Mario Mérida. Escritor, comunicador y docente universitario
Desde los escritos de Platón -La República-, hasta la fecha, se ha discutido la función de los ejércitos en la defensa y seguridad de la ciudad -nación-, explicada por Glaucón (373D-76C)[1], durante uno de los tantos diálogos con Sócrates, sobre que: “… las necesidades de la defensa podrían ser cubiertas por los ciudadanos mismos”, versus los criterios de Sócrates, que se opone a ello abogando por un ejército profesional: “Los miembros de este ejército —a los que Platón denomina genéricamente guardianes— habrán de ser escogidos entre aquellos ciudadanos que posean aptitudes especiales para ello -fuerza, rapidez, valentía, amor a la verdad- y habrán de ser educados y entrenados cuidadosamente con vistas a la función que deberán desempeñar”.
Después del relevo del general Ponce Vaídez (1944), fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente, para elaborar una nueva Constitución (11/03/1945), que planteó una propuesta por encima de la defensa y seguridad surgida del dialogo citado en el párrafo anterior. Esta dejó normada la función de las Fuerzas Armadas en el artículo: 149: “El Ejército Nacional está instituido para defender la integridad territorial de la Nación, sostener el cumplimiento de la Constitución y el principio de alternabilidad en la Presidencia de la república. Es apolítico, esencialmente profesional. Obediente y no deliberante. Se organiza como una institución garante del orden y de la seguridad interior y exterior, y está en un todo sujeto a las leyes y reglamentos”.
Las funciones anteriores se reducen en el artículo 180 de la Constitución de 1956: “El ejército de Guatemala está instituido para salvaguardar el territorio y la soberanía e independencia de la nación y para la conservación de la seguridad interior y exterior del orden público se rige por las leyes y reglamentos militares…”
El retorno al orden constitucional con la entrega de la presidencia al licenciado Julio César Méndez Montenegro (1966-1970-), trajo consigo una nueva Constitución, que estableció en el artículo 215: “El ejército de Guatemala es la institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de la Nación, la integridad de su territorio y la paz en la República…” , manteniendo el mismo tono de la anterior Constitución
La última Constitución (1985), con la que se inició un nuevo proceso democrático guatemalteco, bajo la presidencia del licenciado Vinicio Arévalo, establece en el artículo 244, la Integración, organización y fines del Ejército: “El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior…”
Lo establecido en esa Constitución, es tan complejo como lo determinado por los constituyentes surgidos de la Revolución de Octubre hace 78 años, porque requiere el discernimiento político del militar a cargo del Ministerio de la Defensa, concerniente a “sostener el cumplimiento de la Constitución y el principio de alternabilidad”. Así como: “la soberanía, la paz y el honor de Guatemala; a pesar de la advertencia sobre la apoliticidad de las Fuerzas Armadas.
Latinoamérica ha sobrevivido diversas crisis políticas generadas por el pésimo desempeño de quienes asumen funciones públicas, el populismo aberrante, que cabalga sobre la corrupción, que termina por cooptar directa o indirectamente a funcionarios y empleados públicos carentes de ética y preparación, como el Serranazo (25/03/1993), en Guatemala y recientemente Pedro Castillo (08/12/2022) en el Perú.
En el caso guatemalteco se mencionó que el ejército estaba atrincherado observando los acontecimientos, la única verdad, es que oficiales de inteligencia se encontraban en contacto con diversos actores de las Cortes, la iglesia, partidos políticos y sectores sociales, testeando de cerca los acontecimientos, para tomar la decisión correcta, tal como ocurrió.
En el libro la Historia Negada (2010)[2], quedó registrado el rol de las Fuerzas Armadas durante el serranazo, el cual rompió con el paradigma de la clásica sociedad pretoriana, según la describe Samuel P. Huntington: “…Una sociedad pretoriana no sólo los actores son variados, sino también lo son los métodos que se emplean para decidir en materia de cargos y normas. Cada grupo utiliza los medios que reflejan su naturaleza y capacidades peculiares. Los adinerados sobornan; los estudiantes se amotinan; los obreros se declaran en huelga; las multitudes realizan manifestaciones, y los militares golpean”. Esto es, estuvimos del lado de la Corte de Constitucionalidad, CC.
Continua, Huntington “La falta de instituciones políticas efectivas en una sociedad pretoriana significa que el poder se encuentra fragmentado”. Es decir, se apoyó el retorno al orden constitucional con base a las recomendaciones de la CC, la integridad del Procurador de los DD.HH, fue protegida, además de acompañar el retorno a la institucionalidad, hasta la designación de un nuevo presidente y vicepresidente, cargos que recayeron en los licenciados Ramiro de León Carpio y Arturo Herbruger Asturias.
Días después de la designación del presidente De León se conoció por los medios, que los diputados se negaban a cumplir los compromisos contraídos, lo que motivo un encuentro entre estos con el Jefe del Estado Mayor Presidencial, coronel Otto Pérez Molina y el suscrito, que desempeñaba el cargo de Director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, al que ciertamente asistimos a ese encuentro inicial, que “… tenía como fin garantizar una actitud seria de parte de los parlamentarios. Durante esa primera reunión, los delegaos presidenciales pusieron como prerrequisito para emprender cualquier negociación que los congresistas se comprometieran a renunciar antes del 1 de julio de 1994. Al parecer, este compromiso no fue aceptado de muy buena gana por los diputados, con excepción de los de la bancada de la DC”, representada por Alfonzo Cabrera (Revista Crónica. 12/noviembre/1993).
El editorial de Prensa Libre[3] confirma los resultados positivos del apoyo institucional del Ejército hacia el presidente De León: “Uno de los principales y más reveladores datos que arrojó la encuesta, es el respaldo y prestigio que a nivel nacional goza aún el presidente Ramiro De León…con el 78% de opinión favorable”. Los militares que formamos parte del equipo de trabajo, siempre estuvimos claros que las decisiones del presidente, tendrían que ser consideradas en su justo contexto, por eso no hubo sobresaltos al interior de las fuerzas armadas cuando él decidió relevar al Mando militar: “los guatemaltecos han podido observar decisiones presidenciales de gran dificultad, como la destitución de dos Ministros de la Defensa y un Jefe de Estado Mayor, casos únicos en la historia del país, y lo cual alteró, como nunca antes la estructura de poder interno dentro de la institución armada.”
Esta inusual actuación de los oficiales del ejército se logró gracias al surgimiento de una nueva generación de oficiales de Inteligencia convencidos, que la transición a la democracia alcanzada por el general Óscar Mejía Víctores (Jefe de Estado 1983 – 1986), solamente fue el primer paso.
La evolución de las fuerzas armadas guatemaltecas sobrepasó las expectativas planteadas en el acuerdo del “Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática” (19/09/1996) y las acciones que se recomendaron para agraviar a sus integrantes con propuestas de reforma o reconversión versus la modernización sugerida desde las fuerzas armadas, que aún no se ha concreta.
[1] https://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_14.html
[2] Libro escrito por el autor del presente artículo
[3] 8 de junio de 1994
