CIDH afirma en su último informe que Guatemala vive bajo una dictadura similar a las de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El documento tiene varias aristas, que pueden interpretarse o usarse dependiendo de la perspectiva desde donde se observe el texto. Según Secil de León, el mandatario Alejandro Giammattei busca «transformar el ataque de un adversario en sinergia para sus fines».
Redacción Perspectiva
CIDH percibe a Guatemala como una de las peores dictaduras continentales. El informe parece confuso, porque simultáneamente lamenta las obstaculizaciones gubernamentales contra la extinta CICIG y señala la prevalencia de la infame «prisión provisional extendida», creada por la estructura judicial que la CICIG implantó en Guatemala.
Aunque los jueces de Mayor Riesgo, como Miguel Ángel Gálvez, fueron implacables en impedir las medidas sustitutivas y extender los plazos entre audiencias durante meses y años, dichos jueces son las víctimas mencionadas en el informe de la CIDH, según el cual estos operadores de justicia son criminalizados (aludiendo, probablemente, a las acusaciones en el abuso de la prisión «provisional».
El texto también alude a los peligros y censuras que sufren los periodistas, si bien no menciona casos ni nombres concretos, exceptuando el crimen contra dos reporteros hace unos años.
Secil de León, analista político y docente universitario, tiene una interpretación interesante, más que del informe, del contexto que lo rodea y la probable ventaja que pudiera obtener, según considera, con base en sentencias de la CIDH.
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Según De León:
«El mundo entero está en un momento de crisis, crisis mundial por donde se le mire. Los ojos de los medios del mundo están puestos en el conflicto Rusia-Ucrania y la tensión entre China y Estados Unidos en el estrecho de Taiwán.
Si alguna vez Guatemala ha importado al mundo, poco importa ahora, exceptuando la campaña electoral estadounidense, precisamente por la criminalización de los migrantes; las remesas que son miles de millones de dólares exportados a Guatemala y sobre todo los negocios gringos en Guatemala.
Las irregularidades en el proceso de elección de magistrados de la CC para el periodo 2021-2026 y el aplazamiento de elección de Magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones 2019-2024 coincide con la noticia de la contratación de una firma estadounidense de abogados para cabildear, pagados con fondos públicos por parte del presidente de la República.
Esto, para encontrar un vericueto legal que, basado en las sentencias de la CIDH, consiga una orden judicial nacional con la que pueda obligar al Congreso a elegir a sus magistrados para garantizarse la impunidad al menos otros cuatro años cuando ya esté fuera del ejercicio del poder presidencial. Transforma el ataque de un adversario en sinergia para sus fines. Una sentencia de un tribunal de derechos humanos es usada como pretexto para la configuración de un manto de impunidad asegurado a futuro».
