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viernes, septiembre 10, 2021

Constitucionalistas explican fallo de la CC

Los abogados Edgar Ortiz y Rolando Alvarado explican una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ha sido objeto de “distorsiones y desinformación”, dio a conocer el interponente de la acción ante la CC, Julio García-Merlos García, a través de un comunicado. La CC también se refiere al fallo en otro pronunciamiento a través de sus redes, detallando un fallo que a todas luces, fue malinterpretado.

Roxana Orantes Córdova

Todo inició con una nota informativa breve que circuló en redes informando que, con una sentencia de la CC quedaba desmantelado el aparato judicial para perseguir a los corruptos. Pronto, otro medio fue un paso más allá y contextualizó la supuesta decisión de la CC (eliminar la prisión para delitos de corrupción), con “Las acusaciones al Presidente por el caso “Alfombra mágica o alfombra rusa”.

La “sociedad civil” encendida por medios y redes, no tardó en hacer eco de la versión, probablemente sin haber leído la sentencia, tal como acota García-Merlos en su comunicado.

Por ejemplo, un grupo denominado Waqib´Kej escribió en su cuenta de Twitter:

“Corte de Constitucionalidad legaliza la corrupción. No es delito, no merece cárcel. Así celebran su #Bicentenario los magistrados de la @CCGuatemala, como los “próceres” de la independencia cuando oficializaron el despojo y saqueo de los pueblos indígenas hace 200 años”

Muchos otros activistas, organizaciones y analistas se pronunciaron en un sentido similar, aunque al parecer ninguno se tomó el trabajo de leer la sentencia (por otra parte, materia para constitucionalistas, no para ciudadanos comunes, aunque se trate de personas con las mejores intenciones).

Por ejemplo, el ex comisionado Iván Velásquez, cuya cuenta de Twitter se mantiene pendiente de los sucesos en Guatemala, aseguró que la sentencia de la CC ofrecía a los corruptos: “borrón y cuenta nueva”, a cambio de una multa.

El colombiano se aventuró a calificar a Guatemala como un “estado narcocleptocrático”, repitiendo un estribillo propio de determinada tendencia político-ideológica.

Sin embargo, tanto la CC como el interponente y los dos abogados consultados (uno afín a la CICIG, el otro uno de sus opositores más connotados), coinciden en que la sentencia es coherente con los principios de constitucionalidad.

Para comprender un poco la naturaleza de la sentencia, así como para esclarecer mínimamente lo que según Rolando Alvarado fue una “distorsión intencional”, consultamos a los abogados Ortiz y Alvarado, además de revisar los dos comunicados mencionados.

“Devuelve a los jueces una función importante”: Ortiz

El asesor jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, considera que:

“La CC resolvió sobre un texto impugnado, producto de las reformas al Código Penal en 2012 y relativo a delitos cometidos en la administración pública. No todos los delitos tienen la misma gravedad. Por ejemplo, cometer ultraje contra los símbolos patrios es un delito, pero no tiene la misma gravedad”.

Este es el aspecto central de la sentencia, según Ortiz, quien menciona: “en mi opinión hay un poco de confusión”, al señalar que algunos corruptos podrían ser favorecidos.

“Sin embargo, devuelve al juez la importante tarea de decidir”, señala y explica:

“En el ámbito del servicio público, el soborno se denomina cohecho activo (doy) o pasivo (recibo). Al juez le corresponde determinar la pena para ese tipo de delitos. Es una función brutal y se está hablando de un esquema grande. No significa que todos los acusados de corrupción vayan a salir a la calle a hacer fiesta. Es la devolución de una función muy importante a los jueces”.

“Distorsión intencional”, señala Alvarado

“Los medios utilizaron como medio de ataque un fallo de la CC que es acorde a los preceptos constitucionales, especialmente con relación a la proporcionalidad de la pena. El juez está obligado a atender a la proporcionalidad”, dice Alvarado.

El abogado también menciona que cuando delitos que ameriten penas menores de cinco años se convierten en inconmutables, se pierden principios como la igualdad y la proporcionalidad, desnaturalizando la ley.

Consultado sobre el motivo para que un equívoco tan relevante haya sido replicado por tantas voces, Alvarado dice:

“Fue una distorsión intencional. Incluso periodistas con conocimientos jurídicos replicaron esa versión. Es obvio que había una intención en atacar a la CC a través de este fallo, que es eminentemente resultado de una debida interpretación de la Constitución Política de la República”.

García-Merlos G: “Lo invito a que lea la sentencia completa”

El abogado interponente de la acción de inconstitucionalidad resuelta el 2 de septiembre, Julio Roberto García-Merlos García, compartió un comunicado en el que expone:

“Ante la desinformación promovida por varios medios de comunicación y por personas sin conocimiento especializado en Derecho Constitucional o Derecho Penal considero necesario explicar una sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad el 2 de septiembre de 2021 dentro del expediente 4099-2020, Inconstitucionalidad General Parcial de la que fui postulante”.

El comunicado contiene los siguientes puntos:

“1. La referida sentencia declaró inconstitucional el inciso séptimo del artículo 51 del Código Penal referente a la imposibilidad de conmuta para delitos contra la administración pública y la administración de justicia.

2. La conmuta es una institución en virtud de la cual una pena se sustituye por una pena menos grave. En este contexto, se trata de sustituir la pena de prisión por una pena de multa siempre y cuando la pena no sea mayor a cinco arios. La conmuta únicamente es admisible cuando la pena de prisión no supera los cinco arios.

3. La corrupción es tradicionalmente definida como utilizar el poder público para beneficio

propio. No todos los delitos contra la administración pública y la administración de justicia

son delitos contra la corrupción; a manera de ejemplo se citan los siguientes: Desobediencia, Desorden público, Ultraje a símbolos nacionales, Violación de sellos, Consumo ilícito de bebidas alcohólicas, Acusación y denuncia falsas, Simulación de delito, Autoimputación, Omisión de denuncia, Perjurio y Falso testimonio.

4. Por ende, el inciso séptimo del artículo 51 del Código Penal referente a la imposibilidad de conmuta para delitos contra la administración pública y la administración de justicia no era congruente con su finalidad: la lucha contra la corrupción.

5. La norma general del Código Penal que prohíbe la conmuta para delitos con una pena mayor a cinco años sigue vigente. Por lo tanto, cualquier condena que supere los cinco arios en estos delitos seguirá siendo inconmutable, como en los casos de los delitos que

tradicionalmente se asocian con la corrupción: cohecho, peculado, malversación, abuso de

autoridad, fraude y tráfico de influencias.

Los principios de razonabilidad y de proporcionalidad son principios fundamentales en un Estado de Derecho y su propósito es defender a los ciudadanos de abusos de poder, como lo son las penas desmedidas. Estos principios son internacionalmente reconocidos y no dependen de ideologías politicas.

No se deje llevar por quienes promueven la desinformación.

Lo invito a que lea la sentencia completa y forme su propia opinión”, concluye el comunicado.