Diario Militar ¿documento apócrifo o registro de la contrainsurgencia? Independientemente de lo que sea dicho archivo, el juicio con este nombre tiene más de un caso que supera cualquier absurdo. Por ejemplo, uno de los acusados lleva un año en la cárcel y es juzgado por supuestos delitos en lugar de un familiar. La intransigencia de Miguel Ángel Gálvez llevó al abogado del acusado a interponer una solicitud de antejuicio contra Gálvez, quien podría ser investigado por varias irregularidades en este proceso.
Roxana Orantes Córdova
El caso llamado Diario Militar espera la audiencia de presentación de pruebas, programada para el 5 de julio pero suspendida por el juez Miguel Ángel Gálvez, comenta Eddy Herrera, abogado defensor de Jacobo Esdras Salán Sánchez, quien de forma totalmente inconcebible, está preso hace aproximadamente un año por la aparente confusión de identidad entre él y su primo hermano, también coronel, Max Erol Rony González Salán.
Los 9 llevados a juicio ante el tribunal que preside Miguel Ángel Gálvez son:
Marco Antonio González Taracena, general de división retirado, ministro de Defensa entre 1995 y 1996, recientemente fallecido; Víctor Augusto Vásquez Echeverría, general de división retirado; Gustavo Adolfo Oliva Blanco, teniente coronel retirado; Juan Francisco Cifuentes Cano, teniente coronel de Policía retirado; Jacobo Esdras Salán Sánchez, coronel retirado; José Daniel Monterroso Villagrán, sargento mayor especialista retirado; Enrique Cifuentes de la Cruz, sargento mayor especialista retirado: Edgar Corado, sargento mayor especialista retirado y Rone René Lara, sargento mayor especialista retirado.
Quienes presenciaron el debate narran que no fue muy diferente de otros similares en los que se juzgan crímenes del enfrentamiento armado: el juez realizó una extensa exposición histórica, literaria y teórica, hubo testigos ausentes y anónimos, Gálvez fue inflexible y no dudó en exponer sus sentimientos respecto al Ejército y no se presentó ninguna prueba científica, exceptuando los documentos ya manidos que hacen referencia al enfrentamiento desde la perspectiva de la izquierda y tomando como base un documento que tiene muchas características de ser apócrifo, conocido como Diario Militar.
Tanto, que ameritó la producción de un texto (lleno de imprecisiones y generalidades), para probar su “autenticidad”. Este libro costó varios miles al Estado y fue impreso por instituciones gubernamentales durante la administración de Álvaro Colom.
El caso tiene algunas peculiaridades que podrían llevar a Miguel Ángel Gálvez al despeñadero, ya que Jacobo (o Jacob) Salán solicitó que se le retire el antejuicio debido a que se negó a resolver más de 10 objeciones que presentó Herrera, quien comenta que ya se dio trámite a la solicitud de antejuicio y está pendiente que la Corte Suprema de Justicia determine si procede el retiro de inmunidad.
Pero sobre todo: el Ministerio Público jamás investigó por qué Jacobo Salán es acusado, cuando se está señalando a un grupo del Estado Mayor Presidencial al cual Salán jamás perteneció. Y Gálvez no dudó en aceptar esto.
Prepotencia, emotividad y faltas al debido proceso, señala Herrera
Según el abogado, en primer lugar se comete un tremendo error con su cliente, al no aceptar que Jacobo Salán Sánchez nunca estuvo de alta en el Estado Mayor Presidencial (EMP), y cuando sucedieron los hechos que le achacan, se encontraba en la Escuela Kaibil, en Petén.
Salán Sánchez y González Salán tienen un 95% de parecido físico, según un análisis técnico que presentó el abogado defensor del coronel.
“Ni a mi cliente, ni a los otros acusados, se les menciona el día, lugar y circunstancias en que ocurrieron los hechos, lo que omite la obligación de acusar con modo, tiempo y lugar. No se les indica con precisión cómo cometieron el delito”, dice Herrera.
Además, el abogado menciona que el juez no dudó en exponer su rencor hacia la institución armada. En un momento dado, afirmó que “los militares no piensan”, aludiendo a que se limitaron a seguir órdenes.
Gálvez, además de juez, ha jugado el rol de fiscal, dando órdenes a los agentes del MP y corrigiéndoles la plana, explica el abogado.
