Es de conocimiento público que Guatemala era uno de los pocos países latinoamericanos que no tenía una Ley de Competencia, ya solo queda Cuba con este pendiente en la región. Pero pocos saben que desde la constitución promulgada en 1945 se dejó regulada la prohibición del establecimiento de monopolios y el funcionamiento de empresas que absorban la producción nacional en detrimento de la economía nacional, incluso se estableció que en el futuro una ley regularía lo relacionado a esta materia. Por supuesto, dicha ley nunca se aprobó.
Por Elmer Vargas
Gerente del área corporativa en EY Law Guatemala
En la constitución de 1985, en su artículo 130, se estableció que “El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria”. Y si, también indicó que una ley determinará lo relativo a esta materia. Esta ley, tampoco fue aprobado por el Congreso hasta ahora, casi 40 años después.
Evidentemente la no regulación de la competencia en la economía nacional era de esperarse en un país como Guatemala, con alta concentración de riqueza y con uno de los índices de desigualdad más altos de la región. La aprobación de esta ley marca un hito importante hacia la modernización del estado de Guatemala, permitiendo que haya reglas claras para evitar los abusos de algunos y permitiendo que todos los agentes económicos puedan realizar sus actividades bajo las mismas reglas.
Pero ¿porque es necesario que exista una ley de competencia? Retrocedamos un poco en el tiempo: En la segunda mitad del siglo 19, surgió en Estados Unidos la práctica de constituir carteles que operaban por todo el país, tenían como objeto fijar precios artificialmente y dividirse los mercados, esto produjo un gran descontento en el público, aunado a que el gobierno no tenía los elementos jurídicos para controlar dicha situación provocó una crisis de escala nacional.
El caso más emblemático es el de la Standard Oil Company, propiedad del magnate John D. Rockefeller, conocida como una de las empresas que más amenazó al libre mercado. Todo inició cuando se fundó la compañía en 1870 en Cleveland, Ohio, que terminaría monopolizando todo el mercado del petróleo en Estados Unidos.
La compañía creció y fue comprando de una en una a las empresas competidoras, el problema fue que muchas de ellas fueron cerradas después de su adquisición, demostrando que fueron compradas únicamente para retirarlas del mercado. Con el tiempo la compañía fue realizando acuerdos con compañías ferroviarias para el transporte de sus productos, sin embargo, era tanto su poder económico que presionó a las compañías ferroviarias a otorgarle descuentos tan significativos que hizo imposible cualquier competencia de empresas más pequeñas pues estás debían pagar una tarifa muy superior para el trasporte de sus productos.
En un principio, esto fue bien recibido por el público pues se consiguió abaratar los costos del combustible. Sin embargo, la compañía fue concentrando la producción, la distribución y comercialización de sus productos constituyéndose en un monopolio que controlaba casi la totalidad del mercado de combustibles a nivel nacional, eso hizo a Rockefeller la persona más rica del mundo.
Luego de años de juicios la justicia estadounidense declaró la existencia de un monopolio y la realización de acciones anticompetitivas para eliminar a sus competidores y ordenó dividir la compañía en varias más pequeñas, algunas que aún subsisten a la fecha, tales como ExxonMobil, Conoco Phillips, Chevron y muchas otras más pequeñas.
En cualquier economía moderna el estado tiene el deber de procurar la protección de la libre competencia en interés de todos los que participan en el mercado, tanto consumidores como empresarios, evitando abusos que tiendan a limitar el derecho de otros actores económicos que deseen participar en el mercado, de esta forma se hace necesario contar con una herramienta legal que permita al estado regular la economía para evitar abusos.
Muchos expertos tienen una opinión positiva de la ley aprobada por el Congreso de la República recientemente, pues después de muchos años de debate se ha logrado una ley que cumple con una serie de estándares internacionales, como su autonomía, que no excluye industrias importantes en su competencia, que cuenta con recursos propios y que sus directivos sean nombrados en base a méritos obtenidos, entre otros.
La ley principalmente prohíbe las prácticas anticompetitivas, estas pueden ser absolutas o relativas, dentro de las absolutas podemos encontrar la fijación de precios, la división de los mercados en segmentos entre agentes económicos para repartírselos, fijar o restringir intencionalmente la producción nacional de productos o insumos en detrimentos de otros agentes económicos o de la economía nacional y concertase para ofertar en contrataciones públicas y con ello obtener ventajas sobre los demás.
Entre las prácticas anticompetitivas relativas encontramos la imposición de precios, la venta o compra bajo condición de no adquirir o vender productos de terceros, la venta por debajo del costo o la denegación de acceso a un insumo esencial con el objeto de evitar la entrada de una empresa al mercado, entre otras.
Se regulan las sanciones que pueden ser de entre 100 y 200 mil salarios mínimos diarios, aunque estas serían aplicables después de dos años de la publicación de la ley; por ahora la ley debe cobrar vigencia luego de un proceso de sanción por parte del Presidente de la República y en su primera fase de vigencia deberá fortalecerse la base institucional, debiendo crearse la Superintendencia de Competencia, su reglamento e iniciar con la educación social que permita la promoción de la libre competencia.
Guatemala tiene ahora la oportunidad de avanzar desde el punto de vista económico, pues en una economía de mercado como la nuestra es de vital importancia que existan reglas claras que no limiten la participación de nuevos agentes económicos en los diferentes mercados.
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SOBRE EL AUTOR
Abogado, actualmente es gerente del área corporativa en EY Law Guatemala, cuenta con más de 20 años de experiencia, es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con estudios de Maestría de Derecho Corporativo de la Universidad Rafael Landívar, además de post grados en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Civil. Se ha enfocado en la atención de clientes con presencia nacional y regional, especializado principalmente en las industrias de consumo, farmacéutica e inmobiliaria.
Nota: Las ideas y pensamientos expuestos en este texto son responsabilidad de su autor y no representan la opinión de este medio.
