Mario Mérida. Escritor, comunicador y docente universitario
Nuestro país está próximo a cumplir treinta ocho años de celebrar elecciones generales, durante este tiempo el Tribunal Supremo Electoral ha sido administrado por siete magistraturas, cada una enfrentando desafíos diferentes y más complejos.
La actual magistratura, inició con tropiezos su gestión por las decisiones internas que asumieron, entre estas, la rotación de la presidencia; normas que vulneran la libertad de expresión; la negativa a inscribir a un par de candidatos y demasiada complacencia para la rápida inscripción de otros menos idóneos, bajo la justificación del respeto a los derechos humanos, cívicos y políticos, cerrando con la contratación de la transmisión de datos a la compañía Datasysa, cuyo costo – Q148.8 millones por el programa, más otros Q77 millones que se debe desembolsar para el equipo-, es señalado de muy alto en el mercado-.
Según la ingeniera María Carmen Aceña (Marzo/2023. República): «La solución no es la más barata. Es un programa que dará datos preliminares, no finales, y son las Juntas las que tiene que dar los datos. Hay que ver que tan grande es el soporte tecnológico que les brindarán». En este momento, es difícil inferir, si la desconfianza en la administración del proceso electoral o en los candidatos, provocará un buen porcentaje de absentismo. Abstencionismo, que automáticamente suma a la fecha 148,020 ciudadanos, cuyo DPI, no ha sido retirado en el RENAP.
El abstencionismo electoral, según ALCUBILLA, E (2000), en su libro EL RÉGIMEN ELECTORAL EN ESPAÑA: “Consiste simplemente en la no participación en el acto de votar de quienes tienen derecho a ello”. Las causas atribuidas a este son varias. En el caso de nuestro país me atrevo a creer, que en parte es consecuencia de la pérdida de credibilidad en los personajes que se postulan a cargos de elección popular, la débil estructura partidaria, que emerge únicamente en el periodo pre-electores, el cual vive intensamente y languidece setenta y dos horas después del conteo de votos y la desconfianza en la autoridad rectora del proceso electoral.
Sin embargo, existen otras razones. Por ejemplo, la limitada información, dificultad del acceso a los centros de votación, las condiciones climáticas imperantes, la falta de identidad ciudadana, cuestiones de carácter religioso o simplemente la irrelevancia que se le reconoce a las elecciones de las autoridades del país. Alcubilla, cita la propuesta académica de VILAJOSANA, J.M, que distingue otros factores, como el sociodemográfico, psicológico y políticos, que desarrollan algunas de las causas citadas en este párrafo.
Los votos, se clasifican en válidos, nulos o anulados y en blanco. Estos último representan el porcentaje de abstención y están respaldados por las boletas que no son utilizadas por los electores.
En la 2da. Vuelta del 2019 votaron 3,480,104 (8,150,221 inscritos), que emitieron 3, 290,913 votos válidos. Acreditándole al actual presidente 1,384,112 y el resto a Sandra Torres. El porcentaje de abstención fue del 57.29%. Los votos nulos sumaron 154,291 y en blanco 33,900.
De acuerdo con la ley, “Si el voto nulo obtuviere la mayoría requerida, se repetirá la elección en los casos que procediere, efectuándose un domingo del mes de octubre del mismo año (Art. 196. De la convocatoria)”. En otros de los artículos advierte que: “… el Tribunal Supremo Electoral acordará y declarará en única instancia la nulidad de las elecciones en donde corresponda y se repetirán éstas, por única vez, debiendo los partidos políticos y en su caso los comités cívicos electorales, postular candidatos a los cargos públicos correspondientes” (Art. 203 Bis.). “ … la nueva elección se llevará a cabo dentro de los sesenta días siguientes” (Art. 210). Lo anterior hubiese sucedió sí el 57.29%, hubiera acudido a anular su voto y, no simplemente manifestar su rechazo dejando en blanco la papeleta.
Finalmente, hay que recordar que el Estado pagará dos dólares norteamericanos ($ 2.00) a cada partido por voto emitido a su favor, según el Artículo 21 Bis. (TSE): “… El Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente en Quetzales de dos Dólares (US$2.00) de los Estados Unidos de América, por voto legalmente emitido a su favor, siempre que haya obtenido no menos del cinco por ciento (5%) del total de sufragios válidos, depositados en las elecciones generales…” “… Se exceptúan del requisito del cinco por ciento (5%) a los partidos que obtengan por lo menos una diputación al Congreso de la República, quienes recibirán igualmente financiamiento”.
Las pasadas elecciones (2019) generaron el pago de Q79 millones 137 mil 660 en concepto de lo que comúnmente se llama deuda política. Así, que sí desconfía del TSE y no tiene ningún candidato de su preferencia, no se quede en casa, asista a votar nulo. Esta es la mejor demostración democrática de rechazo, en vez de los bochinches que supuestamente se preparan para cuestionar los resultados.
