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sábado, junio 19, 2021

Mientras escuchamos a la señora Kamala: Hablemos de la independencia de los jueces

Mario Mérida

Desde que se conoció la visita de la señora Harris a Guatemala y México, se ha especulado acerca de los supuestos invitados a la embajada, recetas mágicas para salvar al país, descalificación de otros actores y quejas; esperemos que su vista satisfaga las expectativas creadas y que esta vez le informen que los afrodescendientes en nuestro país están representados por la cultura garífuna e inviten a un o una integrante de esta comunidad. 

Entre tanto, se concretan los pronósticos de los expertos y los todólogos, hay otros temas que dignos de comentar brevemente. Entre estos las capturas de algunas personas por el llamado diario militar, detenidos preventiva o provisionalmente hasta su próxima declaración. Curiosamente una de las condiciones del fracasado plan para la prosperidad, ampliamente explicado por Lisa Haugaard (Latin America Working Group.  25/05/2016): Entre las que resaltan, … la corrupción, incrementar la capacidad e independencia del poder judicial, establecer e implementar mecanismos de consulta con comunidades y sociedad civil, combatir el crimen organizado, investigar “. Además de “procesar miembros de las fuerzas militares y policiales implicados en violaciones de derecho humanos -condenas impuestas automáticamente por los jueces- y limitar el papel de las fuerzas armadas, …”.

Pero, quizás la nota de mayor relevancia para mí, es al artículo “Independencia judicial en Guatemala: un derecho absoluto pero un concepto relativo” publicado por la licenciada Erika Aifán (elPeriodico. 29-05-21). En el que hace mención de “… la crisis de la independencia judicial provocada por factores internos y externos. En este contexto es que la independencia judicial en nuestro país es un derecho absoluto, pero a la vez es un concepto relativo”.

Otro párrafo relevante del artículo citado, es la referencia a que: “Se puede ser un juez independiente, pero no existir independencia institucional, al enfrentar múltiples riesgos y ataques desde la institucionalidad del país, bien sea proveniente de otros poderes del Estado o del propio Poder Judicial”. Y agregaría de otras Estados y organismos internacionales, como se comenta en el párrafo siguiente.

El juez debe encarar con sapiencia jurídica, criterio y valentía el llamado “control de convencionalidad”, tal como lo explica Castilla Karlos, en su propuesta: LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL LLAMADO CONTROL DE CONVENCIONALIDAD INTERAMERICANO (2016. P. 93):

“… es imposible entender el llamado control de convencionalidad que la CoIDH le ha exigido a jueces y tribunales nacionales sin que para ello se observe el respeto a la independencia judicial de éstos de conformidad con los márgenes establecidos en la Convención Americana, como tratado base y origen de la relación que se puede dar entre la CoIDH y los tribunales nacionales”. Y, enfatiza: “… ni siquiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos da mandatos directos al juez nacional, ya que, con su doctrina del margen de apreciación, otorga deferencia al criterio de los Estados (incluidos obviamente sus jueces) en la protección de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. (P.67).

Castilla, cita un lamentable ejemplo: “Finalmente, para agosto del año 2016, la última sentencia en la que la CoIDH ha hecho referencia al llamado control de convencionalidad fue en el caso Tenorio Roca y otros, en el que califica la actuación de un juez como un ‘oportuno y acertado control de convencionalidad’, por haberse seguido por éste ‘los criterios de convencionalidad emanados de [esa] Corte’.

La conclusión final, es que “Si bien, proteger derechos humanos es y debe ser el fin último, esto no puede justificar la destrucción del conjunto de equilibrios y valores que justamente son el origen, sustento y garantía de una efectiva protección de dichos derechos”. Y, recordar, que: “Tanto la imparcialidad de hecho como la apariencia de imparcialidad son fundamentales para que se mantenga el respeto por la administración de la justicia” (El MANUAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL JUICIOS JUSTOS (2014. p. 124),[1]


[1] Observación general 32, Comité de Derechos Humanos, párr. 21; Tribunal Europeo: Piersack vs. Belgium (8692/79) (1982), párrs. 30-32, Sander vs. United Kingdom (34129/96) (2000), párr. 22, Galstyan vs. Armenia (26986/03) (2007), párr. 79; Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, Corte Interamericana (2008), párr. 56; Prosecutor vs. Anto Furundžija (IT-95-17/1-A), Sala de Apelaciones del TPIY (julio de 2000), párrs. 189 y 190.

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