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sábado, agosto 13, 2022

Coyuntura y proceso electoral. Antesala de cambios sin discusión alguna

Mario Mérida. Escritor, comunicador y docente universitario

Desde la Independencia hasta nuestros días, el país ha vivido en constante supervivencia como Estado democrático, debido al sistema electoral vigente;   desempeño administrativo de los funcionarios en la administración pública; fracaso de los organismos de control; cultura democrática de los guatemaltecos y el poder financiero de dos o tres partidos políticos, con capacidad de pautar masivamente en los medios de comunicación, con lo cual anulan a los partidos menos acaudalados.

La poca credibilidad en el sistema electoral ha dado pie para crear en la mente de los guatemaltecos la sospecha de un posible fraude en las próximas elecciones (25/06/2023), en la que se estima la participación de veinticuatro o más partidos, que serán convocados oficialmente el próximo año (Enero/2023). Sin embargo, a pesar de las dudas existentes en la pureza del proceso electoral, no se conoce de una campaña del Tribunal Supremo Electoral orientada a tranquilizar a los guatemaltecos.

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A lo anterior se suma la decepción de algunos actores foráneos, nacionales, sectoriales y personas individuales interesadas en la designación del profesional al cargo de Fiscal General, ante la confirmación de la doctora Consuelo Porras, como Fiscal General (2022-2026), por el presidente Giammattei.

Nos guste, o no la decisión del gobernante es irreversible. Lo que por supuesto, molestó a más de alguno (as) de los interesados, incluyendo al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, quién expresó: “La reelección de Porras es un paso atrás para la democracia en Guatemala (elPeriódico. 24/05/2022). Que algunos analistas tomaron como base para pronosticar, sanciones más severas para Guatemala en detrimento de las ya débiles relaciones entre ambos Estados. Sin embargo, dos días después se conoció de la invitación al presidente para asistir a la “Cumbre de las Américas”.

Los otros relevos pendientes en dependencias públicas -Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Procuraduría de los DD.HH, Contraloría General de la Nación, Rectoría de la USAC- son de menor interés para la comunidad internacional y la ciudadanía, pero, no por ello dejan de trascender mediáticamente y causar cierto descontento en los guatemaltecos; insumos generadores de ingobernabilidad…, efecto no deseable en momentos que el país retorna a la normalidad.

Los sucesos de mayor relevancia durante las dos últimas semanas que cierran el mes de mayo fueron sin duda la reelección de la Fiscal General; las controversias y acusaciones de fraude en la elección del rector de la USAC; la tercera orden de captura contra la exfiscal del Ministerio Público Thelma Aldana, para unos exiliada y para otros fugada con otros exfuncionarios de la CICIG, por diferentes delitos. En el caso de la licenciada Aldana son falsedad en la declaración jurada patrimonial material y defraudación tributaria (elPeriódico. 24/05/2022); la violencia armada y finalmente la invitación de la Casa Blanca al presidente Alejandro Giammattei, para asistir a la cumbre convocada por el presidente Biden en los primeros días de junio, desconociéndose si asistirá el presidente Giammattei o designará al Ministro de Relaciones Exteriores.

Para los pocos guatemaltecos que se mantienen al día con la situación de nuestro país, no es un secreto que los intereses del gobierno de EE.UU, por la situación de gobernabilidad en los países en su área de influencia -Canadá, México, Centroamérica y Panamá-, le mantienen en alerta acerca de los riesgos de ingobernabilidad e inestabilidad. Sin embargo, las acciones que históricamente han tomado republicanos y demócratas sancionando a los gobiernos, han impactado negativamente en las frágiles democracias Latinoamericanas. Además, que amplían el poder del crimen organizado, tal como lo expresó hace tres años el exembajador McFarland “… la reciente decisión del gobierno estadounidense de retirar el apoyo a los países del Triángulo Norte indirectamente favorecería al crimen organizado, las pandillas y la corrupción” (elPeriódico. 21/14/2019).

La decisión del presidente Biden, de invitar a la cumbre aquellos gobiernos con los que tienen más de una diferencia, por la conducción interna de sus asuntos internos resulta acertada. Queda en manos de los Jefes de Estado, que no comulgan con la forma de hacer política internacional del gobierno norteamericano, presentar diplomáticamente las razones de su malestar por la continua aplicación de la ley del garrote[1], aplicada a los gobiernos locales -periféricos- incapaces de resolver sus asuntos internos desde el punto de vista del gobierno de EE.UU, que en ocasiones resolvía con invasiones o promovía golpes de Estado, algo no tan

lejano, si recordamos la abrupta salida de Zelaya (2009)[2][3], promovida por Hilary Clinton.


[1] Castro Peña, Yeni 2007. El mito Roosevelt para América Latina (1901-1909). “El período de gobierno de Theodore Roosevelt es más conocido como el período de la política del gran garrote para América Latina, cayendo muchas veces en la generalización de ver a los países al sur de Estados Unidos como un todo uniforme, lo cual ya para nuestro personaje era un error, Theodore supo distinguir Centroamérica de Sudamérica”.

[2] Giammattei se queja de embajador de EE. UU. y asegura que pedirá el retiro de USAID. Por: Evelin Vásquez/elPeriódico Publicado 26-05-22.

[3] Obama: «Washington en ocasiones debe torcer el brazo a países para lograr sus objetivos». portal estadounidense Vox. 11 febrero, 2015. https://albaciudad.org/2015/02/obama-washington-en-ocasiones-debe-torcer-el-brazo-para-lograr-sus-objetivos-video/

 

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