Raquel Fernández, especialista en Educación del BID
En una escuela de Sacatepéquez, los padres y madres de familia hacen fila de manera ordenada para recibir su bolsa de alimentos con productos nutritivos como frijoles, arroz, plátano, huevos, remolacha, zanahoria, mango, piña, leche, y azúcar. Justo al lado de la fila, se puede ver el Mural de Transparencia y Rendición de Cuentas del centro educativo, en el que los directores reportan públicamente los gastos de la escuela, incluyendo el monto destinado a la “refacción”, la matrícula por grado e información de los docentes, además del listado de los alimentos a los cuales los estudiantes tienen acceso para ayudar a garantizar su educación.
Y es que en Guatemala, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) representa, más que una mera
provisión de alimentos, una oportunidad que abre las puertas a los estudiantes a un mejor futuro a través de la educación. Según el estudio Estado de la Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe, desarrollado de manera conjunta entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), los programas de alimentación escolar, especialmente los que se ofrecen junto con inversiones en salud y nutrición, son una herramienta para propiciar el desarrollo cognitivo de los niños, niñas y jóvenes, permitiéndoles sentar las bases para aprender más y mejor a lo largo de sus vidas. Estos programas han demostrado fomentar la asistencia, reducir la deserción escolar y aumentar las tasas de graduación (UNESCO y otros, 2019). Son también un instrumento para cerrar brechas, ya que actúan como incentivos para que familias de bajos recursos que normalmente no enviarían a sus hijos a la escuela, lo hagan, dándoles la oportunidad de convertirse en ciudadanos mejor preparados.
Para Guatemala, el PAE es una política pública imprescindible para atender los retos que enfrenta como país. En primer lugar, la situación de la desnutrición crónica es alarmante: prácticamente 5 de cada 10 niños y niñas menores de cinco años padecen de desnutrición crónica, siendo esta cifra aún mayor en la población indígena. Esta crítica situación se refleja también en los escolares: según el último Censo de Talla en Escolares del 2015, el 37.6% tiene retardo en el crecimiento, con una prevalencia del 41.7% en áreas rurales frente a un 20.9% en zonas urbanas. Desde el lado educativo, sabemos también que las tareas pendientes son cuantiosas. A modo de ejemplo, las tasas de cobertura están lejos de launiversalidad en los niveles de preprimaria (65%), básico (48%) y diversificado (24%) (MINEDUC, 2023) y los aprendizajes son bajos: según los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) del 2019, un 84% de los estudiantes de sexto de primaria no tienen el nivel mínimo de competencias en lectura y 93% no lo tiene en matemáticas.
Las buenas noticias son, que a través de los años Guatemala ha sabido reconocer la importancia de la alimentación escolar para, según la Ley de Alimentación Escolar del 2017, “contribuir al crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes en edad escolar, enfocándose en el aprendizaje, el rendimiento escolar y la formación de hábitos alimenticios saludables de los estudiantes”. En ese sentido, el estudio antes mencionado destaca varios aspectos:
Guatemala es uno de los 6 países en la región que han aprobado leyes de alimentación escolar
además de Bolivia, Paraguay, Honduras, Ecuador y Panamá, garantizando así su institucionalización dentro del quehacer del Estado y sostenibilidad en el tiempo.
El PAE tiene amplia cobertura, llegando a 2.5 millones de estudiantes. Esto equivale a que casi 9
de cada 10 estudiantes (87%) son beneficiados por el programa.
A través del Decreto 12-2021, el cual reforma la Ley de Alimentación Escolar, se ha aumentado
la cobertura para estudiantes de educación inicial y del nivel medio (básico y diversificado). La
literatura indica que los primeros años de vida son particularmente importantes para el
desarrollo cognitivo de las personas y que la etapa de la adolescencia también es un período
crucial para el neurodesarrollo del cerebro, haciendo de una buena nutrición un ingrediente
esencial para estos procesos.
Además de tener el objetivo de contribuir a la reducción de la desnutrición infantil y al fomento
de la educación, el PAE tiene gran potencial para contribuir al desarrollo económico de las
familias locales a través de la agricultura familiar. La Ley, en su Artículo 15, establece que, del
total de los recursos financieros asignados a cada centro educativo debe destinarse como
mínimo el cincuenta por ciento (50%) para compras de productos que provengan de la
agricultura familiar, siempre y cuando exista la oferta necesaria en el mercado local. El PAE tiene
un modelo de entrega descentralizado a través de las Organizaciones de Padres de Familia
(OPF), motivando así el involucramiento de los padres y madres de familia en la educación de
sus hijos. El MINEDUC propone menús a las OPF que han sido previamente elaborados en
consulta con nutricionistas y representantes de las zonas urbanas y rurales, así como una lista
de proveedores acreditados de quienes pueden adquirir los alimentos a nivel local.
Sin embargo, como con cualquier política pública de gran envergadura, siempre habrá espacios para mejora. Para Guatemala, algunas áreas de oportunidad incluyen la ampliación de la cobertura de los programas de alimentación escolar; la mejora en las condiciones de infraestructura de las cocinas escolares, buscando migrar hacia un modelo de preparación de los alimentos dentro de la escuela que contribuya a la entrega directa de estos a los estudiantes; y fomentar actividades multisectoriales en las escuelas en salud y nutrición para profundizar el alcance y el impacto de las comidas escolares. Además, será necesario establecer sistemas de monitoreo más cercanos, incluyendo el acompañamiento a las OPF, para garantizar que la calidad de la comida ofrecida cumpla con los estándares nutricionales;resolver cuellos de botella existentes para que productores locales puedan convertirse en proveedores de alimentación escolar del Ministerio de Educación y tengan acceso a crédito e información; establecer
directrices para aumentar la interculturalidad del PAE, atendiendo las vulnerabilidades socioeconómicas y las especificidades culturales de los Pueblos Indígenas; y, trabajar con las universidades y otros centros de investigación para generar evidencia acerca de los impactos de diferentes tipos de alimentos, modalidad de entrega y compras locales, entre otros aspectos, en indicadores nutricionales y educativos de los estudiantes.
Seguir apostando por la alimentación escolar es el camino correcto. Los estudiantes bien alimentados pueden concentrarse y aprender en la escuela, lo que a su vez aumenta sus posibilidades de tener un futuro más próspero. Adicionalmente, sabemos que por cada US$1 invertido en programas intersectoriales, adecuadamente diseñados y que adquieren insumos locales, se genera un retorno de hasta US$9 (WFP, 2022b; Verguet y otros, 2020). Por eso, desde el BID, reconocemos y apoyamos políticas públicas, que como el PAE, contribuyen a una Guatemala sin desnutrición, con acceso equitativo a una educación de calidad, pero, sobre todo, con oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes del país pueden alcanzar su verdadero potencial y mejorar sus vidas.
Para conocer más de los programas de alimentación escolar en la región, te invitamos a descargar la nueva publicación Estado de la Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe.
