Dos elementos conspiran contra las aspiraciones políticas de Thelma Aldana: las declaraciones de la ex asistente de Alejandro Sinibaldi, Anelisse Herrera y la inminente investigación que el Congreso hará sobre la compra del “edificio fantasma” para el Ministerio Público (MP). El inmueble sigue deshabitado y las irregularidades de la transacción son tantas que es obligado plantearse ¿a quién benefició esa compra? Para comprender las implicaciones y el contexto de esta situación, Perspectiva conversó con especialistas y actores políticos que aportaron sus diferentes interpretaciones de la coyuntura política.
Roxana Orantes Córdova
El llamado “edificio fantasma”, que además de ser una compra innecesaria tiene características de estar sobrevaluado, es uno de los nubarrones que pesan sobre la gestión de Aldana, quien autorizó comprar un inmueble cuyo terreno se valuó en Q2, 610, 929.23 y la construcción en Q32,489.100, para totalizar una erogación del MP por Q35, 100.029.23, aunque según uno de los varios informes que en junio pasado solicitó el diputado Fernando Linares Beltranena, “el edificio no tiene acabados interiores”.
Linares fue quien lideró la demanda porque se investigara esta compra que, según dijo en su momento, fue a todas luces innecesaria y llena de irregularidades. Aunque muchos de estos datos fueron divulgados en junio, vale la pena recapitular los argumentos de este legislador:
- El MP no justificó la localización indispensable, requisito para que el Estado adquiera un bien inmueble. Sobre todo, porque en el edificio de Gerona existe espacio suficiente para construir;
- El expediente no incluyó estudio de impacto ambiental;
- La adjudicación se realizó en un día;
- Habitabilidad técnica. La evaluación realizada por el departamento de infraestructura del MP indicó que hay lozas en las que topa la cabeza y el parqueo no cumple con estándares internacionales;
- Sobrevaloración. Según el criterio de la dirección de avalúos del MP, “el metro cuadrado del terreno es de US$ 538 y el metro cuadrado de construcción, US$ 875. El primer criterio es muy superior a lo que cuesta un metro cuadrado en la zona 5 y la calidad de la construcción no corresponde al valor estimado por el MP, puesto que la construcción no está finalizada;
- La compraventa se hizo a través de dos escrituras públicas y solamente una se envió al Congreso.
Tales fueron los argumentos enviados por el diputado a la Contraloría General de Cuentas, el 14 de junio de 2018.
El panorama se complica para la ex fiscal
El destape de una compra con varios elementos que parecen indicar irregularidades puede debilitar considerablemente la imagen de Aldana, quien no ha ocultado sus aspiraciones políticas.
Según el coronel y académico Mario Mérida, “esto confirma la ausencia de fiscalización o la impunidad con que han actuado las administraciones anteriores, por supuesto que la coyuntura lo presentará como cacería de brujas o persecución política”.
Aunque un sector de la opinión pública insiste en que estamos ante una crisis generada por las acciones del presidente Jimmy Morales en torno a la CICIG, Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso que participa en la comisión que investigará la compra irregular, afirma:
“Guatemala sigue adelante, sus organismos de Estado siguen funcionando. Aquí lo único que pasó fue que el Presidente ejerció su mandato constitucional de hacerse responsable de las relaciones internacionales y con ello detener las violaciones de Ivan Velásquez desde la CICIG, fue impune y corrupto. Respaldó a Thelma Aldana para hacerle imagen e imponerse en un gobierno de extrema izquierda. Se inventaron casos para eliminar a su competencia política. Hubo violación a los derechos humanos, implantación de pruebas y testigos, coacción y tortura para tener testigos a su favor y montar casos. Eso se acabó y el presidente no debe permitir más abusos por parte de extranjeros”.
En cuanto a la investigación del “edificio fantasma”, el legislador señala: “Los guatemaltecos merecen saber quién se benefició con la compra sobrevalorada del edificio en la zona 5, adquirido durante la administración de Thelma Aldana. La comisión especial deberá citar a las partes para llegar al fondo de un hecho corrupto. El presidente de la comisión, Juan Ramón Lau, presentará su cronograma de trabajo y en un plazo de treinta días, tendrán que entregar un informe al pleno. Este hecho no puede quedar impune y se debe llegar al fondo de lo que hay detrás de la compra de un edificio que aún está deshabitado”.
El componente político
Ricardo Barreno, analista político del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), señala: “estamos viendo una coyuntura donde hay cada vez más evidencias de confrontación entre una clase política que busca resguardarse y otra que no necesariamente es nueva pero a partir de 2015 comenzó a mostrar cierta voluntad de combatir frontalmente la corrupción”.
Según Barreno, “esta situación es cada vez más tensa. No en cuanto al pulso como tal, sino en cuanto a cómo lo están haciendo. La comisión que investigará la compra del edificio del MP está integrada por diputados que tienen diferentes señalamientos”.
Sin embargo, añade Barreno, todo funcionario debe ser sujeto de fiscalización y estar comprometido con la transparencia.
Por su parte Edgar Ortiz, del área legal de la Fundación Libertad y Desarrollo, explica: “es potestad del Congreso crear comisiones específicas para investigar determinados casos. Sin embargo, llaman la atención algunos elementos de forma y sobre todo, la integración de varios diputados como Estuardo Galdámez, a quien EE.UU. le retiró la visa, o Alejos, investigado por corrupción”.
