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miércoles, abril 14, 2021

El potencial de desarrollo sostenible para Guatemala

Juan Carlos Zapata

Mucho se habla de desarrollo sostenible a nivel global, pero son pocos los indicadores que logran destilar la esencia más importante que determine cómo poder contar con una hoja de ruta más clara para lograr mayor prosperidad. La semana pasada Fundesa publicó la edición 2021 del Índice de Desarrollo Sostenible, que evalúa a 94 países en tres pilares que permiten a cualquier economía reducir vulnerabilidades, crear oportunidades y fortalecer sus instituciones. El índice recopila información de diferentes entidades a nivel global como la Fundación Heritage, Brookings, el Foro Económico Mundial, la unidad de inteligencia de The Economist, el Banco Mundial, PNUD, Transparencia Internacional, entre otros.

Es el informe más completo sobre cómo evaluar el desarrollo sostenible en el país. Para la edición 2021 claramente determina cómo Guatemala ha logrado en los últimos años mejorar relativamente en una agenda para crear oportunidades.

Se tiene un reto importante para acelerar la capacidad del Estado para reducir las vulnerabilidades, pero no hemos sido capaces, como sociedad, de fortalecer nuestras instituciones para que se cumplan los mínimos acuerdos sociales que establece nuestra Constitución Política.

Para el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, “el desarrollo es más que un número”, y por eso es tan importante, cuando hablamos de desarrollo sostenible, no solo enfocarnos en el PIB per cápita, sino también en otros factores relativos a la capacidad de un individuo de contar con un entorno que le permita crecer con un mejor servicio de salud, educación, justicia, seguridad, y que fomente al máximo su potencial productivo. Por supuesto, la evidencia demuestra que un aumento sostenido del PIB per cápita fortalece la capacidad de las personas más pobres de cualquier sociedad a mejorar sus ingresos, pero a veces esto no ocurre a la velocidad que quisiéramos o no lo hace de manera sostenida.

Tenemos que ser capaces de contar con un Estado con mayor capacidad institucional y que implemente la Política Nacional de Competitividad 2018-2032. Esto permitirá a las autoridades invertir de mejor manera el presupuesto gubernamental en aquellas acciones que logren mayor impacto social, que para el caso de Guatemala debe enfocarse en aumentar la tasa de inversión en la formación bruta de capital fijo (una de las más bajas de América Latina), especialmente en infraestructura, así como mejorar el capital humano y la certeza jurídica.

En la edición 2021 del Índice de Desarrollo Sostenible, Guatemala se encuentra en la posición 72 de 94 países analizados, con una evaluación de 47.71 puntos sobre 100, entre los países con un menor desarrollo medio. En América Latina, solo estamos por encima de Nicaragua y Venezuela, con un reto importante de contar con un Estado mucho más cercano a las demandas de la ciudadanía, reflejándose en la poca efectividad en el uso de fondos públicos y rendición de cuentas a toda la sociedad. Este es uno de los temas más importantes, cuando vemos que según la encuesta 2018 de Latinobarómetro únicamente el 28% de la población guatemalteca apoya la democracia y tan solo el 11% confía en los partidos políticos.

Reformas estructurales como las que ya están en el Congreso de la República como una modificación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que fue presentada por el Tribunal Supremo Electoral, o la iniciativa de la Ley Antitrámites, son dos proyectos clave en el proceso de fortalecer las instituciones, así como seguir insistiendo en no dejar de lado la agenda de recuperación económica.

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