Nicholas Virzi
Guatemala tiene muchos retos por delante. Destacan nuestros retos en términos de consolidación democrática, institucionalidad, economía y desarrollo. Sin embargo, vale la pena destacar los avances que se han dado.
En 1986, el 48.8% de la población vivía con menos de $1.90 al día, y el 68.8% con menos de $3.20 al día. En 2014, el último año para el que el Banco Mundial tiene datos, esas cifras habían bajado al 8.8% y 24.4%, respectivamente. En otras palabras, en esos casi 30 años, hubo una reducción de 82% en la pobreza medida por $1.90/día y un 65% en la pobreza medida por $3.20/día. Con la población de hoy, eso equivaldría a aproximadamente a 7 millones de personas menos en cada uno de esos rubros de grados de pobreza. Por supuesto, tenemos que lograr más.
Para reducir la pobreza, el enfoque debería de ser … reducir la pobreza, no otra cosa. Dentro del intervalo de tiempo de 1990 a 2015, hay países que lograron reducir sus niveles de pobreza extrema en 60% (Bangladesh), 70% (Ghana), 80% (Costa Rica), hasta 90% (Indonesia y China comunista). Comparado con estos casos, la reducción en la pobreza extrema de India (55%) en ese tiempo parece modesto, pero estamos hablando de decenas de millones de personas. En todos estos casos, la desigualdad incrementó, pero millones de personas salieron de la pobreza extrema.
En gran parte por sus deficiencias históricas, Guatemala no ha logrado potenciar su productividad. Sin embargo, nuestro país ha obtenido logros. En términos constantes (removiendo el factor inflación), nuestro producto interno bruto (PIB) creció un 877% en el intervalo de tiempo de 1960 a 2021, según cálculos hechos con los últimos datos del Banco Mundial. En comparación, los países de América Latina y Caribe, excluyendo los países de altos ingresos (la categoría que usa el Banco Mundial), lograron un incremento en esta variable de 673%.
Asimismo, en términos reales, Guatemala incrementó el valor agregado de su sector agrícola un 332%, comparado con el 263% para la región. Para Industria, el incremento real fue de 412%, comparado con 235% para la región. Para Manufactura, el incremento real fue de 325%, comparado con 186%. Para Servicios, el incremento real fue 708%, versus 461% para la región.
En el periodo 1921 a 1979, el PIB de Guatemala crecía en términos reales alrededor de 4.75% anual, en segundo lugar en la región, después de Costa Rica, y cercano al 4.89% que se calcula para México. Desde 1980, el PIB de Guatemala viene creciendo alrededor del 3%, debido a las pérdidas reflejadas en los años Ochenta. Si exceptuamos la década de los Ochenta, la década perdida para toda la región, venimos creciendo alrededor de 3.5% en el PIB desde 1990.
En el PIB per cápita (PPC) avanzamos menos. En dólares internacionales ajustados por paridad de poder adquisitivo, el Banco Mundial reporta que Guatemala tiene un PPC de $9,580, comparado con $15,975 para la región. Estamos en un 40% menos que el promedio regional.
En parte, esto se debe al mayor crecimiento poblacional de Guatemala. En las dos décadas antes de los ochenta, crecíamos alrededor de 3% anual en esta variable, comparable con la región, porque teníamos un crecimiento poblacional anual también similar al de la región (2.5%). Sin embargo, desde 2010, nuestra población creció a un ritmo promedio de 1.67%, versus el 1.06% para la región. Aunque hemos logrado bajar la tasa de crecimiento poblacional a 1.5 en 2021, versus el 0.9% para la región, logramos crecer el PPC en 2.26% en 2019, comparado con 0.54% para la región.[1]
¿Qué debemos hacer como país?
Guatemala ya logró reducir su tasa de crecimiento poblacional. Lo que hace falta es crecer el PIB, idealmente a una tasa cercana al 6% anual, por varias décadas. Una guía completa de lo que se tiene que hacer para lograr esto estaba el espacio que queda en esta columna. Nos podríamos centrar en dos cosas, el fortalecimiento institucional y la infraestructura.
El fortalecimiento institucional incluye las instituciones regionales a las que les compete la integración económica, o sea la expansión de mercados, tanto a nivel nacional y regional. Sin embargo, el enfoque debería de ser primero a nivel nacional. Si logramos mejorar la transparencia y eficiencia del sector público, tendríamos mejores indicadores de educación y salud, que son los clásicos bienes públicos con mayores externalidades positivas que contribuirían a mejorar la productividad nacional.
La infraestructura también es un bien público. Con mejor infraestructura vial y porteña, se integraría mejor la economía nacional, y la nacional con la regional. Se aumentaría la inversión nacional, sobre todo en el interior, al mismo tiempo que se atraerían mayores niveles de inversión extranjera. Los empresarios en el interior del país tendrían mayor facilidad de llevar sus productos al mercado, incluyendo mejores mercados, al mismo tiempo que afrontarían fuertes incentivos para mejorar su eficiencia productiva y calidad de productos que ofrecen.
Regresemos a la institucionalidad, que también hace referencia a la imposición de la ley y el orden. De poco serviría construir nuevas carreteras de primera calidad, si solo pararía dándole mayores oportunidades de chantaje a quienes toman la economía nacional como rehén bloqueando carreteras por fines políticos de corto plazo. En la tarea de construir un país más próspero, todos debemos cooperar.
[1] No se usan los datos de 2020 y 2021, por considerarlos datos anómalos debido a la contracción económica del primer año, y el efecto rebote del segundo.
