Mario Mérida, analista de temas estratégicos; Eddy Morales, criminólogo y el abogado Giovanni Fratti, exponen a Perspectiva su análisis y conclusiones sobre el arrendamiento de una propiedad que funcionaba como fiscalía en Gualán, Zacapa, y al mismo tiempo es propiedad de Waldemar Kehrt Trabanino, capturado el jueves por ser presunto líder de una banda de narcotraficantes, conocida como “Los pelones”.
Roxana Orantes Córdova
Durante dos días, uno de los hechos más comentados en medios masivos, pero especialmente en las redes sociales, es que el ente investigador del Estado guatemalteco, homólogo del FBI estadounidense, alquiló durante cinco años un inmueble que resultó ser propiedad de Waldemar Kerth Trabanino, alias El Patrón y supuesto capo de la banda de narcotraficantes llamada “Los Pelones”.
El Ministerio Público (MP), divulgó un comunicado donde asegura que el arrendamiento inició en 2017, “en la administración anterior”, y que tomaron la decisión de prorrogarlo por “ser un inmueble que reunía las condiciones necesarias”.
Sin embargo, el primer contrato tiene como fecha marzo de 2015 y el último, agosto de 2020. El monto de la renta se incrementó, de los Q. 84,000 durante los primeros tres años, a Q. 237,555.36 en 2020, cuando las restricciones por el coronavirus lesionaron severamente la economía nacional y se incrementó significativamente la desnutrición aguda en el país.
La propiedad de Kerth Trabanino se ubica en Gualán, ciudad natal de la ex “fiscal de hierro” Thelma Aldana. Se trata de una ciudad pequeña, con 871 km² y 45,663 habitantes. Es conocido que Aldana pasó la mayor parte de su infancia en Quetzaltenango, pero el dato se menciona porque parece increíble que siendo nativa del lugar, donde probablemente tenga familiares, no haya sido alertada, considerando que en las ciudades pequeñas “todo el mundo se conoce” y las propiedades de los narcotraficantes suelen ser vox populi.
Sumado a su origen zacapaneco, Aldana fue destacada en 2017 como “una de las personas más poderosas del mundo” por la revista Times y la prensa la presentaba como punta de lanza de la investigación criminal. Por ello, resulta mucho más surrealista que el puntal de la lucha contra la delincuencia y el crimen, quien además era obsecuente aliada de Iván Velásquez, no haya implementado siquiera un protocolo de seguridad para blindar al ente que dirigía contra situaciones como la mencionada, que se presta a ser calificada de “alianza criminal”, según los parámetros establecidos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
En cuanto a la actual titular del MP, Consuelo Porras, no está exenta del “pecado de omisión”, puesto que evidentemente el ente investigador no se tomó el trabajo de revisar la identidad de sus arrendatarios, a quienes les entregaban dinero proveniente del Presupuesto General de la Nación.
Hablamos con Mario Mérida, Eddy Morales y Giovanni Fratti para comprender los alcances e implicaciones de esta desagradable situación, que tiende a empañar las más de 25 capturas (entre los delincuentes, seis agentes de la Policía Nacional Civil) y los millones incautados el jueves por el MP, cuando aparentemente el ente investigador tuvo la muy desagradable sorpresa de encontrar que su capturado también era su arrendador.
“Inadmisible en una institución garante de la investigación”
Según expresa Mérida:
“Tal como se ha mencionado en otros casos, la responsabilidad jerárquica se debiera aplicar a los funcionarios en este caso. Un contrato de esta naturaleza es inadmisible en una institución garante de la investigación en el país. Sea un alquiler o una compraventa, se debe conocer la identidad del sujeto con quien se está negociando.
Guatemala adoptó la modalidad de extinción de dominio, que puede aplicarse a sujetos independientemente sean o no responsables. La existencia de esta medida agrava la situación del arrendamiento, que parece tener relación con el llamado “edificio fantasma”. En ese tipo de anomalía, en esa y otras instituciones, incluso en la iniciativa privada, se aplica la llamada cadena de mando.
¿Fue una deficiencia? Esto cae en el campo de la política de investigación criminal, que Thelma Aldana promovió como democrática. No se puede reducir la responsabilidad aduciendo desconocimiento, si una persona compra un carro usado averigua quien se lo vendió. ¿Será que en las dos oportunidades la sorprendieron a ella?”
Y agrega:
“La parte positiva es que se trata de una alerta para la actual fiscalía y otros funcionarios. Este hecho obliga a que el Estado revise todos los contratos de arrendamiento y adquisiciones que ha hecho. Muchos de esos contratos podrían estar fuera del marco legal”.
En cuanto a las implicaciones políticas del hecho, Mérida enfatiza en que ha habido un “silenciamiento de la noticia”.
