La noticia de que proveedores del Estado y dueños de comercio recibieron el Bono Familia, se convierte en otro frente de críticas contra el gobierno, que en este programa, como en la mayor parte de acciones relacionadas con la pandemia, ha mostrado improvisación y contradicciones.
Redacción Perspectiva
Una de las primeras medidas anunciadas por Alejandro Giammattei en relación con el COVID-19, fue la creación del llamado Bono Familia, transferencia monetaria de Q3 mil (divididos en tres pagos mensuales), que se destinaría a las familias que demostraran un consumo reducido de energía eléctrica hasta febrero.
En su reciente visita a Occidente, el mandatario dijo: “Gracias al trabajo de todos, los programas están llegando a las familias más necesitadas en Guatemala. #BonoFamilia apoya a los guatemaltecos que se vieron afectados por esta pandemia”.
Sin embargo, el criterio del Ministerio de Desarrollo, que se basó en las facturas de energía eléctrica, privó a más del 60% de municipios en extrema pobreza de aplicar al beneficio.
Sin embargo, la realidad parece contradecir lo declarado por el presidente, y pronto, los Q6 mil millones destinados al pago en el Decreto de Estado de Calamidad resultaron insuficientes. Como todas las políticas relacionadas con el abordaje a la pandemia, el Bono Familia ha sido objeto de diversos cambios, desde la reducción del monto a recibir a la declaración de “insolvencia”.
Sumado a lo anterior, desde el inicio se reportaron denuncias sobre robos de recibos y cobros de la transferencia por propietarios de viviendas. Se incrementó el número de beneficiarios, que luego se redujo y posteriormente, se mencionó que el fondo alcanzaría para dos meses de Q1 mil y uno de monto menor.
Todos estos factores han motivado desconfianza y desencanto para los guatemaltecos que sí necesitan, mientras hoy se conoce por los medios de comunicación, que comerciantes y proveedores del Estado ya lo recibieron.
La noticia pronto generó diversidad de comentarios en redes sociales, donde el tema es el principal cuestionamiento de hoy contra una propuesta, probablemente bien intencionada, pero que en la práctica se ha convertido en foco de acciones que privan a los más necesitados de un beneficio paliativo para la enorme crisis económica y el desempleo nacional.
