En su despedida de Guatemala, el embajador de EE.UU. dijo a los medios que el momento más difícil de su gestión fue la salida de la CICIG. Hoy, Perspectiva presenta una reseña sobre la estancia de ese ente que recibió US$167 millones en 11 años y cuyos procesos judiciales siguen siendo cuestionados por ciudadanos a quienes los afines a la CICIG califican como “redes criminales”.
Roxana Orantes Córdova
El embajador estadounidense Luis Arreaga partirá de Guatemala luego de una larga despedida que incluyó un “tour” durante el cual fue distinguido en instituciones como la Universidad Rafael Landívar (URL) y sostuvo reuniones con funcionarios, entre ellos el vicepresidente Guillermo Castillo y miembros de grupos civiles afines a su gestión, que según ha reiterado, estuvo marcada por el apoyo a Guatemala en el combate contra la corrupción y la contribución a la “búsqueda de prosperidad, seguridad y gobernanza para los guatemaltecos”.
Arreaga manifestó que siempre estuvo comprometido con “apoyar a los guatemaltecos a superar los desafíos que permitan un país libre de corrupción, con mejor rendición de cuentas y un sistema de justicia eficiente para todos”.
El diplomático también mencionó el apoyo a la seguridad fronteriza y el fortalecimiento del sistema de justicia, todos estos ejes del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que puede visualizarse en este enlace: https://bit.ly/3iqphQj
La CICIG era un actor clave para la implementación de dicho proyecto, y Arreaga señaló que si bien “no fue perfecta, el saldo de sus acciones fue positivo para Guatemala”. Arreaga también afirmó que la salida de esa comisi
El penalista y constitucionalista Omar Barrios, quien ganó un caso contra la CICIG, mostrando una serie de irregularidades cometidas por esta y la FECI, señala en su cuenta de Twitter: ·
“La salida de la CICIG la provocó la ambición, abuso del poder punitivo internacional y nacional, usando millones de euros para casos distorsionados, por intereses de poder e impunidad ¿Odebrecht? con el silencio cómplice de medios y analistas…”
El nuevo embajador nombrado por Trump, William Popp, ha expresado su compromiso con los mismos temas que mencionó Arreaga. Sin embargo, el abordaje de las migraciones ilegales será radicalmente diferente dependiendo de los resultados electorales en EE.UU.
Si Trump se reelige cabrá esperar el impulso al acuerdo de Tercer País Seguro mientras se relega el plan que tanto promovió Biden cuando era vicepresidente. Obviamente, si triunfa Biden, se podría reactivar el Plan para la Prosperidad, ese intento de política desarrollista que incluye injerencia en la normativa vigente en Guatemala.
¿Cómo fue el mandato de la CICIG y qué resultados tuvo? En la búsqueda de responder esta interrogante, aportando algunos antecedentes para los lectores, Perspectiva reseñó varios documentos y notas periodísticas. A continuación, esta reseña:
CICIG: “mucho ruido y pocas nueces”
Derivada del acuerdo de paz llamado Fortalecimiento del Poder Civil y Papel del Ejército en una Sociedad Democrática, firmado entre el Estado y la guerrilla en 1996, se creó la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en diciembre de 2006.
Inicialmente, se pretendía instalar una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), aunque esto provocó un álgido debate entre constitucionalistas, quienes afirmaban que el acuerdo contenía varias inconstitucionalidades, y grupos de la sociedad civil, que señalaban: “De acuerdo con normas internacionales de derechos humanos es tarea urgente e impostergable”.
Por varias inconstitucionalidades que le valieron el rechazo de la Corte de Constitucionalidad (CC), el acuerdo de creación debió ser modificado y el ente que reclamaban las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y algunos políticos de izquierda pasó a llamarse Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que obtuvo dictamen favorable de la CC y fue ratificado por el Congreso en agosto de 2007.
Entre 2007 y 2018, la CICIG recibió donaciones por un total de US$167 millones. Sus principales donantes fueron la Unión Europea, Suecia y EE.UU., que aportó más de US$37 millones.
El primer comisionado, Carlos Castresana, es un abogado español calificado por los medios como “show man de la justicia” y cuyo logro más emblemático fue el caso Rosenberg, que con el tiempo terminó desmoronándose por el uso de testigos falsos, “colaboradores eficaces” que confesaron ser presionados y dos acusados finalmente absueltos: los hermanos Valdés Paiz.
En 2010, Castresana renunció por desacuerdo con el nombramiento de Conrado Reyes (a quien señaló de vínculos criminales), como Fiscal General. Álvaro Colom, fuertemente presionado por organizaciones civiles, rectificó la plana rápidamente, destituyendo a Reyes para nombrar a Claudia Paz y Paz, una de las abogadas que trabajó en el informe REMHI del Arzobispado.
