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viernes, septiembre 23, 2022

Destituciones en el MP ¿depuración o venganza?

Alrededor de 19 destituciones se produjeron en el Ministerio Público (MP), durante las últimas semanas. El tema motivó polémica sobre los motivos de estas medidas. Para aportar elementos de análisis a los lectores, entrevistamos al sociólogo criminólogo Edy Morales y al abogado Moisés Galindo, quienes difieren en algunos aspectos de esta situación.

Roxana Orantes Córdova

Destituciones que en cualquier institución se perciben como normales, en el MP logran motivar diversos comentarios y especulaciones sobre los motivos que la Fiscal General Consuelo Porras puede tener para estas medidas.

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Edy Morales, sociólogo y docente universitario, enfatiza en que los funcionarios tienen derecho de reconfigurar sus equipos de trabajo, si bien en este caso, la acción de Consuelo Porras parece «políticamente incorrecta».

Entretanto, Galindo recuerda que ningún puesto en el Estado puede eternizarse y al respecto, menciona a Juan Francisco Sandoval, quien durante su gestión llegó a actuar como si él fuera la institución.

Morales: «estos relevos pueden percibirse como actos de venganza»

«No lo veo como venganza ni como depuración. Si bien es cierto la Fiscal General está en todo su derecho y posición de autoridad para hacer relevos en agencias fiscales de acuerdo con sus necesidades, estos relevos pueden percibirse políticamente como actos de venganza.

Es sospechoso, particularmente en el caso de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ya que los cambios terminan con casos sobreseídos y esto se presta a pensar que existe una estructura que da a la Fiscal General ciertas instrucciones. Es la percepción ciudadana.

Por otro lado el cambio provoca el interrogante, ya que los fiscales no aparentan ser despedidos por falta de efectividad y eficacia, sino se trata de personas que llevaban casos emblemáticos. Es evidente que, institucionalmente los casos deberían poder ser finalizados por quienes ocupen los puestos, lo cierto es que se están cayendo y los cambios de fiscales se perciben como algo preconcebido.

Y aunque todos los fiscales deben tener la misma capacidad, no se ve políticamente correcto. Da la impresión de que los criminales de cuello blanco se están saliendo con la suya. Se ve y observa cierto debilitamiento institucional.

Por otra parte, el MP incrementó su presencia ampliando la cobertura de las agencias en todo el país, después de tener una presencia baja. Abarcar la totalidad de los municipios no implica necesariamente fortalecimiento.

No se divulgaron los estudios para estas ampliaciones, no se conocen los costos. Tener presencia no es suficiente, pienso que esta debería establecerse con base en los indicadores».

Depuración, más política que técnica

«Ya comenté que la depuración no es muy clara. Parece más política que técnica. Ante los ojos de la población, y quienes tenemos experiencia en el tema, se ve más como una decisión política que técnica.

Se denota la existencia de una estructura fáctica que de una u otra manera dirige a doña Consuelo o casi le ordena lo que tiene que hacer. No en balde volvió a resultar electa. La reelección parece hablar de que la fiscal tiene una agenda contraria a la persecución penal implementada por la CICIG-FECI.

Una prueba de esto es la persecución contra los jueces que llevaron estos casos y tuvieron que emigrar. Otro ejemplo es la lista Engel. El Departamento de Estado no se arriesgaría sin motivos de peso.

Considero que el MP está actuando de forma más política que técnica».

«Las instituciones son permanentes, las personas no», señala Galindo

«Las instituciones son permanentes. Las mujeres y hombres que prestan servicio, son temporales. Ningún puesto administrativo es propiedad privada. Existe el principio legal según el cual todos los ciudadanos podemos hacer lo que la ley no prohíbe, mientras los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les faculta. En la administración, los cambios son normales y es parte de la institucionalidad».

Por otra parte, indica, el tema son los puestos, no las personas. «El responsable de un puesto público llega, cumple la ley e idealmente, cuando se retira debería dejar la institución mejor de lo que la encontró».

«En el caso reciente del MP vemos que lo sucedido se está atando mucho con lo visto con la CICIG. Queda como lección que, institucionalmente, no puede permitirse que únicamente ciertos perfiles sean invitados a eventos en las embajadas, cursos y otras actividades. Este es un tema que debe decidir la Fiscal General».

Lección: el ente investigador no debe usarse para proselitismo

Galindo comenta que la lección evidente en esta situación es que los puestos de investigador en el MP no deberían usarse para actividades políticas o proselitismo.El único facultado para representar a la institución es el Fiscal General, señala.

Por ejemplo, recuerda que hace algún tiempo un grupo de fiscales de sección apareció en público con camisetas que llevaban impresa la fotografía de la ex fiscal Thelma Aldana, lo que considera muy inadecuado.

«La Fiscal General está volviendo a la institucionalidad del MP. Los fiscales de sección deben comprender que en primer lugar, se deben a la Constitución Política de la República y en segundo, a la normativa institucional. Se había dado un falso espacio corporativo que no es procedente. Nadie es una vaca sagrada en las instituciones».

Porras debe procesar a quienes transgredieron las leyes

Galindo va más allá de considerar que las destituciones recientes son una medida acertada y afirma que la jefe del MP debería procesar a todos los fiscales de sección que de alguna manera transgredieron la ley.

«Debe procesar a los que violaron la ley. Solamente destituirlos puede motivar que sea fuertemente criticada. Falta la segunda parte, que serían los procesos penales. Quienes actuaron conforme a intereses sectoriales o políticos deben responder. Es importante restablecer un sistema de pesos y contrapesos», concluye.