Sí a la iniciativa 6433, que dispone aprobar reformas al decreto número 16-2010 del Congreso de la República, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Esta ley podría aprobarse esta semana y con ello el Congreso de la República, a través de la décima legislatura, estaría dejando un legado enorme al país, al transformar la forma en que se realizan las Alianzas Público-Privadas (APP), y con ello mejorar la planificación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura productiva en el país.
Por Juan Carlos Zapata
Ya vimos que la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria fue importante, pero la implementación de la institucionalidad va a tomar tiempo. Por eso es clave complementar el esfuerzo para que la Anadie (organización que ahora se encarga de las APP en el país y que en la ley se le cambia el nombre a ANIgt —Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica—) pueda hacer su trabajo con mayor capacidad institucional.
El dictamen fue aprobado en noviembre del 2024, por lo que no debería haber ya mayor discusión, se ha tenido suficiente tiempo para conocer las mejoras que son claves en estos momentos para contar con más carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas y puertos en el país. Esta podría ser la ley más importante que ha aprobado el Congreso en los últimos 30 años, por su impacto tan rápido en el desarrollo del país.
El momento no podría ser mejor, la semana pasada el Ministerio de Finanzas presentó los avances de Guatemala respecto a su calificación de país y justo lo que más nos limita para alcanzar el grado de inversión, es precisamente nuestra mala infraestructura (que en el caso de las carreteras estamos en las últimas posiciones de todo el mundo, 114 de 116 países evaluados por el Foro Económico Mundial).
Reforma a la ley de APP es urgente para generar más empleos.
La ley es innovadora porque ayudará a los alcaldes a facilitar las alianzas público-privadas a nivel municipal, lo cual va a descentralizar el desarrollo y mejorar las condiciones del Área Metropolitana y las diferentes ciudades intermedias, apostando por una movilidad más sostenible e inversiones estratégicas en agua, saneamiento y drenajes, aspectos fundamentales en estos momentos de gran urbanización.
La ley tiene tres grandes mejoras que vale la pena destacar, además de muchas otras que ayudan a fortalecer la capacidad institucional del Estado para acelerar la formación bruta de capital fijo. Entre las más importantes vale la pena mencionar que se clarifica la forma en que los proyectos deben ser aprobados, eliminando la burocracia y la lentitud que ha hecho que solo tengamos una APP en el país en construcción desde que se aprobó la ley en el 2010. Además, se mejora la capacidad de contar con propuestas no solicitadas, algo que va a aumentar el flujo de recursos necesarios para estudios de preinversión, que muchas veces es el gran cuello de botella de por qué no hay proyectos en el país.
La ley reduce la necesidad de deuda pública o de impuestos, al permitir usar recursos privados para construir infraestructura nacional, permite construir mejor infraestructura, al atraer talento para construir y operar los proyectos y genera claridad del logro de los objetivos, al ser una modalidad donde estos están claros y existen multas contractuales si hay retrasos en la obra, sobrecostos, o si la infraestructura no funciona como se esperaba.
El momento de dejar las diferencias y poner al país de primero es ahora, con esta iniciativa el Congreso estará sentando las bases para comenzar a mostrar que sus acciones hablan tan fuerte que no nos dejan oír lo que dicen.