En una visible advertencia a las decenas de jurisdicciones santuario de Estados Unidos, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales que investiguen a todo funcionario local o estatal que pueda interferir con las medidas del gobierno del presidente Donald Trump para hacer cumplir las estrategias migratorias y señaló que podrían enfrentar cargos penales.
Redacción Perspectiva
Según medios internacionales, el memorando, enviado por el secretario de Justicia interino Emil Bove, señala un cambio brusco respecto a las prioridades del gobierno demócrata del expresidente Joe Biden, y ordena a la división civil del departamento que identifique leyes y políticas estatales y locales que “amenacen con impedir” que se lleven a cabo las iniciativas de inmigración del gobierno de Trump, de cara a impugnarlas en los tribunales.
Además, se refiere a los fiscales que estarán en la primera línea de un esfuerzo de todo el gobierno para combatir la inmigración ilegal y el crimen fronterizo, y que deben llevar a cabo la visión política de la Casa Blanca republicana del presidente Donald Trump en lo que respecta a crímenes violentos, la amenaza de pandillas transnacionales y el tráfico de drogas.
“Es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas para cuya implementación el pueblo estadounidense eligió al presidente Trump”, cita Bove.
Cabe recordar que Trump ha emitido una serie de órdenes ejecutivas destinadas a sellar la frontera con México a la inmigración y, en última instancia, deportar a millones de migrantes que carecen de un estatus legal permanente en Estados Unidos. El mandatario también canceló el reasentamiento de refugiados y su gobierno ha manifestado que tiene la intención de procesar a funcionarios del orden público locales que no cumplan con sus nuevas políticas de inmigración.
