Por Julio Abdel Aziz Valdez

A finales de 1999 salió a la luz el documento que está sirviendo de base para acusaciones legales denominado diario militar, aun cuando no está hecho en papel membretado ni tenga la presentación oficial, se presentó así no tanto por el reconocimiento de su procedencia sino por el nivel de la acusación que vendría más adelante, por cierto el vendedor de tal documento solo se presenta como miembro del ejercito sin nombre ni identificación, no se sabe en qué sección de la institución trabajaba ni la temporalidad de nombramiento o contratación al menos, y aun así le dieron credibilidad al documento ¿por qué? Pues porque la información ahí consignada era de personas que constaba que habían desaparecido o bien muerto y se manejaba la versión que la responsabilidad de esto era del Estado y en especial el Ejercito nacional, como ya dije, porque era miembro de esa institución quien lo vendió. Aquí nos encontramos con un primer problema que se manifiesta con un concepto manejado en justicia penal como es la Cadena de Custodio que es: “el conjunto de medidas que deben adoptarse a fin de preservar la identidad e integridad de objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos posibles delictuosos” (Gonzales Motiel, s.f.) aun así el documento, que prontamente fue definido como Dossier de la Muerte para guiar la condena simbólica, se convirtió en prueba reina para juicios por responsabilidad institucional en la represión contra “población civil no armada”.

En junio del 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom, famoso por haber dado entrada a varios miembros de las estructuras intelectuales de la ex guerrilla en sus instituciones más emblemática, publicaron un estudio titulado La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional (SEPAZ, 2009) que bajo el argumento de no sufrir represalias no consigno nombres de los investigadores solo asume la responsabilidad institucional la SEPAZ con todo y que era Estado.

En dicho informe se cruzan algunos datos obtenidos en el recién constituido Archivo de la Policía Nacional con el ya definido Diario Militar, que sigue sin poseer identificación, y se corrobora que en efecto la Policía conocía de algunos de los casos consignados incluso en se informa que ha habido seguimiento y en algunos casos detenciones, por supuesto que la PN no señala haber cometido secuestros ni asesinatos, hay que recordar que dichos informes tenían el carácter de oficial. A continuación, las incoherencias que hemos identificado en ambos documentos que se presentaría como la prueba reina contra los implicados, a saber:

1. Es un documento apócrifo endilgado al Ejercito por la jerga utilizada, no equiparable con otros documentos oficiales, y porque que se señala que algunos de los detenidos fueron trasladados a dependencias del Ejercito, recalcando, no en forma oficial, no sé señala directamente a ningún funcionario que manda o recibe tales encargos de detenidos.

• Acciones llevadas a cabo por la PN fueron endilgadas al Ejército en especial a sus cuerpos de inteligencia. Esto resulta contradictorio, en varias oportunidades se ha recalcado en informes realizados por ex militantes de la guerrilla y dados por válidos por entes de justicia que en los tiempos de lucha contrainsurgente la policía era una extensión del ejercito quien había asumido la tarea de lucha contra la guerrilla, sin embargo algunos de esos cuerpos de seguridad en el periodo señalado no estaban bajo el mando militar tal es el caso del Cuerpo de Detectives y el Comando Seis, claro contrasta con la PN donde si lo había, o sea si había un mando compartido pero mas allá de este detalle esta el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos tenía amplia participación en el montaje y dirección de estos cuerpos de seguridad no hay que olvidar que Guatemala ya llevaba mas de 15 años de lucha contra la amenaza global contra el comunismo.

• No se cuestionó que la dirección del Archivo de la PN estuvo en manos Gustavo Meoño Brenner, del 2005 hasta casi el 2017, quien fue miembro de la dirección nacional del EGP o ejército guerrillero de los pobres que era una organización insurgente, un claro conflicto de intereses en tanto que los objetivos políticos de este señor estaban claramente definidos como contrarios a los de los sujetos señalados por tales crímenes. Meoño Brenner a gozado de la amnistía que de cara a los actuales procesos no debió ser adjudicada porque tenía responsabilidad intelectual en secuestros, asesinatos, extorsiones y sobre todo en reclutamiento de menores este ultimo es un crimen de lesa humanidad, aun así, gozó de impunidad sobre todo durante el gobierno de Colom quien alimento los procesos legales contra miembros del ejercito con informes como el que usamos para hacer este artículo. El problema del conflicto de intereses es que no se puede usar los documentos referenciados por temor a que hayan sido manipulados en función de los intereses de quien los tiene a su cargo, otra vez, esto no le importo al juez quien asume que el documento habla por si mismo y no toma en cuenta la forma como este fue escrito, la fuente y quien lo está utilizando.

