CC denegó el amparo solicitado por Miguel Ángel Gálvez, quien buscaba evadir la investigación en su contra con un recurso de amparo, tal como muchos de sus colegas y funcionarios afines lograban hace apenas un par de años. Sin embargo, parece que terminó la era de los amparos «exprés» y Gálvez deberá enfrentar la investigación, como cualquier funcionario.
Redacción Perspectiva
La Corte de Constitucionalidad (CC), con el argumento de que no se dan los supuestos para otorgarle amparo al juez Miguel Ángel Gálvez, denegó al jurista la medida que buscaba evitar la investigación en su contra.
Gálvez será investigado porque de forma unilateral decidió emitir un documento donde prácticamente creó la figura de «prisión provisional», que para muchos abogados es una aberración jurídica pero en cualquier caso, es una extralimitación ya que solamente el Congreso tiene la potestad para modificar las leyes, a través de los procedimientos establecidos.
¿Antejuicio es persecución?
La solicitud de antejuicio contra Gálvez es percibida por sus admiradores como una grave amenaza y violación contra sus derechos. Sin embargo, desde otra perspectiva se considera que el antejuicio, su retiro y la consiguiente investigación es únicamente un procedimiento administrativo judicial que permite al señalado presentar todas las pruebas de descargo pertinentes y salir limpio cuando es inocente.
En la página Antejuicio Visible se detallan los nombres de varios funcionarios y cuántos antejuicios se solicitaron en su contra, y es sorprendente la cantidad de denuncias que suelen acumular, sin que ningún medio tome en cuenta el hecho ni el señalado se considere víctima de persecución.
Ya no más amparos a la medida
El recurso de amparo provisional sirvió a muchos funcionarios para blindarse contra cualquier investigación y es un hecho que la CC pasada abusó de este recurso, favoreciendo sin motivo aparente a personajes que parecían cercanos a ciertos magistrados.
Por ejemplo, Jordán Rodas solía obtener amparos provisionales en tiempo récord y el abuso de la figura llegó al colmo de que magistrados de la CC se auto ampararon, para evitar el antejuicio.
Al parecer, terminó esa era y actualmente, los funcionarios contra quienes se plantee una solicitud de retiro de investigación bien fundamentada, deberán responder a los señalamientos con pruebas, lo que les permitirá limpiar su nombre y despejar las dudas en el marco de la ley.
