Diario Militar: ¿justicia, venganza o resarcimiento económico?

Las capturas que probablemente antecedan a un nuevo juicio de derechos humanos por sucesos del conflicto armado motivan diversidad de opiniones. Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT y Mario Mérida, ex director del Estado Mayor de la Defensa, consideran que el documento puede ser apócrifo y explican por qué.

Roxana Orantes Córdova

El 27 de mayo fueron capturados 11 oficiales retirados, con un promedio de edad aproximado de 80 años. El Ministerio Público (MP), informó así:

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“Personal de la Fiscalía de Derechos Humanos en coordinación con la Policía Nacional Civil, logró realizar 17 diligencias de allanamientos,  ejecutando 11 órdenes de aprehensión en contra de los sindicados dentro del proceso penal, quienes podrían llegar a tener responsabilidad de los hechos que se investigan”.

Para comprender algunos aspectos intentamos conversar con la fiscal del caso a quien le enviamos estas preguntas vía Whatsapp:

¿Qué organizaciones interpusieron la demanda? ¿Por qué fueron capturados los oficiales, si tienen suficiente arraigo comprobado en Guatemala, comenzando por la edad? ¿Los peticionarios buscan que el Estado pague el resarcimiento multimillonario que la CIDH ordenó en 2012? ¿Cuál es el monto total de ese resarcimiento?.

Todas estas interrogantes quedaron sin responder. La fiscal de Derechos Humanos asignada a este caso, Hilda Pineda, adujo que no tenía autorización del vocero.

«Para contestar a su interrogatorio debe gestionar en Comunicación y Prensa del MP a través del Jefe de esa dependencia, si me autorizan con gusto respondo», mencionó. Aunque el vocero le autorizó a declarar fue imposible volver a contactarla hasta entrada la tarde. Sin embargo, accedió a una entrevista más adelante, probablemente la otra semana.

Aunque en redes el panorama está caldeado por las capturas y fluyen las reacciones de uno y otro bando, la noticia no tuvo la trascendencia que posiblemente se esperaba, debido a diversos sucesos del contexto como la partida misteriosa del Ministro de Gobernación o la inminente visita de la vicepresidente estadounidense Kamala Harris, señala Mérida.

La demanda fue planteada por lo menos por tres organizaciones: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); Familiares y Amigos de Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA); Asociación Verdad y Justicia y los familiares de 26 de los que aparecen en el documento, quienes accionaron ante la CIDH representados por la Fundación Myrna Mack.

Al respecto, Mérida recuerda que se acude ante la CIDH cuando se han agotado las instancias nacionales, pero en este caso acudieron a la CIDH y años después llevan el caso ante la justicia guatemalteca.

El pago de resarcimientos por el conflicto armado es inconstitucional, señala Méndez Ruiz

Ricardo Méndez Ruiz dijo a Perspectiva:

«Las capturas efectuadas ayer son consecuencia de una sentencia de la CIDH, a pesar que existe una resolución emitida por la Procuraduría General de la Nación, en el sentido que la CIDH no puede entrar a conocer, mucho menos a dictar sentencias, en casos anteriores a la adhesión de Guatemala a ese organismo en marzo de 1987, y los hechos que se señalan en el supuesto diario militar son anteriores a esa fecha».

Méndez Ruiz considera que es un descaro que Mario Polanco (del GAM), esté involucrado en este caso, cuando es un personaje señalado por un desfalco en el Programa Nacional de Resarcimiento. «Y el hijo de Aura Elena Farfán (FAMDEGUA), recibiría a dedo un millón de quetzales», comenta el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, quien considera que estos actos han prostituido el conflicto armado interno.

«Además, el estratosférico resarcimiento que exige Helen Mack es inconstitucional, ya que la Constitución en su artículo 155 prohíbe el pago de resarcimientos a supuestas víctimas del enfrentamiento armado».

«Ni es diario, ni es militar»: Mario Mérida

Un diario militar es una especie de «cuaderno de campo» que utilizan los castrenses para informar sobre sus actividades diarias. En el caso del documento llamado eufemísticamente «Diario Militar», constituye una serie de fichas que para Mérida, bien podrían ser el registro de pasaportes o documentos de identificación que la guerrilla sacaba para sus miembros.

Al preguntarle sobre la metodología de inteligencia militar para la inteligencia biográfica, explica que «en inteligencia no se guardan archivos de esa naturaleza. En un conflicto o guerra formal, todos los ejércitos del mundo deben seguir el mismo protocolo para consignar las capturas de los enemigos. Dudo que el documento sea militar».

«La fuente es Kate Doyle. Ella estableció la veracidad del diario, asegurando que se lo había vendido un oficial del Ejército. Sin embargo no hay ningún otro elemento que avale esa versión, como tampoco hay ninguna prueba o indicio más allá de lo afirmado por Doyle, quien cometió algunas imprecisiones en otros momentos. Por ejemplo, aseguró que las FIL (Fuerzas Irregulares de Liberación) estaban compuestas por niños y ancianos, cuando es sabido que las integraban militantes que realizaban acciones armadas y se reintegraban a sus actividades luego de esas acciones».

El llamado Diario Militar tiene un valor exclusivamente político, señala Mérida, quien considera que la difusión mediática que tuvo desde 1999 buscó entorpecer que se le aborde desde el punto de vista legal, que es el único que debiera prevalecer en una situación como la actual, donde los veteranos capturados ya fueron señalados de delitos que ni siquiera han sido tipificados por un juez, comenta.

«Lo más importante en este caso es que todo sea en base a la legalidad, no a la ideología. Sospechar de la culpabilidad no es suficiente para ordenar el encarcelamiento de los militares. El MP debe presentar las evidencias y el juez tipificar y convertir esas evidencias en pruebas. De lo contrario se está hablando de un tema más político que legal».