Según comenta, “tengo la sensación de que se trata de un ataque enmarcado en las medidas del presidente Morales contra la CICIG. La investigación a la compra del edificio en este momento, adversa el trabajo de investigación realizado por el MP y la CICIG. Aunque es válido cuestionar algunos aspectos de esa comisión esto debe hacerse desde una posición razonable e inteligente, evitando la polarización”.
En cuanto al contexto en el que se produce la divulgación de los nexos entre Aldana-Sinibaldi-Herrera, Ortiz dice: “da la impresión de que el revuelo causado por las declaraciones de Anelisse Herrera en febrero, es resultado del temor por el inminente retorno de Manuel Baldizón, quien seguramente va a hablar mucho y es probable que en sus declaraciones resulten señalados muchos de los actores actuales en el panorama político”.
En cuanto a las implicaciones que todo esto tendrá para la ex fiscal, Ortiz añade: “Con estos señalamientos el desgaste para Aldana es real. No es que un escándalo la pueda catapultar y dar a conocer en el país, como sucedería con candidatos prácticamente desconocidos. Incluso para Alejandro Giammattei o Zury Ríos, esto podría ser una ventaja. En el caso de Aldana, ella forjó su prestigio como “la dama de hierro”, con su trabajo frente al MP y será muy complicado para ella restaurar esta imagen de luchadora para la transparencia ante posibles votantes que puedan verse influenciados por estos hechos”.
“No se ahueven, yo todo lo tengo controlado, a mí me pasan información”
La temporalidad es uno de los factores más importantes para interpretar cualquier hecho. Es relevante que las declaraciones de Anelisse Herrera ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se registraron en febrero de 2018, cuando Aldana estaba por concluir su mandato frente al MP.
De hecho, algunas de las declaraciones de la testigo protegida habían sido divulgadas en medios de comunicación desde finales de 2017, sin que levantaran ningún interés y sin que se mencionaran las reuniones entre Aldana, Gustavo Herrera y Sinibaldi. Otro dato inédito o por lo menos, de reciente divulgación, es la relación entre el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Boanerge Mejía y Sinibaldi, así como entre Avidán Ortiz, primo de Mejía y ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Aunque ambos juristas ya habían sido mencionados como vinculados al Partido Patriota (PP), y los medios señalaron que Mejía había recibido dádivas de ese partido, su desempeño en la CC parecía haberlo eximido de críticas en los últimos meses. Sin embargo, el actor principal en la cobertura que reacciona ante las delaciones de Herrera es obviamente Thelma Aldana.
Considerada la “dama de hierro” en la lucha contra la corrupción, la ex fiscal se forjó una imagen de funcionaria valiente e incorruptible ante un importante sector de la ciudadanía. Incluso en localidades donde no hay presencia del Estado (hospitales, agencias del MP, juzgados), era posible ver mupies o mantas con la imagen de la fiscal promocionando acciones del MP, entre otras, agencias fiscales contra la violencia intrafamiliar.
De esta manera, el primer elemento relacionado con la temporalidad es la tardía divulgación de las reuniones entre Aldana y Sinibaldi. La presunta relación de la ex fiscal con Herrera ya se había dado a conocer anteriormente en los medios, y esto no menoscabó la imagen de abanderada contra la corrupción, construida a partir de 2015, cuando inició su constante presencia mediática y los “jueves de CICIG”.
Precisamente, estos “jueves de CICIG” son el segundo elemento de temporalidad que tiene relevancia, puesto que según la informante de la justicia Herrera, la primera reunión fue a partir de que iniciaron esas acciones.
Con una narrativa digna de una película de gángsters, Herrera cuenta cómo los ayudantes de Sinibaldi desocuparon varias oficinas e inmuebles del dinero que el ex ministro de Comunicaciones guardaba en diferentes escondites. En las cuatro sesiones que componen la audiencia, se devela cómo se gestó y cómo terminó lo que cabe llamar “imperio criminal” que además de funcionarios, empresarios y mafiosos, involucraba a conocidos medios de comunicación que hasta el momento no han sido mencionados públicamente.
Igualmente, en las declaraciones trasciende el clima de pánico de los momentos finales, cuando Sinibaldi, aparentemente alertado por sus socios en el Estado, había renunciado abruptamente a la candidatura presidencial y había comprado la ficha al partido Movimiento Reformador (MR). La paranoia y la prisa por abandonar el barco están presentes en esos momentos, aunque según Herrera, el ex ministro “recibía información”.
Sobre este elemento, el abogado de la familia Bitkov, Rolando Alvarado, afirma que el MP debe establecer si esa información fue proporcionada, y si era sobre investigaciones vigentes en ese momento o que estaban por establecerse.
Existe la posibilidad de que siete meses después de las declaraciones de la colaboradora, el MP decida investigar las menciones que implican a Aldana. Esto podría complicar la situación legal de la ex fiscal, quien recientemente admitió ante una radio que efectivamente, se reunió dos o tres veces con Herrera y Sinibaldi. Según afirma Rolando Alvarado, abogado de la familia Bitkov:
“La declaración de la asistente de Sinibaldi evidencia que la fiscal Aldana actuó con poca transparencia al tener reuniones privadas con Sinibaldi, especialmente si en ese momento estaba siendo investigado. Si la persona que la acompañaba era Gustavo Herrera, a quien se considera como el operador político de Otto Pèrez y parte clave en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, también debe investigarse su relación y la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, asociación ilícita y colusión”, concluye el jurista.