En 2019, Paz y Paz fue nombrada directora del programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ONG cuyo Consejo Directivo es presidido por Helen Mack y donde trabaja María Eugenia Molina Theissen en el área administrativa. La página de CEJIL está en el siguiente enlace: https://bit.ly/3l5L41e
El segundo comisionado fue Francisco Dall’Anese, ex Fiscal General de Costa Rica y conocido como “zar antidrogas”, quien renunció en 2013, por desacuerdos con el gobierno de Otto Pérez Molina, luego de que el comisionado afirmara que Efraín Ríos Montt había logrado una anulación ilegal de su sentencia.
Durante su gestión, Dall’Anese aseguró que había obtenido “pruebas contundentes” por los casos Pavo Real y Plan Gavilán (o ejecuciones extrajudiciales). Sin embargo, la Audiencia Nacional de España demeritó dichas pruebas. Otro de sus casos fue el conocido como “jueces de la impunidad”, donde señaló, entre 18 jueces, a Thelma Aldana y Gustavo Bonilla por vínculos con operadores que incidían en las comisiones de postulación, en noviembre de 2012.
Asimismo, logró la captura y extradición a EE.UU. de Alfonso Portillo (quien lo calificó de fascista) y la captura de Marlene Blanco Lapola, ex directora de la Policía Nacional Civil (PNC) y hermana del diputado Orlando Blanco Lapola, señalada por la CICIG de liderar un grupo que cometía ejecuciones extrajudiciales. En 2019, el ex “zar antidrogas” se vio envuelto en un escándalo en Costa Rica, donde fue señalado de malos procedimientos judiciales.
El sustituto designado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), fue Iván Velásquez, abogado colombiano conocido en su país como acérrimo enemigo del ex presidente Álvaro Uribe y al mismo tiempo, afín a las FARC. Velásquez fue el comisionado que además de permanecer más tiempo en Guatemala, configuró un equipo profesional más numeroso y tuvo mayor protagonismo que sus predecesores.
Una característica en la gestión de Velásquez, es que rápidamente pareció olvidar las tachas de Dall’Anese contra Thelma Aldana, a quien convirtió en su aliada durante la coyuntura de 2015 que concluyó con la defenestración de Otto Pérez Molina, quien permanece en prisión y habría nombrado a Aldana por tráfico de influencias.
Un elemento común a los tres comisionados, es que a su salida del país coincidieron en afirmar que dejaron significativos avances en el fortalecimiento de las capacidades investigativas del Ministerio Público.
Varios analistas políticos, entre ellos Mario Roberto Morales, de izquierda, afirmaron que el movimiento contra Pérez se originó en que este no accedió a la exigencia del vicepresidente Joe Biden, quien pretendía extender el mandato de la CICIG.
Esto, en un contexto en el que el gobierno estadounidense impulsaba el Plan Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte, concebido para reducir las migraciones ilegales a EE.UU. fomentando el desarrollo económico con un desembolso de US$700 millones para Honduras, El Salvador y Nicaragua, que debían erradicar la corrupción, incrementar impuestos, crear una red energética regional y desarrollar la infraestructura.
Para el gobierno estadounidense, la CICIG y entes similares en los países centroamericanos serían los aliados perfectos en la implementación de este proyecto, que incluía cambios en algunas leyes.
Sin embargo, luego de la efervescencia por el derrocamiento de Pérez Molina, el “despertar ciudadano” se apagó y el presidente electo en EE.UU., Donald Trump, modificó su política hacia la región, con lo que el desembolso de fondos para implementar el Plan Alianza Para la Prosperidad quedó relegado para dar paso a propuestas como el acuerdo “Tercer País Seguro”.
Entre los casos emblemáticos de Velásquez está IGSS-Pisa, cuyo fallo fue anulado en 2019 “por errores del Tribunal Undécimo de Sentencia”, según la Sala Tercera de Apelaciones.
Otro de los casos fue el llamado Migración y Corrupción, que implicaba a la familia Bitkov, quienes migraron a Guatemala para escapar de la persecución de Vladimir Putin y fueron apresados por usar papelería tramitada por funcionarios guatemaltecos, entre estos Mayra Véliz.
El caso Bitkov se convirtió en la piedra de tropiezo de Velásquez, quien fue señalado ante la Comisión Helsinki por los abogados de la familia rusa. El comisionado no acudió a esa audiencia, que incidió en que EE.UU. eliminara la asignación de fondos a la CICIG, entidad defendida por un grupo de 45 representantes de la Cámara Baja, quienes escribieron una carta a Trump pidiéndole tomar
“medidas urgentes para defender el estado de derecho en Guatemala y evitar una mayor desestabilización de la región».
Los congresistas, entre ellos Norma Torres, expresaron preocupación ante “el comportamiento antidemocrático de Jimmy Morales”, quien en la asamblea anual de la ONU expuso sus argumentos para no prorrogar el contrato de la CICIG, como se había hecho en los años 2009, 2011, 2013,2015 y 2017.
El mandato culminó en septiembre de 2019 y tal como expresó Arreaga, fue el momento más difícil de su gestión en Guatemala. El 3 de septiembre, poco antes de concluir su mandato, Arreaga afirmó que
