálvez, quien no está en Guatemala, en lugar de a su cliente. «Defienden a los ex CICIG y están dejando solos a los ex FECI», indica Castellanos, quien agrega que si González estuviera parcializada a favor de su ex compañera de trabajo, estaría cometiendo un delito llamado patrocinio infiel».

El abogado: «hay muchas mentiras mediáticas en este caso»

«Uno de los aspectos más importantes de esa audiencia, es que Jordán Rodas se dio cuenta y aceptó públicamente que no se violó el debido proceso», señala Barrios. «Aunque no tenía competencia para entrar, el juez se lo permitió», agrega.

«Los medios no dicen la verdad cuando señalan que Laparra es juzgada por denunciar un delito. La realidad es que Lesther descubrió un delito cometido por ella y Flor Gálvez, amparadas por la colombiana que dirigía la CICIG de Xela. Lesther lo denunció y ellas respondieron con varias denuncias que cayeron en abuso de autoridad. Querían silenciar al juez honesto que descubrió el ilícito de fugar información», indica Barrios.

Omar Barrios es un abogado litigante que tiene entre su trayectoria ser el primer abogado que ganó un caso a la CICIG en un Tribunal de Mayor Riesgo. «Le demostré a Yasmín Barrios que la acusación contra mi cliente era ilegal», recuerda.

Otra mentira evidente en este caso es que se mencionó que el delito de Laparra amerita una pena entre uno y tres años. La realidad, indica, es que ella es juzgada con base en la Ley Contra la Corrupción, de 2012, y la acusación derivada de ello, motiva que la pena podría ser de entre cuatro y ocho años.

«Parece que en lugar de defenderla, la están usando como puerta mártir. Cualquier otro abogado hubiera aceptado los cargos. Difamar al juez y los querellantes, tampoco les abona. Parecieran felices de que vaya a debate. La impresión que dejan es que Laparra no les interesa, que la están usando».

El de la fundación: «convirtieron su caso en un tema ideológico»

Ricardo Méndez Ruiz detalla: «es obvio que ni el licenciado Raúl Falla ni yo, somos amigos de la doctora Virginia Laparra, pero tampoco la consideramos nuestro enemigo. Simplemente la vemos como alguien que debe pagar por los delitos que cometió.

Quienes sí son sus enemigos, son aquellos que convirtieron su caso en un tema ideológico (UDEFEGUA principalmente), que la ven como una mercancía con la que obtienen donaciones de ONGs extranjeras, a las que reportan su supuesta colaboración con Laparra como la defensa de sus derechos humanos, pero que en la práctica le han hecho un gran daño, al colocar a la opinión pública en su contra, precisamente por mostrarla como una activista de izquierda.

Aquí es importante recordar la  conversación que sostuve con Jordan Rodas durante la última audiencia, en la que él me expresó reconocer que se está respetando el derecho de la sindicada a un debido proceso«.

 

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