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lunes, noviembre 30, 2020

Déficit fiscal afectará instituciones de seguridad y justicia, dice CIEN

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Cada mes, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), presentan el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) y un tema del mes, que esta vez se refiere al presupuesto que el Estado asignará a las instituciones que integran el Flujograma de la Justicia Criminal analizadas por esta coalición.

Roxana Orantes Córdova

Según dio a conocer el investigador del CIEN Walter Menchú, el IDD se redujo en 0.6%. Esto sería consecuencia de la reducción de denuncias por delitos contra la propiedad: extorsiones, robo de vehículos, furgones y residencias.

Sin embargo, se incrementó levemente el subíndice de delitos contra personas: homicidios, secuestros y violaciones, que se incrementó en 0.4%. Pese a ello, “las buenas noticias son la menor cantidad de homicidios que se manifestó a la baja en septiembre, con 16 por cada 100 mil habitantes”. Esto es menor a lo reportado el año pasado.

Según el experto, es importante identificar las estrategias que funcionaron y las áreas geográficas que deben priorizarse, para disminuir los homicidios. La cantidad más alta en septiembre fue en Chiquimula, con 24 casos, mientras Zacapa, escuintla y Guatemala disminuyeron a 31% homicidios menos.

Un elemento a tomar en cuenta por las autoridades es que desde julio a septiembre, las extorsiones aumentaron drásticamente, señala el CIEN. En julio se reportaron 932 denuncias, en agosto 1,147 y en septiembre, 1,314.

En cuanto a los secuestros, el  CIEN afirma que:

“Asimismo, vemos que las denuncias por secuestros en la última década han bajado un 86%, pues de registrarse 124 en 2011, bajó a 34 denuncias en 2015, cerrando el año 2019 en 17 denuncias. A septiembre 2020, se registran 14 denuncias por este hecho delictivo”.

Presupuesto menor y con déficit fiscal

El tema del mes estuvo a cargo del investigador David Casaola, quien analizó el presupuesto 2021 de las instituciones denominadas de Justicia Criminal: PNC, INACIF, IDPP, MP, OJ y SP.

Según Casasola, para 2021: “De los Q.99, 700 millones, un 96% se destinaría a esas instituciones”. El COVID-19 fue un factor que motivó un “déficit fiscal histórico” y este año se aprobaron modificaciones presupuestarias para atender la pandemia, lo que incidió en las instituciones mencionadas.

“El presupuesto para las instituciones del Flujograma ascendió a Q.10,186.9 millones, representando un crecimiento interanual de 22.3% respecto al año anterior. Debido al aumento en Q.600 millones para financiar el aumento salarial de la PNC y a los recursos que se aprovisionaron gracias a la aprobación de dos préstamos por US$360 millones. El presupuesto propuesto para estas instituciones en el 2021 asciende a Q.9,543.2 millones, menor en 6.3% al de 2020”, señaló.

Deuda fiscal limitará la capacidad de maniobra

Casasola concluyó que la deuda fiscal limitará la capacidad de maniobra que permitiría esperar endeudamientos adicionales para financiar a estas instituciones, que presentaron expectativas de recursos mucho más altos de lo que les podría otorgar el presupuesto 2021.

Por ello, indica, se necesita incorporar una planificación estratégica internistitucional que considere las necesidades financieras como sistema. Si las instituciones se trazan metas y elaboran presupuestos de forma conjunta, esta herramienta “podría apoyar a identificar y liberar los cuellos de botella del sistema es el Flujograma de la Justicia Criminal, útil para retroalimentar esta necesaria coordinación interinstitucional y para propiciar que con los recursos disponibles, se logren mejores resultados en Seguridad y Justicia para los guatemaltecos”.

Conclusiones de la presentación

  • Durante el COVID-19 las Finanzas Públicas alcanzaron un déficit fiscal histórico. Existe un margen de maniobra muy limitado como para esperar endeudamientos adicionales para financiar a las instituciones del Flujograma.
  • En el proyecto de presupuesto de 2021 las instituciones del Flujograma han perdido participación, existen otras prioridades dentro del gasto público.
  • Mantener apoyo al sistema de salud, proyectos de infraestructura, reactivación económica son algunas de las prioridades.
  • Persiste una planificación institucional a nivel individual sin explorar un plan estratégico para el sistema de justicia criminal.
  • Los aumentos presupuestarios individuales no consideran la necesidad que crean en otras instituciones, ya que no se conciben como un sistema.
  • Se aprueban leyes que incrementan las responsabilidades de las instituciones sin asegurar el financiamiento necesario: “Ley de Banco de Datos Genéticos para Uso Forense”, “Reformas a la Ley de la Carrera Judicial”.
  • La situación de las finanzas públicas hace complicado que las instituciones del Flujograma logren incrementos sustantivos en sus presupuestos. Necesitarán emplear otras estrategias para alcanzar sus metas de mejora.
  • Necesitarán explorar oportunidades de mejora estableciendo una coordinación estratégica con otras instituciones.
  • El Flujograma de Justicia Criminal podría ser una herramienta útil para retroalimentar la coordinación interinstitucional.

Recomendaciones:

  • Funcionar como sistema, en donde todas las partes tienen un rol específico en los resultados.
  • Desarrollar un plan estratégico interinstitucional, que se tracen metas priorizando la reducción de delitos.
  • La Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia podría ser un espacio para considerar.
  • Utilizar el Flujograma de la Justicia Criminal como herramienta para identificar y liberar los cuellos de botella a nivel institucional y del sistema en su conjunto.
  • 4Incorporar la tecnología para ahorrar costos y aumentar la eficiencia de cada institución y la del sistema de justicia criminal.
  • Revisión, automatización y digitalización de procesos.
  • Generación de notificaciones digitales.
  • Programación y celebración de audiencias.
  • Uso del control telemático.
  • Facilitar el uso de herramientas cuantitativas para monitorear el desempeño de las instituciones del sector, vinculando la ejecución de recursos financieros a la generación de resultados.
  • El Sistema Integrado de Justicia –SIJ- desarrollado por CICIG podría actualizarse y utilizarse como punto de partida.
  • Publicar la encuesta de victimización y realizar otras de manera periódica.
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