Al momento de analizar la perspectiva del gasto público social en América Latina presenta una tendencia a la alza desde 1990. Con lo que los gobiernos y particularmente las políticas públicas reafirmando el rol Estado en los temas y problemáticas sociales. De igual manera para principios de la década del 2000, entre los enfoques que guían la política social, conceptos como los de garantía de derechos, ciudadanía plena e inclusión social, potenciando el rol del Estado en la provisión de servicios sociales.
Es así que paulatinamente el gasto social ha ido aumentando desde 11,3% del producto interno bruto en promedio simple en 1990 hasta 14,7 % del PIB en 2014. Los mayores aumentos se observan a partir de la segunda mitad de los años 2000 coincidiendo con el periodo de auge de los precios de las materias primas o el súper ciclo de los productos básicos. La evolución del gasto social entre 1990 hasta 2014 y comparada la situación regional con la de los países de la OCDE que se sitúan para el último año disponible más de 10 puntos porcentuales más arriba que nuestra región. La composición del gasto social en sus diferentes sectores también ha evolucionado desde 1990. (CEPAL,206)
Por su parte al considerar el caso específico de América Latina y el Caribe, el sector social con mayor peso corresponde al de seguridad social con 5,6% del PIB en 2014 cuando en 1990 solo alcanzaba 3,0% del PIB. Este sector es el que más ha aumentado en todo el período. La educación por su lado representa en promedio 4,2% del PIB en 2014 cuando en 1990 era de 2,5%. El sector salud representa 3,4 % del PIB en 2014 aumentado un punto porcentual desde 1990. Finalmente el sector ―vivienda‖ es relativamente pequeño y muestra un leve aumento.
Es necesario considerar que para el correcto funcionamiento del gasto social es necesaria la articulación de la política fiscal en donde debiera jugar un rol central en tres áreas clave: i) la provisión de bienes públicos, principalmente debido a su capacidad de recaudación de impuestos y de gasto público; ii) la redistribución de ingresos, por medio de un sistema impositivo progresivo y transferencias monetarias, y iii) la estabilización de los ciclos macroeconómicos, a través de su impacto en la demanda agregada (Musgrave, 1959). Al analizar la política fiscal y su comportamiento ante el ciclo económico, surge la primera interrogante de qué es exactamente una política fiscal contracíclica o procíclica.
Tradicionalmente el enfoque de una política fiscal procíclica se puede mencionar que es aquella que aumenta impuestos o disminuye gastos en épocas recesivas, y disminuye impuestos o aumenta gastos en épocas expansivas. Sin embargo, estas variaciones pueden deberse a los denominados estabilizadores automáticos, es decir, a variaciones automáticas de partidas de ingresos y gastos ante el ciclo económico que no dependen de decisiones de política (o políticas discrecionales).
Algunos autores —por ejemplo Gali y Perotti (2003) y Kaminsky, Reinhart y Vegh (2005)— plantean que una política fiscal puede calificarse de contracíclica o procíclica solo si se consideran las políticas discrecionales, y para tal efecto es necesario usar el balance cíclicamente ajustado.
Con el propósito de garantizar un piso mínimo de los derechos sociales o del gasto social, es necesario señalar que los países han aplicado diversas estrategias. Como por ejemplo estrategias de carácter legislativo en donde se establecen pisos mínimos de gasto público en las áreas sociales; por otro lado dentro de las leyes generales es necesario fortalecer lo mecanismos que garantizan metas, programas o nuevamente pisos mínimos de gasto garantizados.
