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sábado, junio 19, 2021

“Desde hace décadas, el sistema penitenciario atraviesa una crisis”

Sociólogo-criminólogo, docente universitario y ex funcionario del Sistema Penitenciario, Eddy Morales explica sus puntos de vista sobre el modelo carcelario de Guatemala y los muchos retos que tiene por delante.

Roxana Orantes Córdova

Con experiencia de primera mano, Eddy Morales es uno de los especialistas con mayor conocimiento del sistema penitenciario guatemalteco. Morales se graduó de Bachiller en la Escuela Politécnica y es un oficial del Ejército retirado que se especializó en diversos aspectos de la seguridad ciudadana y el diseño de estrategias de inteligencia.

Con pensum cerrado en Doctorado en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas, cuenta con Maestría y varios diplomados sobre temas de seguridad. En dos momentos de su carrera profesional fue director del Sistema Penitenciario y además, fue consultor para desarrollar los manuales de la Carrera Penitenciaria.

Entrevistado por Perspectiva, Morales expone cómo en el país se abusa de la prisión preventiva, lo que ha convertido al sistema en “un depósito de personas”, alejado de sus propósitos de rehabilitar y reinsertar a la sociedad a quienes transgreden la ley.

Asimismo, considera que “el sistema penitenciario está sobrediagnosticado y poco se hace para reformarlo”.

¿Cómo surge el sistema penitenciario en Guatemala?

En el caso de Guatemala, el Sistema Penitenciario inicia el 9 de julio de 1875, cuando la Municipalidad de Guatemala encargó al Señor José Quezada de visitar la cárcel de hombres y de corrección Santa Catarina, ubicada en la 3ª. Avenida y 5ª. Calle, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Luego, el General Justo Rufino Barrios, quien gobernaba en ese entonces, ordenó que se iniciara la construcción de la Penitenciaria Central, el 11 de enero de 1877. El lugar en el cual se inició la construcción era conocido como El Campamento. La obra fue inaugurada el 3 de octubre de 1892.

La Penitenciaría Central tenía capacidad para 500 reos. Sin embargo, a principios del siglo XX, ya había más de 1,500 hombres recluidos; cifra que fue creciendo hasta llegar en algunas ocasiones, especialmente durante los años comprendidos en 1954 y 1957, a 2,500 hombres.

La Penitenciaría Central fue clausurada en 1968, después de 87 años de regir como centro penitenciario nacional, debido a factores como, la falta de agua, la falta de trabajo, la organización y el hacinamiento, entre otros.

En el año de 1963, se crean las denominadas Granjas Penales, que se instalaron en el departamento de Petén, a fin de trasladar a la población reclusa de la ya demolida Penitenciaría Central; asimismo, se planificó la construcción de Granjas Penales en Escuintla y Quetzaltenango. La Granja Penal de Pavón, para los reos del área central de la República y que sería de carácter eminentemente industrial.

La Granja Penal de Cantel, en el departamento de Quetzaltenango, para reclusos de zonas frías y; la de Canadá, en el departamento de Escuintla, para internos de zonas calientes. Es durante la administración del presidente Enrique Peralta Azurdia en donde se inicia la construcción de las Granjas Penales.

¿Qué ley enmarca a este sistema?

El Decreto Número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, contiene la Ley del Régimen Penitenciario, entró en vigencia el 05 de octubre del año 2006; cuenta con 102 artículos y contiene disposiciones preliminares, Derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas reclusas; órganos administrativos, régimen progresivo; redención de penas y, régimen disciplinario.

El objeto del Sistema Penitenciario, se encuentra enmarcado en el Art. 02 de la misma ley, el cual debe tender a la readaptación social y a la reeducación de las personas privadas de libertad (PPL) y, cumplir con las normas que le asigna la Constitución Política de la República; así como los convenio y tratados internacionales en materia de Derechos humanos en los que Guatemala sea parte, también con lo dispuesto en las demás leyes ordinarias del país. Así mismo, esta ley establece los fines del Sistema Penitenciario, dentro de los cuales se debe de mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas en resguardo de la sociedad, así como proporcionar a las personas reclusas las condiciones favorables para su educación y readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo personal, durante el cumplimiento de la pena y posteriormente reintegrarse a la sociedad.

¿Cuál es el enfoque para modernizar las cárceles guatemaltecas?

