Uno de los pilares para lograr el desarrollo económico, es la existencia de un Estado de derecho, sólido y fuerte, en donde las instituciones sean funcionales y garanticen el pleno goce de derechos, tanto para las personas individuales como jurídicas.
El pleno goce de los derechos permitirá a cada individuo tener mejores opciones de ser productivo (claro, no dejando de lado las cuestiones relativas a capacitación y al capital humano, que es otro de los ingredientes fundamentales del crecimiento y desarrollo económico). Tanto así, que con la existencia del Estado de derecho, tiene garantía de que su propiedad y el fruto de su trabajo estarán resguardados, pudiendo enfocar sus energías en ser productivo.
Según Haro Reyes (2008) el Estado de derecho se define como “aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre”. En otras palabras, un Estado en donde las reglas del juego están bien claras y definidas, donde se respeta la integridad humana en todas sus dimensiones, y existe certeza de castigo para quien transgreda dichas reglas establecidas.
Desde otra perspectiva, las Naciones Unidas ven al Estado de derecho como un instrumento para “crear un entorno propicio para la generación de medios de vida sostenibles y la erradicación de la pobreza”. Este enfoque de Naciones Unidas, da importancia al hecho de que el Estado de derecho permite tener voz a las personas, “asegurando las debidas garantías procesales y estableciendo recursos en caso de violación de los derechos”. De esa forma, toda persona, sin importar a que quintil económico pertenezca, podrá tener a su alcance los medios para defenderse ante posibles violaciones de sus derechos. El Estado de derecho debe contribuir a eso, a la protección de los diferentes derechos humanos: derechos económicos, sociales y culturales.
Lamentablemente, en Guatemala se han dado situaciones que debilitan el Estado de derecho. Tal es el caso de los tristes cambios al Código Penal que la mayoría de diputados del Congreso de la República pretendía realizar (vulnerando en lo absoluta la seguridad ciudadana); la negativa del mismo Congreso a realizar cambios en la Ley de Partidos Políticos, y la consiguiente reforma que busca garantizar un financiamiento electoral transparente.
Además, parte de un Estado de Derecho, es la necesidad de contar con Cortes que agilicen procesos y no vulneren ningún derecho. Tal es el caso de la resolución de la Corte de Constitucionalidad relativa a la mina San Rafael, que ha generado una serie de debates y tensión entre los diferentes grupos involucrados, así como la consiguiente incertidumbre. Y también pueden venir a colación las estadísticas de privados de libertad. Más de la mitad aún guardan prisión preventiva (lo cual indica que los procesos judiciales son muy lentos).
Todas estas señales de que si no se siguen reglas del juego claras y legitimas, y la existencia de procesos tardados y faltos de dinámica, harán que entes económicos pospongan o cambien sus decisiones de inversión dentro de Guatemala, la cual esta ávida de nuevas fuentes de inversión y producción.