“A veces, los medios le quedan a deber información al ciudadano común, a quien no le llega la información necesaria para que pueda hacer un balance. Por ejemplo, el retiro del antejuicio contra el juez Mynor Moto fue una de esas informaciones silenciadas”, explica.
Y el arrendamiento recién descubierto ha tenido poco perfil mediático porque “afecta a una persona refugiada en Estados Unidos. Hace falta que se divulgue información veraz, contextualizada, que se aleje de los libelos tan populares hoy en las redes y de cierto activismo mediático que amenaza a los presuntos corruptos con la pérdida de la visa o la embajada estadounidense. Que se termine con este tipo de información sesgada es necesario para contribuir con la gobernanza y generar la convicción de que la justicia funciona”.
Inmuebles: talón de Aquiles para la “fiscal de hierro”
“El reciente hecho demuestra que la gran lucha contra la corrupción es una farsa”, señala Fratti, quien considera que:
“Es lo mismo que sucedió con Billy Baltz y el edificio de la zona 5. Aldana hizo lo que quería, tuvo patente de corso en el MP. Sumado a este arrendamiento y la compra del edificio, es muy sospechosa esa donación que recibió de Qatar, por US$250 mil, que podría implicar alguna relación criminal”.
“Como presidente del Organismo Judicial, estuvo involucrada en un caso muy poco limpio contra el dueño de un hotel en la Avenida las Américas. Hay por lo menos cinco hechos delictivos que pueden comprobarse y en los que la ex candidata presidencial de Semilla está implicada. Sin embargo, los medios la siguen tratando con pinzas, usan eufemismos para referirse a los hechos que la señalan, y sigue siendo una vergüenza que EE.UU. le de refugio”.
Sobre el arrendamiento, Fratti considera que puede haber más de un delito, entre otros lavado de dinero, siguiendo la lógica implementada por la FECI, señala y agrega: “el abogado Moisés Galindo lleva tres años preso por un carro usado. Además de lavado, cometió abuso de autoridad, peculado y otros delitos. Y si no hubo delitos y complicidades, entonces es atroz aceptar la enorme ineptitud de la ex CICIG y funcionarios como el ex ministro de Gobernación Francisco Rivas, o el jefe de la FECI, Francisco Sandoval, quienes ni siquiera tenían un mapeo de las bandas de narcotráfico que operan en Zacapa y no pudieron alertarla”.
Fratti también recuerda que en la época en que el MP realizó el primer contrato con “el Patrón”, la FECI enfocaba sus esfuerzos en investigar a la hija de la fiscal Heidy Tamara de León, una niña de 9 años.
“La fiscal argumentó que era improcedente investigar a Antonio Coro, alcalde de Santa Catarina Pinula, pese a que el MP lo pedía, responsabilizando a Coro del hundimiento en El Cambray. Por esta negativa, la niña fue investigada, lo que es totalmente ilegal y resulta paradójico que en esos días el MP haya firmado un contrato con una banda criminal, supuestamente de forma inocente”.
“Muestra de la debilidad y vulnerabilidad institucional”
“No creo que Aldana haya estado implicada o sea responsable por completo. Tampoco estoy diciendo que sea una santa, pero el hallazgo del arrendamiento permite observar hasta dónde las estructuras criminales se han involucrado con el Estado, como una forma de asegurarse. Buscan este tipo de contratos como una forma de protección y compromiso”, señala Morales.
“Quedan destapadas la vulnerabilidad y la debilidad de las instituciones, que no manejan protocolos ni tienen procedimientos establecidos para investigar a sus contrapartes en las negociaciones. Quedó claro que en el MP esos protocolos o no se manejan, o no existen o son muy débiles. Es indispensable evaluar si la señora de Lossi era la persona idónea para ese puesto, igualmente su sucesor, quien firmó los otros contratos”.
“Además, el MP tiene ante sí la obligación de analizar todos sus contratos de arrendamiento y adquisición sobre todo de inmuebles: quiénes son los propietarios, si algún otro tiene vínculos con el crimen organizado”.
Según Morales, los criminales suelen acceder a alquilarle al Estado propiedades a un precio casi simbólico, porque su ganancia en estos casos no es monetaria, sino la seguridad que les da tener ese vínculo con quien los debe investigar.
“Además, es necesario que este caso sea investigado por la FECI. Se trata de una estructura criminal grande, con varios policías implicados y con varios años de experiencia. Además de la debilidad institucional, el caso evidencia el compromiso de la jefe de compras y su sucesor”.
Finalmente, Morales sugiere que el MP y otras instituciones del Estado deben tener especial cuidado en la selección de tres dependencias: Recursos Humanos, Área jurídica y Direcciones administrativo/financieras.