Actualmente, todo enfoque penitenciario está orientado a la rehabilitación y reinserción social de los reclusos, con esa visión se impulsó el programa de rehabilitación de reclusos (PPL) en coordinación con los equipos multidisciplinarios de la Subdirección de Rehabilitación Social, basado en la aplicación del régimen progresivo adaptado al trabajo asociativo productivo (cooperativismo penitenciario) que dio muy buenos resultados durante la gestión que presidí, durante agosto 2008 a enero 2012, pero debido al cambio de gobierno, el programa fue suspendido. A partir del año 2016  se está impulsando un nuevo modelo de gestión penitenciaria apoyado por la cooperación estadounidense que se basa en la experiencia del sistema penitenciario de la República Dominicana, que si bien es un modelo digno de adaptar al guatemalteco, pero, debe resolverse primeramente las deficiencias de infraestructura, del hacinamiento, de la corrupción, de la carrera penitenciaria, del recurso humano e inversión de recursos financieros en la Política Nacional de Reforma Penitenciaria aprobada en el año 2015 que constituyen diez ejes estratégicos y siete temas transversales para transformarlo a un sistema similar al dominicano con el acompañamiento y seguimiento estratégico interinstitucional por parte de la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario (CONASIP).

¿Qué expresa un hecho como el sucedido en Cantel?

El sistema penitenciario de Guatemala ha estado en crisis desde hace mucho tiempo. El incumplimiento de los derechos básicos de los reclusos redunda en motines y rebeliones. La situación general es preocupante y las propuestas políticas de reforma brillan por su ausencia.

Durante los últimos años, se han producido varios amotinamientos carcelarios en el sistema penitenciario similares al ocurrido el miércoles 19 de mayo en el del Centro de Cumplimiento de Condena Cantel, también llamado, irónicamente, Granja de Rehabilitación Cantel ubicada en Quetzaltenango.

Ha habido muchos episodios de violencia que fueron publicados y comentados en los medios de comunicación y la opinión pública, evidenciando la falta de control de las autoridades penitenciarias a cargo del resguardo y custodia de la población recluida en los centros penales, donde los reclusos tienen el control real debido a la corrupción que impera en todo el sistema penitenciario, donde existe complicidad entre altas autoridades de la Dirección General, directores de los centros penales, guardias y reclusos, lo que advierte un escenario crítico para la institucionalidad.

Estos hechos se producen debido a una situación de descontrol donde el trasfondo que lleva a los motines y a las protestas carcelarias se basa en el poder y dominación que tienen los reclusos pertenecientes a estructuras criminales vinculadas con el crimen organizado, narcotráfico y pandillas delictivas (maras). Esto, como resultado de la falta de una efectiva clasificación de los reclusos según su perfil y peligrosidad criminal, así como una infraestructura obsoleta y un recurso humano insuficiente y deficiente que carece de una carrera penitenciaria e incentivos por mérito y, además, a un presupuesto escaso que no alcanza para invertir en la construcción de nuevos centros penales de mediana y máxima seguridad.   

Se abusa de la prisión preventiva, y por ello el sistema penitenciario se ha convertido en un depósito de personas donde la prisión, en lugar de ser el último recurso, se ha convertido en la primera opción y no la excepción a la norma, pudiendo aplicarse medidas alternas a la misma, lo que implica un crecimiento acelerado de la población reclusa.

El sistema penitenciario y sus 21 centros penales tienen una capacidad para 6,800 reclusos y, actualmente, el número se aproxima a 26,000 que representa un 400%, de sobrepoblación lo que produce un hacinamiento extremo.

En los últimos años, el incremento de la criminalidad en Guatemala fue atendido con políticas de encarcelamiento masivo. Esto significó una enorme presión sobre el sistema penitenciario sin aumento en la inversión presupuestaria necesaria para la construcción de nuevos centros penales para atender la demanda, por lo que se vio ampliamente superada por el aumento de la población carcelaria.

El problema es muy complejo porque, por un lado, los políticos se sienten obligados a atender los reclamos ciudadanos de más seguridad y prisión, pero por otra parte la prisión se ha agotado como mecanismo de solución de la criminalidad.

¿Este tipo de motines pueden ser distractores orquestados para desviar la atención de otro tipo de hechos?

Considero que no es así, sino es el resultado de un sistema penitenciario obsoleto y corrompido que refleja los problemas de criminalidad que sufre la sociedad guatemalteca y cómo las estructuras criminales han ido cooptando las instituciones de seguridad y justicia en Guatemala.

