Guatemala ha dado un paso crucial hacia una mayor regulación del mercado con la aprobación de la Ley de Competencia (LDC), que incluye la creación de la Superintendencia de Competencia (SDC), cuyo proceso está actualmente en desarrollo.
Por Nicholas Virzi
El propósito oficial de una LDC es la optimización del bienestar del consumidor por medio de la maximización de la eficiencia económica que se logra por medio de mercados competitivos. El primer Directorio de la SDC y su primer Superintendente marcarán la trayectoria institucional de esta importante entidad que nace con enorme poder regulatorio. Si este poder se usa de manera errónea o malintencionada, los efectos económicos podrán ser desastrosos.
Guatemala comienza su proceso de selección de su primer Directorio de la SDC y su Superintendente en casi en el peor de los casos. El proceso se desarrolla en un contexto de polarización política y desconfianza hacia las instituciones, exacerbada por la manipulación del sistema judicial guatemalteco durante el tiempo de los peores abusos de la CICIG (2015-2019). Dichos abusos fueron dirigidos especialmente en contra del sector privado, para presionar a empresarios a apoyar los fines políticos del Departamento de Estado de EEUU (DOS) y su arma, la CICIG.
«La elección del Superintendente de Competencia debe ser un proceso transparente y basado en méritos, donde la independencia, formación, experiencia y prudencia sean criterios dominantes».
Aunque la CICIG y la regulación de la competencia podrían aparentar ser dos temas completamente distintos, es precisamente el temor que la SDC se podrá convertir en una “CICIG permanente” que genera desconfianza y preocupación entre la iniciativa privada.
Tampoco ayuda la narrativa política y politizada en la que participan muchos que promovieron la LDC en Guatemala. Se ha promedito que la LDC va lograr cosas que ninguna LDC ha logrado en ningún otro país, nunca. Que se va transformar la estructura económica del país, que el desarrollo se va alcanzar con base a la LDC, que se va acabar con las élites económicas, que la inflación va a bajar, etc. Todo esto solo podría ser cierto si la intención es utilizar la LDC como instrumento político, y no técnico.
La desconfianza racional del sector privado se podría mitigar si el primer Directorio de la SDC se conforma de la manera correcta. La conformación del primer Directorio de la SDC y la selección de su primer Superintendente serán muy importantes para marcar el rumbo institucional correcto de dicha instancia.
Independencia y Neutralidad Política
La primera cualidad para integrar el Directorio de la SDC es la independencia política. Es crucial que los directores y el Superintendente, en particular sean vistos como actores neutrales, ajenos a pasiones y presiones políticas. Respecto al Superintendente, este individuo debe tener una reputación de competencia e integridad, demostrando en su historial profesional que no ha sido influenciado por agendas personales ni partidistas.
La confianza del sector privado en la SDC será importante para mantener el ánimo de la iniciativa privada y, sobre todo, la inversión. Guatemala es un país donde la formación bruta de capital fijo (FBCF), que es básicamente inversión en infraestructura, es dada por el sector privado en un 90%. La FBCF del sector privado es más que nueve veces mayor que la inversión extranjera directa (IED) en el país, y más de 4 veces mayor que el nivel de ahorro bruto doméstico. Si el sector privado guatemalteco decide dirigir sus inversiones a otros países con autoridades de competencia que generan más confianza, se cae cualquier pretensión de desarrollo nacional para Guatemala. Esto lo deberían de entender las autoridades de la SDC que se está creando en Guatemala.
A final de cuentas, la confianza del sector privado en la SDC dependerá mucho de que su líder no sea percibido como una persona con agenda política propia, ni herramienta de ningún gobierno o partido.
Experiencia y Formación en Competencia
El Superintendente debe poseer una formación y experiencia básica en temas de competencia, economía o disciplinas relacionadas. Idealmente, el primer Superintendente no debería de ser un abogado con relativamente poco conocimiento de la materia económica pertinente a temas de competencia.
Debe ser alguien que no solo ha estudiado microeconomía avanzada, organización industrial y métodos cuantitativo en profundidad, sino que también ha aplicado estos conocimientos en la práctica. La experiencia previa en organismos de competencia, ya sea a nivel nacional o internacional, haber trabajado en regulación de mercados, y haber organizado o participado en publicaciones y/o foros dedicados a temas de competencia sería ideal. Lo ideal es que sea una persona que tenga esta experiencia en diferentes gobiernos de distinto índole ideológico.
Un Superintendente con esta experiencia ayudaría a generar la confianza que las decisiones de la nueva SDC no se van a basar en interpretaciones legales o económicas superficiales, erróneas y/o politizadas, sino en un entendimiento sólido de cómo funcionan los mercados y las leyes y políticas de competencia en un país como Guatemala que necesita elevar su ritmo de crecimiento económico como vía indispensable para lograr el desarrollo.
Dado la desconfianza que gira sobre la nueva ley y su aplicación, el Superintendente debe ser alguien con experiencia en la promoción de la competencia. Es esencial que pueda explicar complejas teorías de competencia de manera accesible tanto a los empresarios como al público general. Además, debe ser alguien que ha promovido la educación técnica sobre temas relacionados con la regulación de la competencia.
Conclusión
La creación de la SDC establecerá un nuevo estándar de regulación del mercado en Guatemala. Por ende, su potencial para ser mal usada es altísimo. Para mitigar los temores y desconfianza sobre esta nueva autoridad, la elección de su Directorio, y su Superintendente, debe ser un proceso transparente y basado en méritos, donde la independencia, formación, experiencia y prudencia sean criterios dominantes.
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