El edificio fantasma ¿una sombra sobre Aldana?

Las consecuencias de una negociación que podría ser perjudicial para el Estado comienzan a aflorar. La petición de que la compra se declare lesiva y la fiscalización del diputado Fernando Linares Beltranena, son dos acciones que podrían esclarecer una compra, no solo confusa, sino realizada en el mismo año en que terminó la gestión de Thelma Aldana.

Redacción

Algunas negociaciones que reúnen varios elementos de opacidad pueden resultar incómodas, sobre todo si salpican a las puntas de lanza de la lucha contra la corrupción en el país.

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Este es el caso de la compraventa de un inmueble que además de estar sobrevalorado, tiene varias características que pueden develar un caso de poca transparencia en una negociación, con el agravante de que la compra se realizó en el mismo año que concluía el mandato de la ex fiscal Thelma Aldana, de quien se ha dicho que aspira a ser candidata presidencial y sigue siendo percibida por un sector de la ciudadanía como una figura emblemática en la lucha contra la corrupción.

El 13 de junio, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, presentó una petición a la Procuraduría General de la Nación (PGN), la petición de que la compra del edificio se declare lesiva para el Estado.

Según afirma: “para la adquisición del inmueble se llevó a cabo un procedimiento viciado desde el principio, como lo demuestra el hecho de que el MP sabía que estaba registrado por un valor de solo Q2 millones, con el obvio propósito de evadir impuestos”.

Además, señala que la jefe del departamento jurídico que se opuso a la compra fue trasladada a otro departamento y en su lugar se colocó a una funcionaria que no puso ninguna objeción al negocio.

“Esos son dos elementos entre varios muy importantes que el Ministerio Público, ahora bajo la jefatura de la licenciada Consuelo Porras, deberá tomar en cuenta al investigar un negocio, a todas luces corrupto, que se efectuó con el visto bueno de la entonces fiscal general Thelma Aldana y pleno conocimiento de su ex secretaria, Mayra Véliz”, concluye.

Por su parte, el diputado panista Fernando Linares Beltranena menciona que esta situación debe ser conocida como “El caso del edificio fantasma”.

Según dice, es válido denominar edificio fantasma a un inmueble cuyas condiciones lo convierten en inconveniente para la venta y suele permanecer vacío algún tiempo. Esto lo convierte en candidato a ser vendido al Estado, que paga por el error empresarial.

“Un antecedente es la Torre Marfil, donde se ubican las salas de apelación civil del Organismo Judicial”, afirma, y agrega que dicha edificación se encuentra en una zona eminentemente hospitalaria y tiene otros muchos inconvenientes.

A los defectos del edificio adquirido en la zona 5 por el Ministerio Público (MP), se suma el dato de que la titular de esa institución realizó la compra justamente en el año que concluía su mandato.

Y, según dice Linares: “Cualquier compra grande antes de dejar el cargo, es sospechosa. Sobre todo si hay opciones, como en el caso del MP, que en su sede de Gerona, tiene capacidad para que se le construyan más niveles, además de que en los parqueos tiene área suficiente para agregar otra edificación”.

En la carta que Linares le mandó a César Elías Ajca, Sub Contralor General de Cuentas, se exponen varios puntos que deben ser esclarecidos para saber si la venta es lesiva:

  1. Localización indispensable, requerida por la Ley de Contrataciones. El MP no la justifica y especialmente, pudo construir en los terrenos que ya tiene;
  2. Velocidad de adjudicación: los estudios jurídicos se hicieron meses antes, pero la adjudicación se realizó en un día;
  3. Habitabilidad: hay diferentes defectos que dificultan la habitabilidad del inmueble.

Algunos datos curiosos sobre el “edificio fantasma”

Según los documentos que el MP entregó al Congreso de la República, la propiedad está ubicada en la zona 5 y estaba valorada en Q2, 326.249.35.

El edificio, consta de 5,151 metros cuadrados. Información a los medios de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi), indica que la zona 5 es una de las que tienen más barato el costo de un metro cuadrado de tierra.

En ese sector el precio del metro cuadrado oscila entre US$200 (en la colonia Arrivillaga y cercanías) a US$ 400 (Campo de Marte y Jardines de la Asunción). Mientras, en sectores como la Avenida las Américas, puede llegar a los US$1,000 y en las zonas 15, 10 y 9 alcanza los US$800. Según este dato, el terreno pudo costar poco más de Q7 millones y sumándole la construcción, no llegaría a los Q20 millones, afirmó Méndez Ruiz.

Entre los documentos que el MP entregó al Congreso sobre la venta, está la evaluación realizada al inmueble por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Llama la atención que la finca donde se construyó el inmueble aparece en algunos documentos como propiedad de Ayton5 Sociedad Anónima, cuyo representante legal es Mynor Enrique Lobos Agustín. Sin embargo, el inmueble fue vendido por Bertram S.A., que también tiene a Lobos Agustín como representante legal. Cuando se realizó la transacción, Lobos tenía apenas 23 años, y según la Fundación contra el Terrorismo, reside en Villa Nueva.

Ayton5 se inscribió recientemente en Guatecompras, para ofertar actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Hasta el momento no ha recibido ninguna adjudicación del Estado. En tanto, Bertram está inhabilitada temporalmente y solamente fue beneficiada con una adjudicación, que pese a ser de Q35 millones, se otorgó en un día.