Miles de hombres han pasado por la cárcel por negarse a cumplir la obligación de sostener a sus hijos. Aunque dejar sin sustento a la familia es un delito tipificado en la ley nacional, la cárcel por impago de obligaciones familiares resulta un problema mucho mayor del que pretende resolver.
Redacción
Este día, el sistema penitenciario informa que tienen 24,140 personas privadas de libertad. De estos, únicamente 11,616 están sentenciados y 12,524 son clasificados como “preventivos”. Hasta cinco mil de estas personas estarían recluidas por impago de pensión alimenticia, si bien el dato es una estimación no confirmada. Perspectiva intentó reiteradamente comunicarse con el vocero del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, pero fue imposible.
Un dato publicado por la Policía Nacional Civil (PNC), es que entre enero y el 13 de mayo de 2018, hubo 679 capturados por incumplimiento de sus obligaciones familiares. Según lo desglosa la PNC, el número de capturas por mes es el siguiente:
Fuente: datos de PNC
Según datos del Sistema Penitenciario proporcionados a medios de comunicación, la manutención de cada privado de libertad es de Q55.45 por día. Esta suma es el doble de lo que el Estado destina a cada estudiante del sistema nacional de educación y resulta considerable cuando se multiplica por los más de veinte mil hombres y mujeres que permanecen en las cárceles, más de la mitad de ellos sin condena durante varios años, aunque según la ley vigente, la prisión preventiva no debiera superar los tres meses.
Condenado al inframundo, por irresponsable o desempleado
Es ampliamente conocida la situación infrahumana de los presidios guatemaltecos, donde sucede toda clase de delitos y transacciones comerciales pero no se evidencia la rehabilitación. Desde hace décadas, el sistema carcelario es conocido como “escuela de delincuentes” y es casi imposible que una persona logre rehabilitarse en las prisiones, donde por el contrario, quien ingresa por delitos administrativos, de tránsito o incumplimiento de obligaciones, termina contactando de una u otra forma con grupos criminales.
Dos casos ilustrativos son los de Jorge y Leonel (nombres supuestos). Jorge es un joven del interior, que no supera los 30 años y fue encarcelado por no pagar pensión alimenticia a su pequeña hija. Su actuación irresponsable y la posterior prisión obligaron a su madre a vender la casa familiar, situada en una colonia popular, para poder pagar las extorsiones a las que los pandilleros sometían a su hijo, a quien amenazaron con la violación si no les daba determinada suma.
Cuando la madre, quien trabajaba como maestra en una escuela pública, les expresó que ya no tenía nada para darles, la obligaron a introducir droga en la prisión. Como ella jamás había delinquido, mostró su nerviosismo cuando ingresaba la droga al penal y fue capturada. Actualmente, madre e hijo permanecen en la cárcel sin juicio.
Leonel es un poco mayor. A los 45 años fue capturado porque su esposa lo señaló de incumplimiento de obligaciones. Había abandonado el hogar con una mujer joven y luego de su captura, pandilleros del penal lo sometieron a toda clase de vejaciones y fue obligado a proporcionarles todos sus contactos telefónicos para extorsionarlos.
Ambos casos son reales y según la integrante de la asociación Padres por justicia, Elizabeth Quiroa, hay abundancia de situaciones similares documentadas. Para Quiroa, la manutención de los hijos es una obligación inherente a ser padre o madre.
“Sin embargo, algunos son irresponsables. Y es justo que la ley proceda con ellos. Y meterlos en prisión deja mucho más desprotegida a la familia y genera otros problemas. En primer lugar, estar encarcelados les impide cumplir con sus obligaciones. En segundo lugar, significa un costo para el Estado y adicionalmente, la familia paga extorsiones para mantener al recluido con un mínimo nivel de comodidad y seguridad”.
Según dice, es preciso que la justicia analice detenidamente cada caso y no debiera llegarse a tanto como meterlos a prisión. Es necesario apelar al Organismo Judicial y al Sistema Penitenciario para que encuentren alternativas, como sanciones, atención psicológica y la creación de una escuela para padres donde estos progenitores debieran adquirir conciencia de sus obligaciones.
El último factor contrario a que se encarcele como respuesta a la irresponsabilidad (y algunas veces, la dificultad de obtener un empleo), es que al salir de la cárcel, los hombres ya están estigmatizados y les será mucho más difícil encargarse de su familia, señala la profesional.
Entretanto, el ex director del Sistema Penitenciario y criminólogo, Edy Morales, concuerda con esta visión y afirma que “el delito de negación de asistencia económica debe tener medida sustitutiva de caución económica y no de arresto. El hombre debe pagar lo que adeuda, sin necesidad de prisión, que debe considerarse siempre en última ratio”.
