El Gobierno de Trump ha decidido revocar las protecciones extendidas frente a la deportación para los venezolanos, lo que revierte una decisión de la era Biden y despeja el camino para hacer que más personas sean elegibles para la deportación. Esta medida afectará a más de 600,000 venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos, asestando un duro golpe a quienes preveían contar con esas protecciones hasta al menos el otoño de 2026.
Redacción Perspectiva
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció esta decisión el miércoles, explicando que el Gobierno de Trump no seguirá con la orden firmada por el secretario de Seguridad Nacional anterior, Mayorkas, que extendía la protección a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) durante 18 meses. Noem argumentó que esta medida permitiría a los inmigrantes «violrar nuestras leyes» y que el Gobierno de Trump no permitiría que esto sucediera.
La prórroga del TPS había sido otorgada a cientos de miles de inmigrantes residentes en Estados Unidos, incluyendo a los venezolanos, para protegerlos de la deportación durante otros 18 meses. Sin embargo, con la revocación de esta protección, los venezolanos se expondrán a la deportación en primavera. Esto ha generado una gran preocupación entre los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes, quienes argumentan que esta medida es injusta y que pondrá en peligro la vida de muchos inmigrantes.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) ha expresado su oposición a esta medida, argumentando que la deportación de los venezolanos sería un error y que el Gobierno de Trump debería reconsiderar su decisión. La directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas, ha señalado que los inmigrantes venezolanos han contribuido significativamente a la economía y la sociedad estadounidense y que su deportación sería un golpe para la comunidad.
La revocación de la protección para los venezolanos es parte de la agenda de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump, quien ha prometido endurecer las políticas migratorias y reducir la inmigración ilegal. Sin embargo, muchos expertos y defensores de los derechos humanos argumentan que esta medida es injusta y que no resolverá el problema de la inmigración ilegal.
