Desorden público y reivindicación de derechos ante la ausencia de una efectiva gobernanza

Mario Mérida. Escritor, comunicador y docente universitario

El pasado lunes (25) y martes (26) del mes en curso de las 06:00 a la 17:00, la dirección del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), decidió expresar su desacuerdo con la dirección del Estado por medio del bloqueo de la red vial que conecta a la ciudad capital con los departamentos de la república. Estas acciones fueron rechazadas por las personas que vieron estropeados su desplazamiento hacia la ciudad y en consecuencia, la perdida de recursos financieros y el entorpecimiento de trámites burocráticos, que solamente pueden realizar en la capital.

También se pronunciaron los empresarios y comerciantes, quienes además de las pérdidas ocasionadas por el atraso, tampoco contaron con los trabajadores de tiempo completo. La Cámara de Comercio difundió un comunicado exigiendo al gobierno tomar “las acciones al respecto”, que entiendo eran asegurar la libre locomoción garantizada en la Constitución Política de la República de Guatemala: “Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley”, advirtiendo que: “La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición” (ARTICULO 26).

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Para fines del presente articulo transcribo los párrafos primero y tercero del comunicado de la Cámara de Comercio: 1. “Reiteradamente grupos que actúan al margen de la ley, de manera abusiva vuelven a bloquear importantes carreteras, áreas urbanas y puntos estratégico del país, trasgrediendo las fundamentales garantías constitucionales de los que habitamos en Guatemala” y4. “Es urgente que las fuerzas de seguridad del Estado dejen la actitud pasiva, procedan de inmediato a liberar los puntos bloqueados y capturen y sometan a los tribunales de  justicia a quienes lideran y participan en estos hechos”

La Cámara de Industria, hizo público el Impactode bloqueos ilegales en el sector industrial. Según loscálculos de Central American Business Intelligence (CABI): “La hora productiva del país tiene un valor de Q130 millones, es decir, son Q130 millones de pérdidas en ventas por hora, en todas las actividades productivas del país, a consecuencia de los bloqueos de carreteras”. Este dato representa el 20%.

La encuesta también permitió detectar los efectos negativos en el ámbito económico, en los siguientes aspectos:

Rezago en el transporte de personas, bienes y productos, Retraso en las entregas; menos ventas e imposibilidad para cobrar cartera; peterioro de productos; los productos de salud no llegan a su destino; gastos adicionales en logística y falta de recurso humano entre otras pérdidas.

El contexto se completa con las justificaciones expresadas por algunos miembros de CODECA, entre ellos el señor Marco Tulio Bran, que manifestó:

 “Hacemos esto para protestar y hacer resistencia al estado del país, debido al alto costo de la canasta básica, al precio de los combustibles y los actos de corrupción”, según lo publicado por diferentes medios de comunicación.

Asimismo, recalcó que era un llamado al pueblo guatemalteco. Además de cuestionar y negar la posibilidad de iniciar un diálogo en Guatemala, porque no tiene sentido, ante  la actitud del gobierno y de “los grupos que ejercen el poder”, en función de que se ha intentado “entablar mesas de diálogo para promover un cambio, pero no ha generado los resultados deseados”

Para terminar de describir la situación hay que agregar la preocupación expresada por Monseñor Ramazzini, para quien lograr estabilidad requiere: “encontrar el equilibrio entre la sociedad y las autoridades”, porque estamos en una fase arriesgada para la democracia”. Para monseñor:

“la ciudadanía está en una lucha por la sobrevivencia. Yo entiendo que primero es vivir y luego criticar y luchar, pero esto está siendo aprovechado por estos sectores, que están haciendo las cosas a su sabor y antojo y no encuentran resistencia pública. Creo que es momento de iniciar un proceso de denuncia pública, por parte de quienes queremos que las situaciones cambien”[1]

A las declaraciones de monseñor Ramazzini, se suman las del empresario y columnista Lionel Toriello, que opinó:

“Una de las formas en que el régimen ha logrado mantener el poder, es asustando a la mayoría guatemalteca que es moderada, dándole a entender que, si ellos son debilitados, grupos extremistas pueden tomar el poder. Ambos bandos justifican que nos están defendiendo del otro y es una especie de trampa de la que debemos salir. El régimen está nervioso, porque hay una pérdida de legitimidad y credibilidad”[2]

Como se observa el discurso de quienes ejecutaron los bloqueos, es confuso. Mezclan temas de justicia con canasta básica, alza de combustibles, corrupción y posicionamiento en contra de actores importantes de la administración estatal.  Las acciones de los interponentes de amparos, si bien fueron resueltos en tiempo y de acuerdo con la ley, no tuvieron los resultados esperados. Es decir, evitar los bloqueos antes de que estos fueran instalados.

Lo sucedido evidencia el escaso nivel de desarrollo de gobernanza[3] nacional, el rechazo al diálogo por la falta de credibilidad en los funcionarios y la indiferencia de las autoridades gubernamentales, hacen ineficaz las demostraciones de poder de CODECA y otras asociaciones, que solamente impactan en la libertad de locomoción, tranquilidad, convivencia pacífica, paz e indudablemente en los bolsillos de los guatemaltecos, que además rechazan estas acciones y por supuesto les negará su voto, si sus acciones de bloqueos conllevan el interés por participar en política. No obstante, deben resaltarse los llamados del obispo Ramazzini y el empresario Toriello a la reflexión y recordar que está en juego la democracia, pero, fundamentalmente, la paz. Ninguno puede ser considerado cobarde, indolente o ignorante, por actuar prudente y racionalmente para evitar males peores que los superados hace 26 años.


[1] elPeriodico. 26/04/2022

[2] elPeriodico. 26/04/2022

[3] “Práctica de relaciones políticas entre diversos actores -sociedad civil y gobierno- involucrados en el proceso dedecidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, caracterizado como un juego de poder -quizás mejor balance de poder-, en el cual competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales. La forma e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes; así como al sistema como totalidad”. María Victoria Whittingham Munévar, PhD. (2010)[3]. https://revistas.utadeo.edu.co/ Lo resaltado en negrillas es aporte del autor del artículo publicado por la revista PERSPECTIVA