Finalmente, se aprobó una ley de competencia (LDC) en noviembre de 2024. Este acontecimiento fue motivo de mucha celebración en Guatemala, y en línea con las recomendaciones de muchas organizaciones internacionales, como el FMI (Fondo Monetario Internacional).
Por Nicholas Virzi
“El rol de los abogados en la política guatemalteca ha sido fuertemente criticado, incluso por expertos que apoyan la ley de competencia recientemente aprobada.”
En su informe sobre Guatemala publicado en agosto de este año, el FMI hizo varias recomendaciones clave, entre ellas la aprobación de una LDC que integrara aspectos relacionados con la inversión.
El FMI también recomendó un plan nacional anticorrupción con cronogramas e indicadores de desempeño. Además, el FMI señaló que era crucial fortalecer las leyes contra el lavado de dinero y mejorar la mejor comunicación con los contribuyentes para promover un entorno económico y político más transparente.
Cumpliendo con la recomendación del FMI, y otras entidades extranjeras (Departamento de Estado de EEUU, USAID, UE, CEPAL), el Congreso de Guatemala aprobó por la noche el 20 noviembre, de urgencia nacional, una ley de competencia.
Desde hace muchos años se venía proponiendo una LDC para Guatemala. Un papel clave lo jugó Rubén Morales Monroy, ex ministro de economía bajo dos gobiernos, de distintas orientaciones políticas. En entrevista privada, Morales dijo:
«Trabajamos el proyecto de Ley de Competencia que se convirtió en la Iniciativa 5074, con el objetivo de promover la eficiencia económica del país. En 2016, lo entregamos a las autoridades del Congreso. Cumplimos con varios objetivos: los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, pero también con la idea que llevábamos de mejorar la libertad de los mercados en Guatemala.”
Pese a las celebraciones por la aprobación de la LDC, no quedó claro como esta integraría aspectos relacionados con la inversión, como había recomendado el FMI.
Vale conocer el contexto en el que se aprobó la LDC. Una semana después de la aprobación de la LDC, el Congreso aprobó a primeras horas, también por urgencia nacional, el presupuesto general para 2025. Este presupuesto incrementa sustancialmente el gasto público, el déficit fiscal, la deuda pública y los salarios de los congresistas.
La aprobación de leyes, de una manera poco transparente, sin mayor comunicación con los contribuyentes, no cumple con las recomendaciones del FMI. Por eso mismo, la aprobación del presupuesto ocasionó críticas desde muchos medios (Prensa Libre, RepúblicaGT, La Hora, PerspectivaGT) por muchas razones, incluyendo el aumento salarial para los diputados. (CIEN)
No se puede negar que los logros legislativos del partido del gobierno (LDC y presupuesto) en su primer año en el poder han sido significativos. De los 160 diputados en total, 23 son del Movimiento Semilla. Constituye una formidable presencia en el Congreso, pero sin números dominantes. ¿Sin aplanadora en el Congreso, como fue que lograron la Ley de Competencia?
Gustavo Berganza, Director de DOSES (Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales) opinó en X, implicando que fue un especie de política transaccional clásica:
“Hay que hacer una evaluación seria de costos y beneficios que deja la ley de ganadería como moneda de cambio para apoyar la ley de competencia. Pero no solo económicos, también políticos y sociales. ¿supone esto un atentado a la moral tributaria? ¿da ventajas al crimen organizado?”
Con “la ley de ganadería” Berganza se refería al Decreto 31-2024, la “Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario”, que fue aprobada por urgencia nacional el 19 de noviembre. Dicha transacción política ocasionó críticas desde otras bases afines al Movimiento Semilla, por riesgos de lavado de dinero, como se reportó en varios medios como República, Prensa Libre, entre otros. En Plaza Pública, Ricardo Barrientos, ex viceministro de transparencia y evaluación fiscal en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, se expresó:
“Presidente Arévalo, esta nueva ley ganadera, el Decreto 31-2024 es injusta, antitécnica y peligrosa porque legaliza el lavado de dinero. Por favor, vétela”.
Independientemente de los méritos de la LDC, difícilmente se podrá decir que cumple con el último paquete de recomendaciones que hizo el FMI. Entre los distintos factores de posible incumplimiento se podrían mencionar los siguientes:
- La LDC aprobada no se enfoca en la inversión, tanto nacional como extranjera
- No hay plan nacional anticorrupción con cronogramas e indicadores de desempeño
- No se cumplió con la recomendación de mejorar la comunicación con los contribuyentes, por su aprobación por urgencia nacional con poca comunicación sobre los tratos que fueron necesarios para su aprobación
- Se podría facilitar el lavado de dinero
La recién aprobada LDC de Guatemala da mucho poder a abogados para decidir si la conducta empresarial es la correcta o no, en un país que el Banco Mundial califica con notas bajas en temas de imperio de la ley, eficiencia gubernamental, control de corrupción, y calidad regulatoria.
A final de cuentas, serán abogados que determinarán las calificaciones de Guatemala en los pilares de gobernanza. El rol de los abogados en la política guatemalteca ha sido fuertemente criticado, incluso por expertos que apoyan la ley de competencia recientemente aprobada:
“Los abogados han hecho un daño irreparable a la política de Guatemala. Hay que sacarlos pero ya.”
La nueva ley de competencia no solo no saca a los abogados de la política y economía de Guatemala, los mete con más fuerza que nunca. Las empresas más afectadas serán las pequeñas y medianas que carecen de los recursos y contactos para asegurar que están en cumplimiento con una ley de competencia basada en conceptos clave muy ambiguos.
 en noviembre de 2024. Este acontecimiento fue motivo de mucha celebración en Guatemala, y en línea con las recomendaciones de muchas organizaciones internacionales, como el FMI (Fondo Monetario Internacional). ){kind=link}