• La guerrilla constantemente hacia uso propagandístico de los caídos que pertenecían a estructuras amplias, o sea, supuestos civiles que no tenían más conexión que sus actividades amplias, ejemplo estudiantes, profesores, sindicalistas y familias de ellos, sobre ello se organizó el Grupo de Apoyo Mutuo y FAMDEGUA, pero sobre la militancia no había nada dada las características del contexto en que sucedieron tales hechos, la idea para finales de los noventas era hacer pagar el Estado por todos los caídos, de hecho ese sigue siendo la motivación, y claro, obtener reconocimiento en el camino. El dossier cae como anillo al dedo, sobre todo porque aquellos supuestos secuestros también estaban documentados de parte de la guerrilla, o sea, sabían el contexto, es más, no sería de extrañar que algunos de esos que fueron puestos en libertad hayan sido ejecutados por sus mismos camaradas aduciendo que habían traicionado a la causa, pero en la elaboración del dossier apócrifo se señala al mismo autor institucional para que al final sea el Estado el pagadero.

• La mayoría de los consignados en el documento pertenecen a la organización que menos peso tenía a nivel de amenaza militar, el Partido Guatemalteco del Trabajo o PGT, esto se debe a dos razones supuestas, a saber: a) ahí fue donde se produjo el trabajo de infiltración y b) era la organización que tenía a la mayor cantidad de militantes intelectuales de clase media que al final eran los que iban a proseguir con las denuncias penales. Entre militantes escondidos bajo el manto de dirigentes estudiantiles, sindicales o comunitarios los demandantes ahora plantean que aquellas acciones formaban parte de la política de Estado de acabar con el enemigo interno que contradictoriamente era el dirigente estudiantil, el sindicalista o simple comunitario, se la blanqueado completamente la identidad combativa al reportado como desaparecido, solo algunos puntualizan el hecho que de haber existido el indicio de ilícitos estos tendrían que haber sido consignados, de hecho en ese mismo documento apócrifo se señala que algunos fueron consignados por delitos no definidos como políticos. Pero la manipulación en la interpretación de los datos reside en afirmar que un documento de tales características es suficiente para determinar responsabilidad sobre hechos criminales que supuestamente se llevaron a cabo.

• Se ha obviado en él tema de la metodología usada por organizaciones insurgentes, la utilización de la falsa bandera, que no es más que endilgar responsabilidad institucional por acciones cometidas por ellos mismo, muchos de las ejecuciones extrajudiciales se dieron de esta manera, claro, de esto no hay archivo y los informes de la PN en cuanto a la consignación de este tipo de hechos probablemente fueron destruidos por quienes tuvieron a su cargo el mismo durante los primeros años de existencia. En las organizaciones amplias de la guerrilla o de masas como se les conoció después fueron ampliamente conocidas las rencillas producto en principio por chauvinismos, luego por razones estratégicas y finalmente por cuestiones mas mundanas como seria dinero y poder como fue el caso de la USAC donde FRENTE y FERG se enfrentaron agriamente y a veces en forma armada, claro, los muertos y desaparecidos en tales enfrentamientos tenían mucho mas valor para la militancia y luego para los resarcimientos el que fueran endilgados al enemigo institucional, es más, el hecho de que Meoño Brenner haya manipulado las pruebas de contraste respondería al hecho delincuencial de borrar pruebas de responsabilidad institucional del EGP, por ejemplo militantes que hubieran sido ejecutados y que en los archivos policiales se hubiera mostrado investigaciones que señalaran a responsables directos, todo eso desapareció.

• El blanqueamiento de la memoria. Concuerdo al 100% que si una persona es señalada de actos ilícitos esta debe ser consignada y con todas las garantías legales juzgada, eso es un hecho ahora, podríamos discutir si este principio del debido proceso era posible en los años en que estallaban bombas, había tiroteos en las calles, con secuestros, amenazas, extorsiones y robos, obviamente el Estado se desbordó, pero esto no minimiza sus responsabilidades legales. Pero, por otro lado estos juicios fuera de tiempo y con un juicio histórico sesgado plantea que las víctimas, en su totalidad, sucumbieron sin responsabilidad a sus acciones, con ello se niega de entrada otra responsabilidad que no sea la del Estado, a lo mejor esta afirmación no se entiende si no es con un ejemplo, a ver: la mayor cantidad de miembros de maras o pandillas suceden en manos de otros pandilleros, por luchas internas, traiciones, territorio y negocios, si hacemos a un lado esas condiciones sociológicas en donde se produce la criminalidad se asume que las muertes de estos por entero son responsabilidad del Estado y por lo tanto el es el responsable de resarcimientos.

Referencias

Gonzales Motiel, C. (s.f.). Obtenido de https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2935_cadena_de_custodia_diapostivas.pdf

SEPAZ. (2009). La autenticidad del Diario Militar. Guatemala: sepaz.