Juicios contra militares, en el contexto de la justicia transicional

Mario Mérida. Escritor, comunicador y docente universitario

Por estos días se inició otro de los tantos juicios relacionados con el enfrentamiento armado interno en nuestro país. Esta vez se trata del denominado “Diario militar” e igual que en los anteriores, se ha movilizado una campaña mediática alineando a los opositores ideológicos de los procesados, además de las denuncias de amenazas del juez a cargo del proceso, con la intención de acuerpar el fallo en contra de los imputados y congraciarse con algunos actores foráneos, cuyos gobernantes y fuerzas armadas encabezan la lista de las olvidadas violaciones a los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días.

Los juicios anteriores retratan el amañado ejercicio de los “honorables” jueces (esas), empoderados (as) por los asistentes y quienes, al ser cuestionados en su imparcialidad e idoneidad, reconocen a sottovoce supuestas presiones de la embajada americana y otros extranjeros. Un ejemplo, fue el regocijo de los extranjeros al momento de escuchar la sentencia contra del General Ríos Montt proferida por la juez a cargo del circo, quien en un arranque de emoción agradeció a la barra de foráneos con venias, aplausos y el puño en alto en señal de victoria o aceptación de servilismo, actitud retratada por los medios impresos un día después, cuando fue descubierta rindiendo su informe en un hotel capitalino a un grupo de extranjeros protagonistas del show durante el proceso.

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No es necesario ser un experto jurista, sino simplemente ceñirse a las definiciones y conceptos generales referentes a la justicia,  para darse cuenta de que en los procesos contra militares, lo ideológico está presente. Generalmente el MP y los jueces, evaden incorporar al análisis jurídico que las “víctimas” fueron manipuladas por quienes intentaron tomar el control del Estado por la vía de las armas. Es decir, por los autores intelectuales tras los crímenes cometidos por los campesinos en nombre de la revolución marxista-leninista.  También obvian mencionar la serie de amnistías promulgadas (1960-1996), para favorecer la reincorporación a la legalidad de quienes actuaban en contra del Estado guatemalteco y de la población, que se negó a acompañarlos en su ilusoria intención de hacerse con el poder por medio de la violencia armada.

Jon Elster sociólogo noruego, citado por Louis Joinet aduce que:

 “La justicia transicional está compuesta de los procesos penales, de depuración y reparación que tienen lugar después de la transición de un régimen político a otro”[1].

 En nuestro país, la aplicación de la justicia no trata que los responsables sean juzgados de acuerdo al sistema procesal vigente –militares e insurgentes-, sino de condenar a determinados exfuncionarios militares, para satisfacer los intereses y beneficios financieros de personas que salieron del anonimato tras la firma de la paz (1996), favorecidos por la capitulación tardía de los comandantes de la URNG, que reclutaron y convirtieron a miles de indígenas en guerrilleros permanentes, fuerzas irregulares locales y auto defensas locales. Comandantes a los que nunca conocieron hasta verlos retratados en los medios de comunicación después de la firma de la paz.

En términos generales, la justicia transicional establece acciones penales contra hombres o mujeres mayormente responsables; reparaciones monetarias y disculpas públicas; reforma de las instituciones responsables y comisiones de la verdad. En Guatemala la reconstrucción de la historia fue empírica y sesgada, por eso resulta un insulto hacer referencias al informe emitido por los comisionados dándole un carácter de infalibilidad papal; calidad invalidada con la mención de un extracto del informe del Departamento de Estado Norteamericano (1982), publicado en elPeriódico[2]:

“Hay numerosas acusaciones de que las tropas del gobierno regularmente son culpables de masacres y violaciones. Los investigadores de la Embajada estadounidense descubrieron que algunos de los reportes no son verificables, que algunas de las atrocidades reportadas son atribuibles a la guerrilla. La embajada no cree que haya suficientes evidencias para asociar a tropas militares a cualquiera de las masacres reportadas”. Versión oficial engavetada convenientemente.

Caso contrario en cuanto al actuar del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, calificado por Stoll de genocidio:

 “…el mismo razonamiento convierte al EGP en culpable de genocidio”[3]. Y por supuesto a la Comandancia de la URNG, de la que actualmente solo vive Pablo Monsanto.

Varias comunidades, subyugadas y convertidas en combatientes de medio tiempo por la guerrilla y, en consecuencia, expuestas durante los combates entre fuerzas gubernamentales y guerrilleros, han aceptado que nunca fueron objetivos militares, así lo manifiesta el beneplácito por la presencia de las fuerzas armadas documentado en el reportaje del periodista Figueroa O. (2012)[4]. No obstante, hay grupos que mantienen la agitación con el apoyo de algunos abogados internacionalistas, para asegurar condenas útiles para demandar al Estado.

Las preguntas obligadas son entre otras. ¿A qué personajes de la insurgencia se aplicará la justicia transicional? ¿Debe ser juzgado el único comandante vivo, en nombre de los actos de genocidio cometidos por la URNG? ¿Por qué no se ha juzgado a aquellos, que ahora aparecen en los medios aceptando su militancia, heroicidad y aportes en la formación ideológica y conversión de los campesinos a guerrilleros?

Si en el país existiera una verdadera justicia, no habría forma de que el MP y menos un juez probo, considerara que un fardo de páginas con fotografías y nombres, sustentado con la opinión de una supuesta experta extranjera, son evidencias para definirlo como un documento militar.

A pesar de la absoluta certeza sobre la parcialidad de este tipo de tribunales, cuyos fallos se fundamentan en testimonios, no por ello dejo de apelar a la ética, moralidad y sana critica de los jueces y fiscales que aún no han huido del país y, ahora son responsables de limpiar la cloaca en que los fugados convirtieron el sistema de justicia.

 La razón para lo solicitado tiene sustento en el párrafo del libro Venganza o Juicio Histórico (utilizado como referencia en este artículo[5]: “Yo -Chiqui Ramírez- trabajaba en el periódico El Estudiante, junto con Carlos Rafael Soto, –consentido de las altas esferas del partido y otros-, pero ante la inminencia de nuestra captura decidimos pedirle a Fuguche se hiciera la campaña de irnos a poner una bomba. De esa manera logramos despistar a los orejas[6] que nos perseguían”[7].


[1] Saffon María Paula& Uprimny Rodrigo. “Uses and abuses of transitional justice in Colombia”

[2] elPeriódico, p. 6 (23/marzo/2002)

[3] Revista Contrapoder. Noviembre 2013

[4] Prensa Libre. “INSTALAN DESTACAMENTO MILITAR, Ejército vuelve a San Juan Cotzal”. 2012.

[5] Mérida Mario “Venganza o Juicio Histórico”. 2015. Guatemala. A la venta en la Librería Sophos Fontabella. Zona 10.

[6] Denominación de los agentes de la antigua policía judicial

[7] Ramírez Chiqui “La guerra de los 36 años, vista con ojos de mujer de izquierda” (2001)