Finalmente, el juez cometió una temeridad cuando Herrera le solicitó una audiencia de recusación y Gálvez respondió que se realizaría luego de la audiencia de presentación de pruebas.
Esto, señala el abogado, es insólito, porque luego de la presentación de pruebas no puede realizarse otra audiencia. Al conocer que Gálvez suspendió la audiencia, comenta que probablemente se realice la de recusación.
Una estructura militar cuyos integrantes se conocieron cuarenta años después
Salán Sánchez es acusado, entre muchos otros crímenes, de asesinar a su primo hermano Silvio Matricardi Salán, quien además era cuñado de Max Erol Rony González Salán, coronel activo en el Estado Mayor Presidencial cuando sucedieron los hechos y además, cuñado de Silvio Matricardi.
Actualmente, González Salán está prófugo y su primo hermano, Salán Sánchez, contra toda lógica, paga una acusación que pudo ser en su contra, por el cargo que ocupaba en el EMP.
Enrique Cifuentes de la Cruz y Edgar Corado son dos sargentos mayores especialistas retirados del EMP. Según indicó Cifuentes al abogado, ambos trabajaban en turnos diferentes y no tuvieron tiempo de interactuar cuando trabajaban en el EMP.
Mucho menos conocer a Jacobo Salán, quien permanecía en Petén, aunque sí conocieron a González Salán. Los tres insisten en que el Ejército tiene protocolos bastante estrictos y sería casi imposible que un oficial de Petén llegara a la capital a coordinar acciones contrainsurgentes clandestinas.
Según Herrera, el llamado Archivo del EMP se encargaba exclusivamente de la seguridad presidencial, como el llamado Servicio Secreto. Entre otras actividades, Cifuentes participó en la seguridad para la visita del Papa Juan Pablo II, el presidente de Israel y el Rey de España, entre otras personalidades.
Cifuentes estuvo de alta en los gobiernos de Eugenio Lauguerud, Romeo Lucas, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores . Estas tareas, de mucha responsabilidad logística, difícilmente permitan a quien las realiza ser parte de una banda paramilitar dedicada a ejecutar enemigos políticos del régimen, insiste el abogado.
“De esto hay pruebas, pero Gálvez no quiso aceptar ninguna”, expone Herrera. Cifuentes y Corado estuvieron largo tiempo recluidos en una bartolina, con otros dos de sus compañeros. Todos enfermaron de diferentes padecimientos.
Los tres ex militares se conocieron personalmente hasta que llegaron a juicio, acusados de ser parte de una estructura de élite que actuaba desde el EMP.
Diario Militar y los testigos increíbles
El testigo que señala a la supuesta estructura en el Archivo es anónimo y protegido. Su identidad es misteriosa y los acusados no saben si existe. Sumado a esto, dicho testigo no estuvo en el EMP al mismo tiempo que los acusados.
Sin embargo, de forma increíble, los señala con toda certeza y amplía la acusación hasta Salán, quien ni siquiera trabajó en el EMP. Por ejemplo, Corado indicó que se le señala de ser parte de un grupo de élite clandestino.
«Cuando el testigo llegó al EMP yo ni siquiera trabajaba ahí. Estaba en la Guardia Presidencial y antes fui soldado raso», dijo al abogado de Salán.
Pese a todo, los acusadores y el juez mantienen el nombre del testigo en total reserva. «Si por lo menos se supiera el nombre habría algún elemento», indican.
Otro testigo de este caso es Álvaro René Sosa Ramos, calificado como víctima en el caso Diario Militar y quien asegura que vio a Jacobo Salán entre sus torturadores. Según el diario militar, Sosa era encargado de la estructura militar del Frente Urbano de las FAR y logró escapar herido saltando la barda de la embajada de Bélgica, y luego de señalar a dos transeúntes de pertenecer a la guerrilla para poder salvarse.
El caso tiene demasiados hilos sueltos y otros muy enredados. Aparentemente, la principal motivación es el resarcimiento económico, que convierte a los familiares de los muertos en «beneficiarios», como si estas muertes al final les hubieran reportado algún beneficio.
La historia reciente necesita un esclarecimiento real, sin sesgos ni mentiras para ninguno de los dos bandos que se enfrentaron en un combate irregular durante casi cuarenta años. Las mentiras, distorsiones y eufemismos para lograr el objetivo del resarcimiento económico solo logran enturbiar el panorama de una historia plagada de traiciones, delaciones y muertes fratricidas.