Hay un desfase que ha provocado un empeoramiento progresivo de las condiciones de vida en prisión. No solo en cuanto al hacinamiento, sino también en las condiciones de higiene, de seguridad y programas de rehabilitación efectivos entre otros, por lo que, en este contexto, el aumento de motines, la violencia carcelaria y disturbios se deben a reclamos por mejoras de la situación de los presos o bien a enfrentamientos entre las pandillas delictivas o maras y los grupos delictivos que controlan los mercados ilícitos de droga al interior de las prisiones con las estructuras criminales externas para satisfacer las demandas de las personas reclusas adictas.

Aunado a lo anterior, se suma la complicidad de las autoridades penitenciarias en confabulación con los reclusos que pertenecen al crimen organizado y al narcotráfico.

¿Qué mensaje dan las autoridades a la población al no explicar ni comunicar ningún dato sobre algo tan extremo como la masacre en Cantel?

En Guatemala diversas organizaciones de la sociedad civil, observadores penitenciarios y de derechos humanos han denunciado situaciones muy críticas en torno al sistema carcelario de nuestro país.

El sistema penitenciario está sobrediagnósticado y poco o nada se hace para reformarlo.

Esto implica la poca transparencia y falta de rendición de cuentas ante la población, ya que existen intereses corruptos de personas ligadas a cada gobierno de turno con reclusos pertenecientes, ya sea, a estructuras criminales vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico o a políticos partidistas que están cumpliendo condena y tienen participación e interés en negocios mafiosos, e allí el silencio que los hace cómplices y permisibles. No hay visión de Estado y ni siquiera institucional.    

En las cárceles coexisten tres grandes problemas. En primer lugar, la sobrepoblación. El segundo problema son las condiciones de vida en la cárcel debido al hacinamiento y el tercero son los recursos escasos y bajo control institucional, lo que desencadena la violencia al interior de las prisiones. En varias prisiones hay un autogobierno dentro de los centros penitenciarios, por lo que son los reclusos quienes tienen el control.

La sobrepoblación y el atraso en la inversión han generado que la seguridad de las prisiones se haya deteriorado rápidamente. Un ejemplo es la cantidad de reclusos por custodio en el Sistema Penitenciario guatemalteco que es de aproximadamente 13 reclusos por 01 guardia en comparación a la norma internacional que es de 05 custodios por cada persona privada de la libertad.

Esta debilidad institucional, sumada a un contexto de carencia de necesidades básicas, crea mercados ilegales de productos tales como la venta de alcohol, drogas ilegales o hasta sexo, que se comercializan en el interior de las prisiones y controlar esos mercados es controlar las mismas, lo que implica el autogobierno en sí mismo, debido a que esos mercados son manejados por grupos criminales organizados.

Hay rumores sobre implicación de autoridades en la extorsión, ¿cree que sin este tipo de implicaciones podrían darse los cobros extorsivos en prisiones?

Las personas recluidas en las prisiones constantemente son víctimas de cobros indebidos, exacciones y extorsiones (talacha). Y, muchas veces, los guardias penitenciarios, los directores de los centros penales y hasta las autoridades de turno están involucradas.

Por ejemplo: en el motín suscitado en Cantel hay varias hipótesis, entre estas están la falta de atención de las autoridades a las demandas de la población reclusa, los abusos y extorsiones entre reos y, hasta funcionarios penitenciarios. Así también el ataque armado contra la pareja de un recluso que está vinculado con el narcotráfico, lo que incomodó a otro grupo de reos y por ello habrían coordinado el ataque.

Lo anterior demuestra que existen indicios sobre autoridades penitenciarias vinculadas. Mientras no se corrija y se sancione penalmente a los funcionarios responsables y a los reclusos, continuará el abuso.

¿Cómo puede sanearse un sistema que no cumple su objetivo de reinsertar y rehabilitar?

Debe tomarse en cuenta que uno de los problemas criminales en una sociedad es la prisión en sí misma. Ha habido propuestas para solucionar la problemática penitenciaria, las cuales son una combinación de medidas preventivas, entre ellas están: que la cárcel no sea la única solución a todo tipo de delitos sino que se apliquen medidas alternas y la prisión solo sea como una opción de ultima ratio para delitos graves y de alto impacto, otra es invertir en programas de prevención social del delito, el monitoreo electrónico, el arresto domiciliar, el servicio comunitario y otros más.

Las cárceles se han convertido en escuelas del crimen en lugar de centros de rehabilitación y las políticas criminológicas de castigo solo agravan el entorno de violencia y delincuencia de nuestra sociedad. Cualquier medida preventiva es de largo plazo, por lo tanto son impopulares a corto plazo. Lo que significa que cualquier político que las aplique no verá sus beneficios.

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